MIERCOLES 25 DE OCTUBRE DE 2000

Quince decesos y el caso Colosio

La subprocuraduría especial del caso Colosio investigó si existieron vínculos entre las muertes de 15 personas y el homicidio del candidato priísta a la Presidencia de la República. En la mayoría de los casos los medios de comunicación publicaron versiones que relacionaban esos decesos, pero las pesquisas no hallaron ningún cabo que atar, y fueron desmentidas.

Jesús Rubiell Lozano se suicidó el 29 de noviembre de 1993. Melchor de los Santos, secretario de Coordinación Regional del PRI, manifestó que después de la designación de Luis Donaldo Colosio, Noé Garza Flores, entonces secretario de Organización de la CNC, le comentó que Hugo Andrés Araujo de la Torre, dirigente de la CNC, solicitó una llamada "para Carlos Rojas o Jesús Rubiell a efecto de 'que no hicieran una pendejada', lo cual le resultó sospechoso dado que a los pocos días este último apareció muerto".

José Luis Larrazolo Rubio, ex comandante de la PJF, fue baleado el 12 de enero de 1994. El supuesto vínculo de ese homicidio con el de Colosio se desprendió de una versión periodística publicada el 26 de julio de 1996, donde se afirmó: "apenas arrancaba la campaña del candidato y Larrazolo Rubio ya era su jefe de seguridad, su amigo, el futuro jefe de la Policía Judicial Federal (PJF) según todos los indicios. Con Larrazolo vivo, a Colosio no podían haberlo victimado y menos de esa manera tan absurda. Era un estorbo".

Manuel Salvador González y Marco Antonio Trejo Mercado murieron el 27 de febrero de 1994 en la ciudad de Los Angeles, California, a consecuencia de disparos de armas de fuego. El doble crimen se relacionó al homicidio de Colosio porque apareció una carta con fecha 3 de septiembre de 1993 dirigida a Manuel Salvador González, firmada supuestamente por José Córdoba Montoya, entonces jefe de la Oficina de la Coordinación de la Presidencia de la República, en la que presuntamente se establecía que González se desempeñaba como jefe de seguridad de Colosio. Miriam Tato, secretaria de Córdoba y Gabriel Guerra, director de Información Internacional de la Presidencia, desmintieron tal circunstancia y la fiscalía no halló ningún vínculo.

Alejandro Castañeda Andrade falleció el 3 de marzo de 1994 durante un operativo para aprehender a los hermanos Arellano Félix. A este agente de la PJF se le relacionó con el crimen de Lomas Taurinas porque iba a integrarse al equipo de seguridad del candidato en Tijuana. La versión fue desmentida. La presencia de Colosio en esa ciudad se confirmó diez días después de la balacera donde pereció el policía.

Ernesto Rubio Mendoza murió por disparos de arma de fuego el 23 de marzo de 1994 a las 21:30 en el taller mecánico Autoservicio Azteca, propiedad de Juan Ramón Alba Ramírez, quien también fue víctima en este hecho. Algunos periódicos resaltaron el supuesto parecido físico entre Mario Aburto y Ernesto Rubio, y se generaron especulaciones al señalar que este último era el verdadero autor de los disparos contra Colosio. Una versión fue la del autonombrado investigador privado Humberto López Mejía, quien declaró a los medios de comunicación: "Colosio cayó abatido a las 17:12 del 23 de marzo y su joven asesino, un profesional de las armas formado en la PGR, fue a su vez baleado por dos individuos en un taller mecánico". La fiscalía comprobó que las primeras fotográficas de Aburto contrastaban con las de Rubio porque éste se había tatuado el hombro izquierdo y el asesino del candidato no tenía marcas de ese tipo.

Federico Benítez López, director de Seguridad Pública Municipal de Tijuana, murió junto con su escolta Ramón Alarid Cárdenas el 28 de abril de 1994 por impactos de arma de fuego. Se le vinculó a la muerte de Colosio porque varios medios de comunicación informaron que realizaba una investigación paralela sobre el atentado en Lomas Taurinas. La fiscalía encontró evidencias de que el asesinato del jefe policiaco fue resultado de una venganza del narcotráfico, porque Benítez rechazó un ofrecimiento de 100 mil dólares para encubrir a un grupo de traficantes de droga y la corporación a su cargo afectó sus intereses.

Alfredo Aarón Juárez Jiménez murió el 11 de abril de 1995 en un accidente automovilístico en la carretera Tijuana-La Rumorosa. El deceso se relacionó con el caso Colosio porque medios de comunicación informaron que Juárez Jiménez fue quien llamó a Raúl Loza Parra, entonces subdelegado de la PJF en BC, minutos después del atentado para enterarlo de lo ocurrido y del hallazgo de la ojiva en el lugar de los hechos.

Sergio Armando Silva Moreno falleció el 23 de febrero de 1996 en la ciudad de México. Se le atribuyó haber participado en una investigación especial para resolver el caso Colosio. El comandante Silva Moreno fue adscrito a la delegación de Baja California (BC) hasta diciembre de 1993, después fue enviado a Sinaloa, y en 1995 regresó a Tijuana, pero nunca participó en las pesquisas del homicidio de Colosio.

Rebeca Acuña Sosa murió el 26 de febrero de 1996 en Tijuana. Una versión la señaló como agente de la PJF que habría participado en las indagatorias del asesinato de Colosio. La PGR dijo que nunca estuvo adscrita a esa dependencia.

José Arturo Ochoa Palacios, ex delegado de la PGR en BC, murió el 17 de abril de 1996 en Tijuana al ser baleado mientras realizaba ejercicio en un campo deportivo. Varios diarios le adjudicaron una relación al crimen de Colosio porque probablemente intervino en el primer interrogatorio a Mario Aburto.

José Luis Arroyo Rodríguez, teniente coronel adscrito a la Coordinación General de Seguridad del Estado Mayor Presidencial, falleció el 7 de mayo de 1996 al ser agredido con impactos de bala cerca de un centro nocturno en Naucalpan, estado de México. La versión que lo relacionó al caso fue que investigaba a elementos del EMP que participaron en la campaña de Colosio.

Sergio Manuel Moreno Pérez fue asesinado junto a su hijo Osmany Rodney Moreno Vargas el 13 de mayo de 1996 en Naucalpan, estado de México. Se le adjudicó responsabilidad de la investigación del crimen del 23 de marzo porque fue delegado de la PGR en Tijuana.

Isaac Sánchez Pérez, primer comandante de la PJF, murió al ser tiroteado el 19 de julio de 1996. Una de las versiones señaló que fungió como jefe de seguridad del PRI durante la campaña del candidato presidencial, y posteriormente, como subdelegado de la PJF en Baja California, participó en la investigación del atentado.

Jesús Romero Magaña, agente del Ministerio Público Federal encargado de tomar la declaración ministerial a Mario Aburto el 23 de marzo de 1994, murió el 17 de agosto de 1996 en Tijuana. Se le atribuyó la posesión de información sobre el victimario de Colosio, que no entregó a las autoridades correspondientes.

Hodín Armando Gutiérrez Rico, ex fiscal para el esclarecimiento del homicidio de José Federico Benítez López, fue asesinado el 3 de enero de 1997. Su deceso se relacionó con la estancia del equipo de la subprocuraduría especial del caso Colosio en Tijuana, Baja California.