MIERCOLES 25 DE OCTUBRE DE 2000
Ť Impopulares, sus medidas de ajuste y austeridad
A un año de gobierno, De la Rúa incumple promesas de estabilidad
Ť La crisis, por la herencia de Menem, justifica el mandatario
Ť En diez meses "cae en picada" el respaldo a su administración
Stella Calloni, corresponsal/II y última, Buenos Aires, 24 de octubre Ť A un año de su victoria en las urnas, el gobierno de Fernando de la Rúa no ha logrado cumplir sus promesas de estabilidad, aumento del empleo, combate a la pobreza, y en cambio ha dictado impopulares medidas de ajuste y austeridad.
Pero el mandatario y su equipo sostienen que se vieron obligados a tomar estas medidas por la herencia que dejó el peronista Carlos Menem: un déficit de 10 mil millones de dólares en lugar de los 4 mil millones anunciados, un Estado con sus más importantes y estratégicas empresas ya privatizadas, una deuda externa de más de 150 mil millones de dólares, ministerios vaciados, y un conflicto social extendido a todo el país.
Buscando la descomprensión del déficit, el gobierno dispuso -a sólo 19 días de asumir- un alza de impuestos, o el impuestazo, como lo bautizó el pueblo, que sacudió a una sociedad ya escéptica ante el alto desempleo, la inestabilidad laboral y los conflictos sociales. En enero envió al Congreso una ley de Reforma Laboral que complementaba a la adoptada por Menem, y que se aprobó en abril, pese al rechazo de todos los sectores sindicales, sociales y una parte de la Iglesia católica. Y en mayo llegaron ajustes que significaron recortes en salarios de empleados estatales por un valor de 144 mil millones de dólares.
Todo esto fue desgastando a la Alianza gobernante, a la vez que se instalaba una campaña sobre la ingobernabilidad en la que colaboraron varios medios y que llevó en los últimos al mandatario a advertir sobre el "golpismo".
Y mientras los ex funcionarios menemistas acusados de graves delitos de corrupción seguían sin castigo, se desató el escándalo del Senado, cuando la prensa denunció el pago de presuntos sobornos a senadores para votar a favor de la resistida ley laboral. Así, comenzó a hacerse visible una campaña destinada a resquebrajar la Alianza, en la que participarían personas como el secretario de Inteligencia del Estado, el banquero y empresario Fernando de Santibañes, y sectores de derecha del opositor peronismo y de la propia Unión Cívica Radical a la que pertenece el mandatario.
El escándalo del Senado disparó la crisis, que tuvo su punto límite con un cambio de timón dispuesto por De la Rúa el pasado 5 de octubre, cuando decidió cambios de gabinete. Fue el pase del ministro de Trabajo Alberto Flamarique a la secretaría general de la presidencia lo que provocó un terremoto en el Frepaso, a cuyas filas pertenece el ex ministro, ya que su figura estaba empañada por el escándalo en el Senado.
Así, Flamarique debió renunciar 24 horas más tarde. Un día después, el vicepresidente Carlos Chacho Alvarez presentó su renuncia, ante el rechazo de los senadores sospechados a dar un paso al costado y ante la decisión de De la Rúa de mantener a De Santibañes, otro de los señalados, en su puesto.
Quince días después de la renuncia de Alvarez, y cuando la situación era insostenible, el secretario de Inteligencia renunció, y ahora deberá enfrentar una demanda por la presunta utilización fraudulenta de unos fondos que podrían haber servido para los presuntos sobornos en el Senado.
En medio de este panorama, De la Rúa inició hoy una visita de cuatro días a España confiando en que las medidas económicas anunciadas la víspera -reducción de cargas patronales para compañías informáticas, compensación de créditos fiscales con el pago de otros impuestos, entre otras que pretenden atraer inversiones- puedan revertir la recesión que lleva más de dos años.
Pero en España, por otro lado, encontrará fuerte presión de organismos de derechos humanos para que el gobierno argentino no obstaculice la extradición del ex oficial de marina Ricardo Miguel Cavallo, detenido en México y acusado de delitos de lesa humanidad, solictada por el juez Baltasar Garzón.
En ese ámbito, el mandatario anunció antes de partir que enviaría una carta al Congreso para que se vote inmediatamente una norma que permita cumplir con las disposiciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que demanda un nuevo juicio para los detenidos por el cruento intento del asalto al cuartel de la Tablada en 1989.
Los 13 presos, condenados sin derecho a apelación, cumplieron este martes 50 días de una segunda huelga de hambre en lo que va del año y su condición es grave. Pero el Partido Justicialista (peronista) rechazó nuevamente discutir las propuestas en el Congres y se limita a decir que el gobierno puede otorgar un indulto, si quiere. Muchos se preguntan si esta no será otra maniobra para desestabilizar a un gobierno cuyo respaldo popular ha caído en picada en 10 meses de gestión.