VIERNES 27 DE OCTUBRE DE 2000
Ť Luis Javier Garrido Ť
La resistencia
El proceso político que se ha vivido después del 2 de julio ha mostrado que el cambio debe ser impulsado desde la sociedad, y que la tarea de desmantelar las antiguas estructuras de poder y de corrupción no vendrá del nuevo gobierno ni de los partidos o de los grupos de interés, que ya buscan su reacomodo.
1. Los mexicanos lograron en las elecciones presidenciales de 2000 poner fin a 72 años de un sistema de Partido de Estado, pero las estructuras de poder autoritario, el narcosistema de poder y los intereses creados están ahí, hoy más que nunca es claro que es una responsabilidad de todos los mexicanos impulsar ese cambio al que la sociedad política se resiste.
2. El punto central para analizar la actual situación política es que no existe una fuerza política popular capaz de enfrentar las posibles políticas derechistas del nuevo gobierno y que la configuración de una alianza de facto, PRI-PRD, que en diversos planos se expresa va a enturbiar aún más la vida política y no constituirá una alternativa, sobre todo por la rápida involución por la que atravesó el PRD. De ser un partido que se proponía hacer "la revolución democrática", terminó sosteniendo la tesis panista de "la transición pactada" (y gradual) hacia otro régimen político y, lo que es más grave, que de un partido con propuestas populares terminó convirtiéndose en una fuerza funcional a los intereses del neoliberalismo.
3. Los perredistas no lograron enmascarar estas claudicaciones con su discurso de apariencia progresista, porque en los hechos resultó evidente su estrategia de no querer afectar al proyecto neoliberal. Pocos analistas se sorprendieron durante la campaña de 2000 de la manera vertiginosa en que culminaba ese proceso de derechización del partido, iniciado casi desde su constitución y al margen de sus bases, relegadas como en el PRI a convalidarlo todo.
4. La contradicción originaria del partido radicó en que pretendió hacer "una revolución democrática", pero no logró ser portador de una propuesta democrática real y ni siquiera pudo establecer mecanismos democráticos internos, lo que generó múltiples escándalos. Hacia su interior, la situación fue de enorme gravedad, pues buscó crecer de manera desmesurada, pero sin garantizar los derechos de los más de 2 millones de miembros que ha afirmado tener y, en consecuencia, no pudo establecer procesos confiables para la toma de decisiones ni logró tutelar los derechos de las corrientes internas como expresión de la pluralidad, de manera que la burocracia muy pronto suplantó al partido.
5. La lógica política del perredismo estuvo marcada por un criterio absolutista inaceptable en una sociedad democrática. El PRD asumió la tarea de controlar, subordinar y domesticar a los movimientos sociales con la pretensión de que era y es "la izquierda", aunque no tuviese propuestas muy diferentes al PRI o al PAN, y así descalificó toda expresión política situada precisamente a su izquierda caracterizando a los dirigentes de esos movimientos como ultras, "provocadores" y financiados por Bucareli.
6. La lógica de los perredistas fue la misma de los panistas: cada vez que alcanzaban una victoria local sostenían que la democracia había llegado a esa entidad porque ya no estaría gobernada por los priístas, sino por ellos. A nadie extrañó que los funcionarios perredistas de la capital afirmaran a partir de 1997 que "la transición democrática" ya se había producido en la capital, en donde, a pesar de tener casi tres años mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa, no impulsaron reformas políticas democráticas. Sostenían que en el Distrito Federal había llegado "la democracia", aun y cuando no existiesen mecanismos de participación ciudadana, no se hubiesen restablecido los municipios ni la entidad fuese plenamente autónoma como los demás estados de la República.
7. El problema fundamental del PRD ha sido la ausencia de una ética partidista, pues en un afán progmático de alcanzar el poder local y nacional, los cuadros dirigentes no sólo abandonaron los principios, sino que reprodujeron muchas prácticas y vicios del priísmo al interior y al exterior del partido: desde la manipulación de las bases hasta la compra de votos, e incluso no faltaron quienes se corrompieran abiertamente. El macrofinanciamiento público adoptado por las reformas electorales de 1996 no propició que los partidos políticos desarrollaran actividades de formación política de sus miembros o de los ciudadanos, sino que se degradara su vida interna y se abriera aún más la brecha entre dirigentes y bases, y el PRD no fue excepción.
8. El proceso electoral de 2000 dejó como saldo una pérdida de credibilidad del PRD y de buena parte de sus dirigentes altos y medios, y el caso del incendio de la discoteca Lobohombo (20 de octubre) confirma la percepción de amplios sectores sociales. El centro nocturno siniestrado, cuyos propietarios aparecen vinculados a los intereses del narcotráfico, funcionaba sin respetar las normas mínimas de seguridad, en un horario irregular y sin amparo alguno, como se pretendió hacer creer; y, sin embargo, las autoridades del gobierno capitalino no procedieron a clausurarlo por un evidente tráfico de influencias al más puro estilo priísta: brindar protección a cambio de un respaldo político-electoral.
9. Los acuerdos cupulares ya no pueden impedir que el cambio venga desde abajo, y que la disputa por el país esté hoy también en las comunidades; que se dé lo mismo en las aldeas indígenas que en los talleres de Excélsior o entre las bases de la CTM, en donde un sector anunció ya el fin de su "alianza histórica" con el PRI (26 de octubre).
10. Los arreglos de los grupos dominantes ya no coinciden con los intereses de la sociedad y el nuevo gobierno y las fuerzas políticas tradicionales deben entenderlo.