MIERCOLES 25 DE OCTUBRE DE 2000
Ť Sin embargo, el ex funcionario del DDF está amparado y no irá a la cárcel
Dictan otro auto de formal prisión a Peña Garavito
Angel Bolaños y Elia Baltazar Ť La juez 59 de lo penal, Eva Verónica de Gyves Zárate, dictó un nuevo auto de formal prisión en contra de Fernando Peña Garavito, quien fuera director general de Servicios al Transporte durante la administración de Oscar Espinosa Villarreal, una vez que el tercer tribunal colegiado en materia penal confirmó el amparo que le concedió el juzgado cuarto de distrito en materia penal, en el que solicitó a la juez precisar el monto del daño patrimonial causado al erario.
De Gyves "dictó el nuevo auto de formal prisión motivando esa circunstancia, precisando que el daño patrimonial causado al erario público del entonces Departamento del Distrito Federal era superior a los 954 mil pesos, del tal suerte que se reanuda nuevamente el proceso, pasará a conclusiones al Ministerio Público y finalmente se dictará una sentencia", explicó el fiscal de Procesos Oriente de la Procuraduría General de Justicia capitalina, José Guadalupe Jiménez Núñez.
El ex funcionario no podrá ser detenido debido a que goza de la libertad provisional que le concedió la misma juez.
El tribunal colegiado ratificó además amparos en contra del auto de formal prisión que le fue dictado por los delitos de uso indebido de atribuciones y facultades, ejercicio indebido del servicio público y administración fraudulenta, por un monto de 43 millones de pesos, relacionados con la causa penal 136/98.
En este caso, explicó Jiménez Núñez, "la Procuraduría aportará nuevas pruebas a efecto de demostrar la responsabilidad del señor Peña Garavito en la comisión de esos ilícitos".
Al respecto el ex funcionario dijo en entrevista que por lo que hace a estos delitos, con la resolución del tribunal colegiado, causó ejecutoria y están cerrados en definitiva, por lo que el Ministerio Público no podrá aportar más pruebas.
En cuanto al proceso que se reactivó en el juzgado 54 de lo penal, dijo que con base en lo que resolvió en días pasados un tribunal unitario, su caso es de competencia federal, por lo que deberá pasar a manos de un juez federal. En caso de que la juez "decida que no se va, esto se tendrá que ir a un conflicto competencial".
El ex funcionario se dijo contento con la resolución; "ganamos en cuatro de los cinco delitos que me imputaba la Procuraduría para señalarme como un delincuente. Es muy alentador, porque es una lucha de más de dos años en contra de un gobierno y yo como ciudadano les demostré mi inocencia".
"Tengo 20 años dedicándome al servicio público --añadió--; desde los 20 años, y actualmente laboro en una empresa privada, pero espero muy pronto regresar a la política y poder trabajar por mi país".
Según el expediente del caso, el 12 de mayo de 1997 el entonces titular de la DGST firmó indebidamente un contrato de finiquito por más de 9 millones de pesos con la empresa Kosmocolor para la expedición de licencias y permisos de transporte.
Los precios no se fijaron conforme al índice inflacionario del Banco de México, lo que representó una sobrefacturación de 954 mil 357.50 pesos. Así, un total de 381 mil 743 licencias de conducir emitidas del primero de enero al 11 de mayo de 1995, se pagaron a un precio unitario de 24.55 pesos, cuando su valor real era de 22.05 pesos.
El juzgado octavo de distrito en materia penal había negado antes al ex funcionario la protección de la justicia federal, al considerar que la PGJDF había comprobado plenamente el uso indebido de atribuciones y facultades y el contrato violó lo dispuesto por la Ley de Adquisiciones y Obra Pública al no existir licitación, ocasionando un daño al erario.