MIERCOLES 25 DE OCTUBRE DE 2000
Ť Se realizará la restitución jurídica de tierras a la empresa Purúa Punta Estero
Acatará Robledo las resoluciones de la SCJN
Ť Si a diez días del fallo no se ha cumplido la sentencia, el funcionario podría ser destituido
Ť El conflicto data de 1973, cuando el ejido Esteban Cantú fue beneficiado con los terrenos
El titular de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), Eduardo Robledo Rincón, afirmó que las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia ''no son opinables sino acatables'', por lo que de inmediato dará cumplimiento a la sentencia dada a conocer el lunes, mediante la que se ordena la restitución jurídica y material de 18 hectáreas a la empresa privada Purúa Punta Estero, las cuales en 1987 fueron adjudicadas al ejido Coronel Esteban Cantú.
La sentencia de la Suprema Corte de Justicia indica que el proceso se tendría que dar en un plazo de diez días naturales, y autoriza a la SRA el uso de la fuerza pública. De no cumplirse, procedería la destitución y cese de Robledo Rincón.
El conflicto data de 1973, cuando el ejido Coronel Esteban Cantú fue beneficiado por una resolución presidencial que dotó de 15 mil hectáreas a 60 familias campesinas. En 1995, el Poder Judicial amparó a particulares que reclamaron derechos sobre diversos terrenos que forman parte de la zona conocida como Punta Banda, del municipio de Ensenada.
En un comunicado, la dependencia afirmó que en 1999, el titular de la SRA ''giró instrucciones para que se ejecutaran las sentencias emitidas por la Suprema Corte, a lo cual se procedió el 8 y 11 de octubre de ese mismo año, pero no pudo concretarse la acción por la oposición de los posesionarios del lugar, de lo que dieron fe dos notarios públicos''. En diciembre de 1999, se estableció una mesa de conciliación agraria, con el fin de encontrar una salida concertada entre las partes sin tener que recurrir al uso de la fuerza pública.
''El titular de la SRA manifestó su convicción de cumplir la sentencia de la Corte, tal como se han cumplido sus ordenamientos a lo largo de este régimen'', precisó el comunicado. Al comenzar la administración había 5 mil 200 sentencias de amparo no cumplidas y 547 incidentes de inejecución, de los cuales restan 248 y 63 asuntos respectivamente. (Angélica Enciso)