En la mañana de ayer, varias carreteras principales del país fueron bloqueadas por miembros de la Cámara Nacional de Transporte de Carga (Canacar), quienes, después de dos años de gestiones infructuosas ante la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (Secofi), optaron por esa medida de fuerza para protestar por los términos de falta de equidad en que se desarrolla la competencia con los transportistas estadunidenses en el marco del Tratado de Libre Comercio. 

Mientras que los camioneros mexicanos tienen vedado el acceso a territorio del país vecino, los transportistas estadunidenses, por medio de la empresa carguera EASO, operan libremente en México. 

Ciertamente, los bloques carreteros, realizados entre las seis y las once de la mañana en vías tan importantes como las autopistas México-Puebla y Guadalajara-Zapotlanejo provocaron graves problemas y dejaron el lamentable saldo de un muerto y varios heridos, en un accidente automovilístico ocurrido en el marco de la protesta. Pero sería injusto desconocer que la medida de los transportistas fue adoptada después de innumerables llamados al gobierno federal para que resolviera el motivo del descontento. 

Para comprender la exasperación de los manifestantes es preciso recordar que, si por parte del gobierno mexicano el TLC fue negociado y firmado con un espíritu entreguista, con lo que quedaron establecidos términos asimétricos e injustos para nuestro país, la autoridad nacional permite, para colmo, violaciones a tales términos, en detrimento de los cargueros del país. 

El movimiento de los camioneros mexicanos es, por lo demás, un ejemplo de movilización social de esas que la arrogancia tecnocrática y neoliberal descalifica como "globalifóbicas": se trata de un sector que se niega a aceptar su propia extinción y que rechaza políticas exteriores, comerciales y económicas equivocadas y depredadoras, mantenidas contra viento y marea durante doce años. 

A lo largo del sexenio que está por terminar, el Ejecutivo Federal ha cumplido a rajatabla los términos del TLC en lo que se refiere a las obligaciones contraídas por el país, pero se ha hecho de la vista gorda en ocasiones y asuntos en que los derechos nacionales no han sido respetados. Ante las numerosas violaciones del TLC por parte de Estados Unidos --la negativa a permitir el ingreso a los transportistas mexicanos, el embargo atunero con pretextos seudoambientalistas, las acciones contra el acero, el cemento, el tomate, el aguacate y las escobas-- las autoridades mexicanas se han limitado a apelar a los lentos e ineficientes paneles de controversia. Cabe esperar del gobierno próximo más resolución y mayor firmeza en la defensa de los intereses nacionales.