MIERCOLES 25 DE OCTUBRE DE 2000

Ť Pide Rojas se apruebe antes del primero de diciembre


Presentó el PRI iniciativa para proteger empleo de burócratas

Ť Establecería el servicio civil de carrera en la administración pública Ť La propuesta protegería hasta jefes de departamento

Andrea Becerril y Víctor Ballinas Ť Para evitar que miles de servidores públicos se enfrenten de manera periódica a "la inestabilidad -en el empleo- que propician los cambios" de titulares en sus dependencias y organismos, el priísta Carlos Rojas presentó ayer en el Senado de la República una iniciativa de ley para establecer el servicio civil de carrera en la administración pública federal.

Con esta propuesta, resaltó el legislador, se pretende otorgar a los trabajadores de confianza, hasta jefes de departamento, "estabilidad y seguridad en su empleo, así como la posibilidad de desarrollarse mediante la capacitación, recibir estímulos, acceder a promociones y determinar su permanencia a través de evaluaciones de desempeño".

Rojas instó a las fuerzas políticas a sumarse "a este esfuerzo. Convocamos a todas y todos a emprender una nueva y profunda reforma del poder. Una reforma que consiste en consolidar instituciones democráticas al servicio de la ciudadanía, apegadas a la ley".

El Poder Legislativo, subrayó, es el idóneo y privilegiado para el fortalecimiento de las instituciones mexicanas. "Debemos aprovechar plenamente la pluralidad de ideas y de propuestas que están presentes en la sociedad, de las cuales el Congreso de la Unión es reflejo fiel. Este poder tiene la capacidad y la responsabilidad de conducir el proceso de actualización jurídica y organizativa del Estado".

En entrevista, el senador manifestó: "en estos momentos, en los que hay una inquietud reconocida por los servidores públicos, esperamos que el presidente electo, cuando esté en funciones, cumpla su oferta y logre que la mayor parte de los funcionarios públicos permanezcan en sus puestos".

De aprobarse pronto esta iniciativa, dijo, se evitaría que por decisiones arbitrarias, discrecionales, e incluso por diferencias partidistas e ideológicas, o hasta de credo, se pueda marginar o dejar sin empleo a funcionarios con capacidad probada.

Manifestó confianza en que las comisiones de Gobernación y Estudios Legislativos, a las que se turnó dicha iniciativa, emitan un dictamen" en un plazo razonable para que sea votado en el pleno".

Rojas precisó en la tribuna senatorial que dicha iniciativa se sustenta en principios de legalidad, eficiencia, objetividad, calidad, imparcialidad, equidad y competencia. "Se trata de crear un sistema justo, que reconozca la capacidad, la experiencia y el talento de miles de mexicanos que durante años y décadas han desarrollado una larga y valiosa carrera pública".

De aprobarse dicha iniciativa, abundó el senador priísta, se estaría creando "un sistema permanente e imparcial de evaluación y capacitación de los trabajadores de confianza, se regularía el ingreso, promoción y permanencia de los cuadros de la administración pública con base en criterios verificables de equidad, transparencia y acordes con los intereses nacionales". Asimismo, se establece un plazo de tres años para que el sistema opere en su totalidad.

Dicha iniciativa consta de cinco capítulos. El primero se refiere a las disposiciones generales, en donde se estipula que dicho sistema abarca a los trabajadores de confianza, incluyendo hasta directores generales, exceptuando al personal de la Presidencia de la República y de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, los secretarios de despacho, los jefes de departamento administrativo, al procurador general de la República, los subsecretarios y oficiales mayores.

También se exceptúan los puestos homólogos, los de las fuerzas armadas, del sistema de inteligencia y seguridad nacional y a todos aquellos que estén asimilados a un sistema legal de servicio civil de carrera. Tampoco incluye a los trabajadores de base que están regidos por la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado.

El segundo capítulo se refiere a los derechos y obligaciones de los trabajadores, entre los que sobresalen: estabilidad y permanencia en el servicio; ser promovido; recibir las remuneraciones, prestaciones y estímulos por productividad, y recibir el nombramiento como servidor profesional de carrera, entre otros.

En el tercero se precisa la estructura del sistema, el cual funcionará con base en siete subsistemas: de planeación de los recursos, de ingresos, proyecto de carrera, de profesionalización y desarrollo, de evaluación y desempeño, de separación, y el de control y evaluación.

En el cuarto se incorpora la posibilidad de utilizar el recurso de revocación en el proceso de selección en caso de inconformidad; establece las modalidades para obtener licencias del servicio de carrera, los supuestos para la rescisión, así como la previsión de indemnizaciones.

Y en el último capítulo, se señala un periodo de tres años para que el sistema opere en su totalidad, y que los servidores públicos de confianza en funciones, al momento de entrar en vigor la ley, sean considerados de libre designación, en tanto se realizan las evaluaciones de desempeño correspondientes.