El griterío emitido ayer en la residencia oficial de Los Pinos por integrantes de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), en demanda de la entrega del llamado bono sexenal, así como la amenaza de tales asalariados de llevar a cabo un paro nacional de labores si no se les concede dicho estipendio, constituyen uno más de los signos de los tiempos en la actual transición. La docilidad tradicional de esa central sindical ante las autoridades públicas y el cuidado de las formas en la sede del poder presidencial parecen tan difíciles de recuperar como el mencionado bono, y el asunto refleja, en su ambigüedad, las incertidumbres del primer relevo en el Ejecutivo federal, que no tendrá como protagonistas a dos miembros del Revolucionario Institucional. 

Sin duda, la postura del presidente Ernesto Zedillo de no otorgar el bono tiene un sustento legal incuestionable en el Presupuesto de Egresos para este año, aprobado por el Legislativo. De hecho, en el acto realizado en Los Pinos, el titular del Ejecutivo remitió a los peticionarios a la letra del correspondiente decreto aprobatorio. Pero no por ello la FSTSE carece de razones: la percepción extra que en los fines de sexenio ha venido otorgándose a los burócratas podría considerarse un derecho laboral adquirido --y, en consecuencia, irrenunciable-- por su simple práctica consuetudinaria. 

En vísperas del estreno de la alternancia, y cuando resultan particularmente agudos los temores a quedar sin trabajo --justificados o no-- de muchos empleados públicos, es lógico que éstos otorguen al bono sexenal cierto carácter de liquidación o compensación. Pero la pérdida del control de la Cámara de Diputados por parte del partido del Presidente, misma que prefiguró la derrota tricolor en las elecciones presidenciales de este año, hizo posible la supresión de un emolumento que, derecho laboral o no, era botón de muestra del sentido patrimonialista, discrecional e imperial con que se ejerció, por décadas, la titularidad del Ejecutivo. 

Asimismo, el conflicto en torno al bono sexenal es un ejemplo de los múltiples puntos problemáticos insospechados que surgen en el marco de la actual sucesión presidencial. Se requiere de mucha sensibilidad e imaginación política, tanto de la administración saliente como de la entrante, para que las zonas inciertas e imprevistas del cambio de gobierno no desemboquen en factores de desestabilización.