MIERCOLES 25 DE OCTUBRE DE 2000
Ť Astillero Ť
Ť Julio Hernández López Ť
Mejor momento no pudo escoger el diputado Salvador Rocha para mostrar la pasta de la que están hechos muchos de los hombres del poder.
Tal legislador se ha empecinado en montar un espectáculo frívolo, a propósito de su presunto derecho a fumar en lugares públicos, específicamente en la sede de la Cámara de Diputados. Lo ha hecho de tal manera que ha opacado la presentación que otros legisladores han hecho de importantes iniciativas de reformas jurídicas e inclusive ha desplazado del espacio mediático asuntos de verdadera trascendencia.
Fumar o no fumar (en público)
De pronto, el mundillo político nacional parecía estar muy pendiente sólo del prender y apagar del cigarro del diputado vicioso que, experto jurista, decíase amparado por la justicia federal para cumplir con su humeante ritual a plenitud en el mismísmo recinto donde se había aprobado el reglamento para consumo de tabaco en lugares públicos, que prohíbe a otros agraviar la salud ajena a golpe de bocanadas (no a los diputados picapleitos, que viven en permanente conflicto de intereses, ejerciendo la profesión de la abogacía en defensa de asuntos contrarios a los ideales que de palabra pregonan luego con hipocresía en las tribunas legislativas).
Fuego, humo y amparos han sido justamente los elementos que han estremecido la conciencia nacional a partir del caso Lobohombo. Fuego físico y fuego político. Fuego que provocó la muerte de un número indeterminado de personas (se habla de 20) y que ha sumido en un difícil litigio público al Poder Judicial de la Federación y a las autoridades del Distrito Federal, no sólo a las actuales, como Dolores Padierna, quien ya es delegada política en la demarcación Cuauhtémoc, sino inclusive a las que esperan la hora de tomar posesión, como Andrés Manuel López Obrador.
Lobohombo, Fobaproa, futuro gabinete capitalino
El golpe político dado, al ligar actos de campaña de estos perredistas con Lobohombo, ha llenado de solaz a quienes han detestado en Padierna y en López Obrador sus posturas enérgicas en materia como Fobaproa y en las pillerías de poderosos empresarios cuyos cuellos blancos de camisa mostraron huellas sucias luego de las revelaciones y el activismo de los dos personajes del sol azteca. Al golpear a Padierna, por lo demás, se busca lesionar y anular la corriente interna que sustentó el triunfo de Andrés Manuel y a la que en consecuencia se asignarían posiciones de gran importancia en el gabinete del tabasqueño, en especial en la Secretaría de Gobierno.
Amparos y corrupción
La esencia del conflicto que hoy enfrenta a autoridades judiciales y políticas estriba en el grado de complicidad que unas u otras podrían tener en el funcionamiento irregular, criminal, como se ha visto, de los llamados giros negros. Los posicionamientos están claramente definidos: los jueces no pueden dejar de atender la solicitud de cualquier ciudadano de amparar sus derechos constitucionales ante una presunta o real violación de ellos a cargo de autoridades administrativas; estas autoridades, a su vez, no pueden dejar de obedecer los dictados de los jueces, en el sentido de suspender actos como la clausura de un centro nocturno.
El abuso del recurso de amparo
El fondo del asunto estriba en el abuso discrecional de las facultades que las leyes y las instituciones ofrecen a los mexicanos, como sucede en el caso del tal diputado Rocha (bartlettista de hueso colorado, por cierto: presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de San Lázaro como su jefe y amigo lo es de la correspondiente en el Senado. En excelentes manos están tales comisiones estratégicas del proceso legislativo federal, como se puede ver). Si el señor diputado Rocha quiere ampararse para seguir afectando la salud de los demás con su vicio particular, le basta con iniciar un proceso jurídico (que en el caso ni siquiera fue cierto, pues la presidencia de la Cámara de Diputados no ha sido notificada del supuesto amparo con el que dragoneaba Rocha). Si los dueños de giros negros desean que sigan funcionando sus negocios, basta con que pidan cuantas veces sea necesario el amparo provisional de la justicia federal.
Los nuevos aires del Poder Judicial Federal
Pero el fuego del Lobohombo no se ha quedado en Insurgentes Norte. Ha provocado una reacción firme del presidente del Consejo de la Judicatura Federal, el ministro Genaro Góngora Pimentel, quien ha conducido el tramo más independiente de ese órgano de poder en varias, muchísimas décadas.
Ya sea porque el escenario político nacional ha cambiado, o porque el propio presidente Zedillo hubiese dejado de presionar e incidir en el comportamiento de los jueces y magistrados federales, o porque fuera resultado de decisiones y proyectos propios, pero lo cierto es que el Poder Judicial de la Federación ha ido ganando presencia pública con decisiones importantes que muestran sin lugar a duda una voluntad y una actitud de compromiso con la sociedad y de apertura de sus espacios de trabajo al escrutinio público.
Los dineros de campaña
Los juristas de la etapa Góngora han dado pie al presidente Zedillo, por ejemplo, para suministrar la información del quebranto financiero del Banco Unión, los apoyos a la campaña priísta de 1994, y su incidencia en el Fobaproa sin que el Poder Ejecutivo tuviera el remilgo de suponer que con revelar ese material de índole pública pudiera estar lesionando el flanco privado del secreto bancario.
Ahora, frente a las acusaciones del caso Lobohombo, Góngora Pimentel ha vuelto a asumir una actitud abierta, invitando a la sociedad a denunciar fallas de los jueces y evitando, en el punto concreto de la discoteca incendiada, un linchamiento público a partir de las acusaciones de autoridades que conferían a tales togados la culpa del funcionamiento anómalo de esos centros nocturnos de turbias diversiones.
El secreto de lo militar
Tales posturas de apertura y disposición al escrutinio no parecen alcanzar, sin embargo, a otras entidades públicas históricamente cubiertas por velos oscuros supuestamente defensores del carácter privado, secreto, que habrían de tener sus labores. En Veracruz hubo una explosión que causó un número indeterminado de muertos. Según algunas de las versiones, habría explotado el material que el Ejército decomisa a expendedores de fuegos artificiales y otros productos hechos con pólvora.
El incidente ha sido tratado con sigilo extremo, sin participación real de instancias ajenas al poder militar y sin dar información confiable a los medios o a la sociedad, pero ni siquiera a personas que presumen que entre los muertos y heridos estuvieran familiares suyos. Dado el carácter del servicio que prestan, los militares están sujetos a un orden jurídico especial, a un fuero propio, pero ello no puede estar por encima del derecho constitucional de la sociedad para saber lo que sucede en un ámbito que es sostenido con el pago de sus impuestos.
Fiesta, fiesta, fiesta
Talante distinto es el que muestra un civil empeñado en tener boda, contraboda, tornaboda y recontraboda en el sentido popular del término y no necesariamente en el del matrimonio que contrajese con alguna colaboradora o vocera de su equipo de trabajo. Vicente Fox no consiguió que el Congreso de la Unión se despojara del sentido de austeridad republicana para permitirle celebrar (sí, celebrar, en el sentido festivo) su toma de posesión como presidente de los mexicanos en un recinto más amplio y menos formal que San Lázaro. Lo que el guanajuatense quiere es dar rienda al gusto de que ha llegado al poder y, al igual que lo han hecho césares, emperadores, dictadores y otra laya parecida, ha organizado una agenda de fiesta prolongada que, en este caso, durará alrededor de 72 horas.
El altísimo y serenísimo momento de la historia patria, según Fox, será celebrado con verbenas populares, parada militar, salutaciones y una serie de actos masivos con los que el pueblo mexicano (o al menos la parte que votó por él, o al menos los que aún no se arrepienten de haberlo hecho) habrá de volver a la vieja tradición tricolor del pan y circo.
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