JUEVES 26 DE OCTUBRE DE 2000
Ť Aclaración del Congreso local a mujeres
Piden certificado de ingravidez para asegurar la atención del parto
Ť Así lo estipula la ley del ISSEMYM: subdirectora de Personal
María del Socorro Castañeda, corresponsal, Toluca, Méx., 25 de octubre Ť La petición que el área administrativa hace a las mujeres que pretenden ingresar como trabajadoras a la 54 Legislatura local referente a la presentación de un certificado de no gravidez se basa en la ley del Instituto de Seguridad Social para el Estado de México y Municipios (ISSEMYM) que en su artículo 52 señala que para tener derecho a atención durante el embarazo los burócratas deben tener derechos vigentes en ese instituto seis meses antes del parto, informó la subdirectora de Desarrollo de Personal del Congreso mexiquense Silvia Sepúlveda Venegas.
La funcionaria dijo que, de acuerdo con la legislación vigente en materia de seguridad social para las trabajadoras del Poder Legislativo, éstas tienen derecho a asistencia médica, ayuda en especie para la lactancia y una canastilla de maternidad, pero estos beneficios son condicionadas a que las trabajadoras hayan cotizado en el ISSEMYM seis meses antes del parto, pues en caso contrario, aunque se pueden atender en las clínicas de dicha institución, deben pagar por el servicio, por lo cual es preferible advertirles antes de contratarlas si se encuentran embarazadas.
La responsabilidad de una especie de discriminación hacia la mujer recae en quienes promulgaron la mencionada ley, por lo que recomendó a los nuevos legisladores trabajen en la modificación de dicho artículo.
Por su parte, el director de Desarrollo y Administración de Personal del gobierno del Estado de México Marco Antonio Abaid Kado afirmó que el poder Ejecutivo estatal "de ninguna manera" pretende incurrir en prácticas que violenten la ley y que solicitar la prueba de que las mujeres que pretenden trabajar en el gobierno mexiquense no están embarazadas no sólo es "ilegal", sino un atentado contra los derechos humanos.
Dijo que de inmediato girará instrucciones a todas las áreas de recursos humanos del gobierno estatal con el fin de que cancelen de los requisitos de ingreso la presentación del certificado de ingravidez.
Apuntó que en caso de que alguna trabajadora tenga que presentar la mencionada prueba y que esto sea una condicionante para su contratación y/o su pago, deberá denunciarlo ante la Junta de Conciliación y Arbitraje e incluso ante la Comisión de Derechos Humanos de la entidad, porque se trata de un "claro atentado" contra sus derechos elementales de igualdad.