MIERCOLES 25 DE OCTUBRE DE 2000
Ť El fuego habría comenzado en el mezzanine, según un peritaje
Lo peor de la tragedia, en la zona de pista
Ť Descartan explosión como causa del siniestro Ť Sobrecalentamiento de conductores, la hipótesis Ť A mil grados centígrados ardió el Lobohombo Ť Recorrido de La Jornada por el lugar
Elia Baltazar Ť A mil grados centígrados ardió la fiesta en Lobohombo la madrugada del pasado viernes, según dicta el peritaje oficial. El calor fue tal que hasta el tiempo se fundió en las manecillas de los relojes hallados. Porque de la tragedia no sólo cenizas quedan, pues aún se encuentran entre los escombros jirones de tela, una blusa entera en su costura, vasos que resistieron el brindis de las llamas, bolsas de mujer, algunas sillas y mesas sobrevivientes del fuego. De todo ello echan mano las autoridades para devolver la identidad a los nueve cuerpos aún sin identificar
La causa de la tragedia en Lobohombo ya tiene una hipótesis: el sobrecalentamiento de los conductores originó la chispa que devino fuego propagado en un escenario disfrazado de selva de poliuretano. Unos cuantos minutos tuvieron los sobrevivientes para enfilar hacia la única puerta de escape, sólo después de librar el puente movedizo que cruzaba el riachuelo artificial. Otros más debieron descubrir a destiempo que una de las salidas de emergencia no sólo estaba con cerrojo, sino atada por dentro con un trozo de tela y bloqueada por dentro con sillas y mesas. Allí permanecen, victoriosas, sobre las huellas de la desesperación.
El fuego, que fundió vigas y derrumbó el techo, no alcanzó empero lo que pudiera ser el origen del siniestro: en el cuarto que albergaba el cerebro electrónico del lugar, no hay ni señales de humo en sus paredes. Quedan a la vista, en cambio, las tripas de improvisadas conexiones eléctricas, apenas unidas con cintas de aislar. Al menos 30 switches aún identifican sus funciones en trocitos de masking tape: luz de pista, aire acondicionado, efectos en zonas de mesa, sonidos, efectos. La magia de luces vuelta siniestro.
Casi nada quedó a salvo del derrumbe, si acaso la zona del transformador y la cocina, donde los empleados tuvieron como último menú del día sopa de verduras, arroz rojo, almendrado de res, rollo empanizado con ensalada y frijoles. Todo por 25 pesos, según se muestra en el pizarrón de fondo, que también anuncia los precios de los platillos especiales: carnes y pechugas en cualquiera de sus presentaciones, 35 pesos.
Son las evidencias que mandan por tierra la teoría de una explosión, pues hasta el tanque de gas ubicado en la parte superior se recuperó completo. No obstante habrá más que investigar, ya que hubo testigos que escucharon al menos cuatro estallidos.
Lo peor de la tragedia se descubre en la zona de pista, comprimida por las vigas del techo, cercadas por los escombros de mesas y sillas sobre las cuales se extiende el cadáver de lo que un día fueron palmeras borrachas de neón.
Frente a los escombros de la pista, uno se pregunta: Ƒcómo habrán soportado maderas sin fondo fijo ni cimientos el peso de los ritmos tropicosos que alguna vez despidieron en el lugar Oscar D'León o Gloria Estefan, por sólo mencionar dos de los distinguidos invitados cuyo precio alcanzaron los dueños de este antro? Las dudas surgen sólo de mirar el fondo de un pozo que se abre por las heridas de una pista insegura ahora al más leve paso.
Si hubo mezzanine o segundo piso, como quiera, ni rastro quedó de él. Pues fue precisamente en esa zona donde, dicen, se inició el siniestro. No alcanza la imaginación para reconstruir la huida. Pues aun ahora, ya apuntalados los restos de vigas, dudan los pies en avanzar. ƑCómo hicieron para salir de allí quienes lo lograron?
En la zona del bar una botella de licor venció el calor, el resto permanecen agolpadas en una pared, fundidas todas.
De las pertenencias recién halladas habrá de descubrirse la identidad de sus dueños, cuyos familiares aún peregrinan por los patios del Semefo, donde ayer fueron identificadas otras cinco personas.
De todo se ha valido la Dirección General de Servicios Periciales que encabeza Pedro Estrada, para identificar los cuerpos que aún permanecen como desconocidos. Por eso han tomado muestras de sangre a poco menos de 50 personas agrupadas en 18 tipos de sangre.
Y si aún hay desaparecidos, en otro lugar hay que buscarlos, porque las evidencias recabadas por los peritos de la procuraduría capitalina ya no encontraron más restos humanos. Pero el resultado de la indagatoria, así como los delitos que deberán perseguirse se darán a conocer hasta el próximo fin de semana.
Ť Pide el funcionario revisar este tipo de decisiones
Con ligereza otorgan jueces las suspensiones provisionales: Godoy
Bertha Teresa Ramírez Ť Un mal manejo de los términos "amparo" y "suspensión provisional" ha provocado una confusión que desvía la atención del problema fundamental en el caso Lobohombo, que es el hecho de que jueces de distrito conceden a este tipo de establecimientos suspensiones provisionales sin que se tome en cuenta a la autoridad administrativa, como lo señala la Ley de Amparo, en virtud de que existe un interés público y de la sociedad que debe prevalecer en estos casos, aseveró el secretario general de Gobierno del Distrito Federal, Leonel Godoy.
Interrogado acerca de las opiniones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con respecto a que las autoridades de la delegación Cuauhtémoc estuvieron siempre en posibilidad de clausurar las instalaciones de la discoteca Lobohombo, el funcionario respondió: "nosotros nunca dijimos que se había concedido algún amparo, lo que nosotros dijimos y seguimos señalando es que jueces de distrito conceden suspensiones provisionales sin tomar en cuenta a la autoridad administrativa".
El funcionario aclaró que hablar de amparos, cuando ese no es el problema, es "una forma de evadir los verdaderos planteamientos que nosotros estamos haciendo con relación a las suspensiones provisionales".
También dijimos que las suspensiones fueron concedidas después de que, a partir de mayo, se hicieron algunas clausuras, esto quiere decir que "mientras en un juzgado se suspendían en otros se levantaban". Ante ello, lo que se quiere advertir es que "son estas decisiones de los jueces las que se tienen que revisar porque en muchos casos estas suspensiones provisionales se conceden con ligereza y en otros casos sospechosamente".
--Fue Dolores Padierna la que insistió en que eran amparos y no suspensiones --se le indicó.
--Bueno, no lo dudo, ella es economista, pero ya hablando entre abogados, los de la Corte y los de la Judicatura son abogados, y yo soy abogado, y les digo que una cosa es el amparo y otra la suspensión provisional.
La jefa delegacional dice que estaban en condiciones de clausurar la discoteca Lobohombo desde agosto, se le inquirió al funcionario, quien señaló que la última suspensión fue concedida por el juez cuarto de distrito; sin embargo, "la delegación tenía y tiene todavía pendiente uno en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo".
Cuestionado sobre qué va a pasar con este juicio que está pendiente, respondió: "hasta donde tenemos entendido, el juicio que se lleva en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo ya concluyó, pero esa instancia no ha dictado la resolución que se debe emitir en estos casos, cuando se le venció el plazo a los promoventes para que realicen algún recurso de impugnación, lo que hace necesario que el tribunal declare que ya "causó estado" esa resolución y por lo tanto puede actuar la autoridad administrativa".
Ť Jorge Legorreta: violaron sellos de clausura en seis ocasiones
En la PGJDF, averiguación contra dueños del Lobohombo
Bertha Teresa Ramírez Ť El ex delegado en Cuauhtémoc, Jorge Legorreta Gutiérrez, dijo que existe una investigación abierta contra los dueños del establecimiento Lobohombo en la PGJDF, pues desde 1999 se presentaron las denuncias correspondientes por las violaciones que se hicieron a los sellos de clausura en seis ocasiones en esa discoteca.
Dijo que los dueños del Lobohombo sabían que su giro estaba funcionando con irregularidades "porque rebasaron el horario de dos de la mañana y aunque ellos dicen que tienen un documento que les permitía operar hasta las cinco de las mañana, es falso que mi administración haya dado ese permiso. No se autorizó ningún horario más allá de lo que dice la licencia y por tanto el giro está clausurado, pese a ello siguieron operando y violando la superficie permitida para tener un restaurante bar con pista de baile de mil metros cuadrados".
El ex delegado agregó que el Lobohombo tiene una licencia que le fue otorgada desde 1995, año a partir del cual funcionó como una discoteca llamada Omega. Indicó que esta licencia tuvo un traspaso durante su administración que se hizo a nombre del señor Alejandro Iglesias Rebollo, el 15 de mayo de 1998.
Explicó que la primera licencia tenía la denominación "Cuamo, con número 5004" y el traspaso a nombre del señor Alejandro Iglesias Rebollo, que se otorgó el 15 de mayo de 1998, se hizo con el número Cuamo 5500 como restaurante-bar con pista de baile y con horario hasta las dos de la mañana.
En ese sentido, señaló, los propietarios del Lobohombo "tienen en orden las licencias y sus revalidaciones correspondientes". No obstante, señaló que el problema "no es si tienen una licencia de funcionamiento en regla o no, por supuesto que la tienen, nosotros dimos el traspaso, lo firmamos el subdelegado jurídico, Francisco Saucedo, y yo, es una licencia que cumplió con todos los requisitos legales".
El problema, agregó, lo constituyen la serie de violaciones en las que incurrieron a partir de que contaron con los permisos de operación. El ex funcionario relató que una vez que obtuvieron las licencias correspondientes es a fines de 1999, "cuando de manera absolutamente ilegal, sin contar con ninguna licencia de construcción, los dueños de ese negocio remendaron el interior del predio y construyeron una gigantesca fachada de lobos y tigres de fibra de plástico sin ninguna autorización.
Producto de esta violación, el 16 de noviembre de 1999, la delegación realizó la primera clausura a ese establecimiento por obras; sin embargo, los sellos fueron violados por los propietarios para seguir construyendo de manera ilegal. Indicó que debido a ese hecho la delegación presentó una denuncia por el delito de rompimiento de sellos, con el número 07-03714-99-12 averiguación previa que está pendiente y está en manos de la PGJDF.
Agregó que esta violación llevó a las autoridades delegacionales a realizar una segunda reposición de sellos, el 8 de diciembre, sellos que volvieron a ser violados por los propietarios.
Producto de amparos que se consiguieron entre los primeros meses del año 2000, "nosotros pudimos litigar en cada uno de los juzgados y poder realizar hasta el 17 de marzo una tercera clausura". Estos sellos se volvieron a violar y fue hasta el 4 de mayo, por un conato de incendio, que se hace una cuarta clausura que se le conoce como suspensión de actividades como medida precautoria, y que realizó Protección Civil, sellos que son por cuarta vez violados.
Ť Emilio Serrano, legislador integrante de la Comisión de Seguridad
Ex funcionario, el representante legal de Iglesias
Ť González de la Vega fue subdirector de Verificación y Reglamentación en la gestión de Espinosa
Raúl Llanos y Gabriela Romero Ť En la ciudad de México opera una red de abogados que a la sombra de grupos de interés, grupos delictivos, han logrado ganancias millonarias defendiendo a dueños de giros negros, defraudadores, falsificadores y gente acusada de delitos de cuello blanco, afirmó el diputado local Emilio Serrano, integrante de la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa.
En entrevista, el legislador perredista dijo que incluso hay casos en que esos despachos de abogados están integrados por ex funcionarios, como Eduardo González de la Vega, representante legal de Ricardo Iglesias Rebollo, propietario de la discoteca Lobohombo, y que durante la administración de Oscar Espinosa Villarreal fue subdirector de Verificación y Reglamentación siendo delegado Jesús Dávila Narro, a la postre consignado penalmente por actos de corrupción.
"Son este tipo de abogados los que, sin escrúpulos, defienden a criminales, a envenenadores de jóvenes, a aquellos que en los giros negros adulteran bebidas alcohólicas, ponen éter en los hielos, incurren en la trata de blancas y prostitución infantil. Sus despachos, agregó, se han especializado en tramitar amparos contra la clausura de esos establecimientos, ya saben a qué jueces recurrir, cuánto pagarles por ese trámite, a cambio de los cual reciben ganancias millonarias. Luego, con ese mismo dinero, compran las decisiones de los jueces".
Frente a esa situación se manifestó a favor de que el Congreso de la Unión tome cartas en el asunto, legisle en la materia y de esta manera se pueda quitar la cédula profesional a aquellos abogados que promueven la impunidad, "porque lo único que hacen es defender a la escoria de la sociedad".
Emilio Serrano consideró que otra forma de actuar de esos despachos que defienden la impunidad es protegiendo a defraudadores o delincuentes de cuello blanco, y citó los casos de abogados que militan en el Partido Acción Nacional, específicamente Fernando Gómez Mont y Fauzi Hamdan.
También están esos seudorepresentantes de la legalidad que protegen en los tribunales a los narcotraficantes o secuestradores como Daniel Arizmendi, El Mochaorejas, y que por desgracia en muchos casos utilizan grandes cantidades de dinero para pervertir la administración de la justicia y lograr que los acusados de afectar o de dañar los valores e intereses de la sociedad queden en libertad.
Requerimos terminar con esa idea de que la única ley es la del dinero y la impunidad, pidió Serrano, y urgió a los sectores que tienen responsabilidad en este problema social a coadyuvar para terminar con esa intrincada red de intereses, de despachos que lo mismo compran la voluntad de jueces, policías judiciales, autoridades administrativas y hasta diputados, pues es en estos últimos en quienes recae la obligación de hacer modificaciones legales para frenar esa situación.
Ť Interpondrá Acción Nacional denuncia por difamación contra Padierna
Piden en ALDF indagar a fondo el caso Lobohombo
Raúl Llanos, Gabriela Romero, Bertha Teresa Ramírez y Ciro Pérez Silva Ť Durante la sesión ordinaria de ayer en la Asamblea Legislativa se discutió el caso Lobohombo. Los partidos coincidieron en que se aclare a fondo este asunto, pero cuando el PRD propuso formalmente ante el pleno la comparecencia de la jefa delegacional en Cuauhtémoc, Dolores Padierna, las fracciones del PAN, PRI y PVEM rechazaron tal situación, con el argumento de que sólo acudiría a "lucirse".
Por la mañana, los coordinadores de los grupos parlamentarios decidieron presentar en tribuna sus posicionamientos con respecto al siniestro, pero había el compromiso de no plantear ningún punto de acuerdo o comparecencia de servidores públicos. Ya por la noche, los representante de cada bancada expusieron su punto de acuerdo con respecto al citado caso.
En sus intervenciones cada fracción coincidió con sus matices en la necesidad de modificar leyes. Pero fundamentalmente exigieron la aplicación del estado de derecho contra los giros negros.
En su oportunidad, Alejandro Sánchez Camacho, del PRD, subió a la tribuna para demostrar que no escondía nada y no protegían nadie, y que por ello proponía un punto de acuerdo para que Dolores Padierna compareciera el jueves 26 ante el pleno de la ALDF. Las impugnaciones no se hicieron esperar.
Por una parte, panistas y priístas votaron en contra de que el asunto se considerara de urgente y obvia resolución, como pedían los de sol azteca, mientras que por la otra algunos integrantes del mismo PRD reprobaron el planteamiento del vocero de su fracción. Finalmente, el punto de acuerdo se desechó del pleno y se remitió a comisiones.
Burda excusa de Legorreta: Garduño
Por otra parte, la fracción del Partido Acción Nacional en la Asamblea Legislativa interpondrá una denuncia por difamación en contra de la jefa delegacional en Cuauhtémoc, Dolores Padierna, ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y se le exigirá a esta dependencia que realice una investigación a fondo sobre la legalidad del permiso otorgado a la discoteca Lobohombo.
En caso de que la procuraduría encuentre elementos suficientes, se le podrían fincar responsabilidades a Jorge Legorreta, ex titular de la delegación Cuauhtémoc, adelantó el diputado Federico Doring, postura que secundó la coordinadora de la fracción blanquiazul, Patricia Garduño, quien agregó que el estado de derecho no puede estar sujeto a los cambios políticos y que la excusa que ofrece Legorreta en el sentido de que no se hizo nada por la proximidad en el cambio de titular, le parece burda.
Por otra parte, Doring indicó que su partido analiza la posibilidad de presentar una queja ante el Instituto Electoral del Distrito Federal para que se investigue si Dolores Padierna recibió el apoyo de los dueños de giros negros, en qué consistió éste y si el pago de los camiones en los que se trasladó a los trabajadores del centro nocturno corrió a cargo de Iglesias, ya que de confirmarse esto, la actual jefa delegacional habría incurrido en un delito electoral.
Modificar Ley de Amparo: Luege
En otra parte, al fijar su posición en torno a los trágicos acontecimientos ocurridos en la discoteca Lobohombo, el dirigente del Partido Acción Nacional capitalino, José Luis Luege Tamargo, se manifestó a favor de modificar las leyes de Amparo y de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal, con el objetivo de fijar los mecanismos que lleven a la clausura de lugares que incumplen la normatividad.
En conferencia de prensa, dijo que "evidentemente las irregularidades provienen de la administración anterior, encabezada por el ex delegado en Cuauhtémoc, Jorge Legorreta, a quien se le debe exigir que asuma su responsabilidad".
Deleite priísta en San Lázaro
Mientras tanto, en la tribuna de San Lázaro, el caso Lobohombo hizo las delicias del grupo parlamentario del PRI, cuando los diputados del PAN acusaron a los del PRD de pervertidos, enfermos sexuales y corruptos, responsabilizándolos del accidente, mientras que los diputados del sol azteca respondieron que los panistas se destacan en el papel de misóginos, moralinos y defensores de criminales, al proteger a propietarios de giros negros.
Las acusaciones mutuas se reprodujeron durante casi una hora, pasando de señalamientos sobre la conducta sexual de unos y otros, a las mafias que operan en el Distrito Federal o en los estados que gobierna el PAN. De los muertos se habló poco, sólo cuando fue necesario justificar el debate político.
Ť Propone clasificar a giros negros como establecimientos de riesgo social
Insistirá Robles ante Góngora Pimentel que la SCJN considere reformar la Ley de Amparo
Ť La jefa de Gobierno se reunirá este jueves con el presidente de la Suprema Corte de Justicia
Ť Pide negar el retiro de sellos de clausura, aunque se otorgue suspensión en actos de la autoridad
Ricardo Olayo Ť Por el impacto negativo que tienen en la comunidad los llamados giros negros, el Gobierno del Distrito Federal propuso en enero pasado al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Genaro David Góngora Pimentel, una reforma a la Ley de Amparo para negar el levantamiento de los sellos de clausura en dichos establecimientos.
La propuesta no ha sido recogida por la Corte, según la versión del documento de trabajo con fecha 4 de septiembre donde se anotan las modificaciones y adiciones que pueden darse a la citada ley, como parte de la consulta iniciada por el máximo tribunal del país.
Desde el 14 de diciembre del año pasado la jefa de Gobierno del Distrito Federal, Rosario Robles, en una reunión privada con Góngora le pidió unificar los criterios de los jueces en las resoluciones que dan protección a los negocios; en ocasiones se permite que durante cinco semanas estén abiertos sin que se dicte un nuevo fallo.
Robles visitará nuevamente al ministro presidente de la Suprema Corte este jueves al mediodía para exponerle la misma problemática y solicitarle que pueda ser tomada en cuenta su propuesta de reforma a la ley.
El texto de la reforma se refiere a 12 artículos, pero el relativo a los giros negros es el 124 fracción segunda, en el que se incorpora la figura de "giros mercantiles de alto impacto o riesgo social".
Se explica que los jueces están en libertad de seguir otorgando la suspensión de los actos de autoridad que les reclama el dueño de un establecimiento, pero ya no se levantan los sellos de clausura; de esta forma se puede seguir el juicio sin la reapertura del establecimiento.
Para el Gobierno capitalino se debe defender el interés social, pues los giros negros tienen repercusiones negativas en la comunidad, por la venta de droga, la prostitución, la venta de bebidas alcohólicas, entre otras.
En el mismo artículo se hace referencia por vez primera al uso ilegal de las vías y áreas públicas, en relación con la actividad de los comerciantes ambulantes que utilizan los postes de luz para colgarse de la energía eléctrica.
Estos casos "que se estiman de alto beneficio para los habitantes del Distrito Federal (son útiles) para en esas condiciones estar en posibilidad de facilitar su reordenamiento y control", indica la propuesta que fue enviada en respuesta a la invitación de la Corte para realizar una consulta sobre el tema.
El concepto de impacto social está considerado en la Ley del Funcionamiento de Empresas Mercantiles del DF y menciona el beneficio colectivo, concepto que el GDF hace extensivo a la Ley de Amparo, según su propuesta obtenida ayer.
Las fuentes consultadas establecieron que la problemática de los amparos en el caso de los giros negros se detectó desde hace tiempo pero no se ha logrado cambiar el criterio de aplicación de los jueces de distrito en materia administrativa.
En el caso de la discoteca Lobohombo, siniestrada el viernes pasado con saldo de 20 muertes, algunos jueces negaron el recurso y otros concedieron las suspensiones provisionales y definitivas --lo que permitió reabrir las puertas al negocio--, aunque en la resolución de fondo el GDF ganó los juicios.
De acuerdo con la jurisprudencia utilizada por los jueces federales, son dos las razones para conceder el beneficio de la suspensión: la "apariencia del buen derecho" y el "peligro de la demora".
La primera se refiere a la buena fe que debe tener el quejoso, que no pretenda una argucia, y la segunda al riesgo de que la resolución tarde en ser dictada y ello perjudique los intereses del quejoso.