JUEVES 26 DE OCTUBRE DE 2000

Ť Combate al minifundio y fortalecimiento de la IP en el agro, entre los objetivos

Desaparecerá la SRA en tres años, según el equipo foxista

Ť Buscarán minimizar los costos políticos de la medida Ť La harán ver como disposición para atender a los más pobres Ť Crearán mercado de tierras con las parcelas de 3 millones de campesinos

Angélica Enciso L. Ť La Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) desaparecerá a más tardar en tres años. El equipo de transición de Vicente Fox tiene proyectado minimizar los costos políticos de la medida, diluir la controversia de su liquidación y evitar la confrontación política con el PRI y el PRD -partidos en los que militan organizaciones campesinas. Sobre todo, este periodo será aprovechado para impulsar un mercado de tierras con la superficie ejidal y comunal actualmente en el poder de 3 millones de campesinos que se dedican básicamente al autoconsumo, con lo que se "combatirá el minifundio" y se impulsará la participación del sector privado.

En el documento de propuestas finales Ordenamiento y seguridad jurídica del patrimonio rural se analizan los efectos que en este momento tendría desaparecer la SRA: "enérgicas protestas de organizaciones campesinas y de los grupos parlamentarios de PRD y PRI, que se traducirían en el bloqueo a las reformas legales necesarias". Además, los líderes campesinos se resistirán al cambio, sobre todo porque hay demandas no resueltas y porque "consideran a la SRA como el espacio tradicional de gestión, que los legitima frente a sus agremiados".

Lo que actualmente se ve, indica el texto, es que la asociación entre ejidatarios y el sector privado es muy lenta, y aunque la legislación agraria permite la compactación de minifundios a través de la asociación, no hay programas de apoyo para ello.

Se argumentará ampliación de servicios

Frente a los actores políticos se argumentará que "el gobierno no desaparece la dependencia, sino que amplía los servicios". De esta forma, "lo que podría ser una controversia política para el nuevo gobierno, se convierte en una acción que manifiesta disposición a atender las necesidades de los grupos más vulnerables del país".

El equipo foxista considera innecesario entrar en este momento a un debate político por la desaparición de la SRA, ya que el ahorro económico es "básicamente nulo" y no es un tema estratégico. Si la decisión se toma en un año, habría avances en actividades transitorias, pero existe incertidumbre de cumplir con la conclusión de sus actividades, aun con la dotación de recursos extraordinarios. El escenario adecuado es en tres años, "se anunciaría como una decisión necesaria para propiciar las condiciones que permitan ejercer una nueva política de desarrollo rural integral". La propuesta incluye el cambio de nombre a secretaría del patrimonio, financiamiento y capitalización de las actividades productivas.

Estas conclusiones parten de que en este momento, la SRA tiene atribuciones "muy disminuidas" al haber terminado con el reparto agrario, pero con una "carga histórica de trabajo generada por la interposición de juicios de amparo, en la mayoría de los casos, y por presiones político-sociales" y porque el desempeño de los tribunales agrarios está cuestionado por el rezago acumulado.

Sumado a ello, el conocimiento de los campesinos sobre el marco legal es limitado, lo que se distorsiona para servir intereses particulares; no hay apoyo a la compactación de minifundios y "el corporativismo y centralismo de las viejas organizaciones campesinas ha obstaculizado los esfuerzos por construir grupos locales o regionales".

Proyectos foxistas

De acuerdo con indicadores del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, el equipo foxista pretende desarrollar los mercados de tierra para que en el 2006 estén plenamente consolidados. Esto se hará con financiamiento del fondo para el ordenamiento de la propiedad rural.

Uno de los propósitos básicos de este programa es "combatir el minifundio", a través de la compactación de unidades productivas en tierras ejidales, comunales y de propiedad privada. Alrededor de 3 millones de campesinos poseen sólo cinco o menos hectáreas, lo cual es un factor de baja productividad agropecuaria y de obtención de ingresos insuficientes para subsistir, se señala en el documento.

En su argumentación contra el minifundio, indica que éste no permite realizar "economías de escala", por lo que frena el desarrollo de la actividad agropecuaria, y resalta que la compactación de tierras es el mecanismo para incrementar la producción.

"En atención a la grave problemática que representa el minifundio, se considera de sustancial importancia crear un mercado campesino de tierras mediante el otorgamiento de créditos para la compactación de parcelas, recuperación de las que estén arrendadas y la enajenación de derechos".

También buscan impulsar las inmobiliarias ejidales, ya que cada año se requieren 30 mil hectáreas para desarrollo urbano; de ellas, 70 por ciento son de origen ejidal y comunal. Alrededor de 840 ejidos y comunidades se "beneficiarían" al aportar superficie para el desarrollo de viviendas en 116 ciudades, las cuatro zonas metropolitanas y 85 centros urbanos. Esto se hará con la creación de una bolsa de suelo social en la que participen núcleos agrarios y municipios.

La idea es que en los tres próximos años concluyan las acciones agrarias pendientes, se organice la propiedad y se optimice el sector encargado de brindar seguridad jurídica sobre la propiedad. Asimismo, habrá seguimiento a juicios y cumplimiento de las sentencias ejecutorias correspondientes, para evitar que las resoluciones agrarias se modifiquen o que las obligaciones del Estado se incrementen por la vía de resoluciones jurisdiccionales.

Se considera indispensable apoyar la regularización de la pequeña propiedad rural para dotar de certeza jurídica a los propietarios; impulsar la titulación, ya que existen 73 millones de hectáreas bajo este rubro, de las cuales 30 por ciento son irregulares, y fortalecer la Procuraduría Agraria para que retome su misión constitucional como ombudsman del sector.

El documento destaca que para 2025 se incorporará plenamente el patrimonio inmobiliario rural a la economía nacional para que genere capital y crecimiento económico.