VIERNES 27 DE OCTUBRE DE 2000
Ť Hallan en el lugar casquillos de diversos calibres
Grupo paramilitar, el agresor de campesinos en municipio de Chiapas
Ť El caso, turnado a la unidad especializada de la PGR
Ť Detenidas, 18 personas relacionadas con la emboscada
Angeles Mariscal, corresponsal, Tuxtla Gutiérrez, Chis., 26 de octubre Ť Un presunto grupo paramilitar fue el agresor de los campesinos de la Casa del Pueblo, del municipio Venustiano Carranza, en donde uno resultara muerto y dos más heridos; por ello la investigación del caso fue turnada a la Unidad Especializada para la Atención de los Delitos Cometidos por Probables Grupos de Civiles Armados, informó la Procuraduría de Justicia del Estado.
La dependencia señaló que en el lugar de la agresión fueron localizados casquillos de diversos calibres, tanto de armas de caza como de AK-47. Cientos de policías y militares se encuentran en el lugar para resguardar la zona y evitar que los agredidos tomaran justicia por propia mano.
El mismo día de la emboscada, policías estatales detuvieron a 24 presuntos agresores que se encontraban en el lugar de los hechos, es decir, el predio Paraíso, que se disputan comuneros de la Casa del Pueblo y campesinos priístas presuntos integrantes del grupo paramilitar denominado Alianza San Bartolomé de los Llanos.
A 18 de estas personas se les comprobó técnicamente que hicieron disparos, por lo en las próximas horas serán consignadas por el delito de homicidio, lesiones y portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército y la Fuerza Aérea, dio a conocer la Procuraduría.
Debido a estas evidencias y a los señalamientos de los comuneros que acusan a los agresores de integrar un grupo paramilitar, la Procuraduría local turnó las investigaciones a la unidad especializada para grupos armados, dependiente de la PGR.
Testimonios de los agredidos -quienes este día efectuaron una marcha y sepultaron a su compañero muerto- indican que los integrantes de la Alianza San Bartolomé de los Llanos se encuentran fuertemente armados, con equipo que les han proporcionado diputados federales y autoridades municipales.
Su objetivo, acusan, es neutralizar su movimiento que desde la década de los 70 inició para recuperar miles de hectáreas de tierra que estaban en poder de latifundistas que aún viven en la región y ocupan importantes puestos políticos en la entidad.