MARTES 24 DE OCTUBRE DE 2000

Informe final sobre el asesinato de Luis Donaldo Colosio

Los fiscales, credibilidad a prueba

Roberto Garduño /IV Ť El primero de junio de 1994, en el despacho presidencial de Carlos Salinas de Gortari, el fiscal especial Miguel Montes García, encargado de esclarecer el homicidio de Luis Donaldo Colosio, proyectó videos, desplegó fotografías, presentó testimonios y dio a conocer una hipótesis: Mario Aburto Martínez fue el único responsable del crimen.

Salinas dudó. Dos meses atrás, el mismo Montes había dado a conocer al pueblo de México que el deceso del aspirante priísta a la Presidencia se debió a una acción concertada. Aquel inesperado giro en la investigación desconcertó al mandatario, quien propuso guardar los resultados de esa nueva y contradictoria pesquisa. Este hecho lo consignaría años más tarde el fiscal:

"Me recomendó (Salinas) que no lo publicase porque, a su juicio y en base a algunos estudios de opinión, no iba a ser creído ni aceptado por la mayoría de la población, y mucho menos por los candidatos a la Presidencia que andaban en campaña o por los medios de comunicación, pero yo le insistí en mi decisión de presentarlo".

Esa incredulidad a la que aludía Salinas fue resultado no sólo de las características de la víctima, el candidato presidencial del partido político que detentó el poder por más de 70 años, sino por el sinnúmero de hipótesis que surgieron apenas minutos después de ocurrido el atentado que le costó la vida.

En el curso de la investigación se llegó a tesis totalmente contradictorias que complicaron la naturaleza jurídica de las pesquisas. Así, el homicidio de Colosio se transformó en un complejo entramado donde las indagatorias siempre estuvieron expuestas a los cuestionamientos, a la desconfianza e incluso al rechazo de la sociedad.

La conclusión inicial de Diego Valadés, procurador general de la República cuando ocurrió el crimen, fue que Mario Aburto era el único autor material del homicidio, pero planteó que aquél contó con el apoyo de Tranquilino Sánchez Venegas, integrante del equipo de "porras y vallas'' del candidato.

Mario Aburto, homicida confeso, reconoció el revólver Taurus calibre 38 con el que disparó a Colosio durante el primer interrogatorio -en el que estuvieron presentes 18 personas- al que fue sometido en la delegación estatal de la Procuraduría General de la República el mismo 23 de marzo. Sin embargo, en ese momento el arma se encontraba en poder del teniente Roberto Merín, del Estado Mayor Presidencial (EMP), quien permanecía en el Hospital General de Tijuana.

Con esa y otras contradicciones sobre las evidencias físicas del homicidio, la manipulación que sufrió el lugar de los hechos y el "descubrimiento'' tardío de una ojiva del revólver homicida, el recelo y desconcierto de la sociedad comenzaron a crecer, pues después vino la formulación de decenas de hipótesis que, defendidas con vehemencia por sus autores o impulsores, al paso del tiempo se desvanecían.

A Miguel Montes García, fiscal designado ex profeso para este caso y que sustentó las tesis del complot y más tarde la del asesino solitario, le sustituyó Olga Islas de González Mariscal con la misión específica de -ante el desorden pericial imperante- reestructurar toda la investigación. Sin aferrarse a tesis alguna, la abogada dedicó su labor a fortalecer los argumentos que permitieran sustentar la total responsabilidad de Mario Aburto.

Ť Sus indagatorias pretendían comprobar tesis sin sustento, califica la PGR

Chapa Bezanilla, veinte meses de tanteos

Ť Las cuatro fiscalías del caso Colosio demostraron contradicciones y deficiencias del sistema judicial

mexicano Ť Seis años y 221 días de investigación para llegar adonde se partió: Aburto actuó solo

Roberto Garduño /IV Ť El tercer fiscal especial para esclarecer el crimen de Luis Donaldo Colosio, Pablo Chapa Bezanilla, designado a pocos días de que tomó posesión Ernesto Zedillo y cuando la Procuraduría General de la República estaba a cargo del panista Antonio Lozano Gracia, dio un giro a las indagatorias anteriores que apuntaban hacia el asesino solitario. Chapa Bezanilla aseguraba que el homicidio fue producto de un complot: descubrió al segundo tirador y afirmó que la ojiva encontrada en Lomas Taurinas fue sembrada para desvirtuar la hipótesis de que el homicidio material fue cometido por dos personas.

Como prueba de la veracidad de su investigación, el fiscal ubicó y aprehendió a Othón Cortés, habitante de Tijuana y militante del PRI, como el cómplice de Aburto. La acusación se sustentó en tres de las mil 400 declaraciones recabadas hasta entonces en relación con el homicidio. Pero esos testimonios fueron calificados meses después como extemporáneos y contradictorios por el juez de la causa.

El actual fiscal especial del caso Colosio, el subprocurador Luis Raúl González Pérez, dice que cuando Chapa Bezanilla estuvo al frente de las indagatorias se perdieron 20 meses en la demostración de ''hipótesis sin sustento''.

Ese largo y contradictorio periplo judicial de seis años y 221 días, en el que participaron de forma directa el procurador Diego Valadés y cuatro fiscales especiales, concluyó con la hipótesis inicial: Mario Aburto es el único asesino material e intelectual del entonces candidato presidencial.

En las investigaciones de Miguel Montes García, el primer fiscal especial, la tesis del complot involucró a Tranquilino Sánchez Venegas, Vicente Mayoral Valenzuela, Rodolfo Mayor Esquer y Rodolfo Rivapalacio Tinajero, por haber facilitado el atentado al homicida. Pablo Chapa, con la hipótesis del segundo tirador, consignó por complicidad a Othón Cortés y por el cargo de falsedad de declaración a Fernando de la Sota Rodalléguez y Alejandro García Hinojosa, quienes en su testimonio ministerial señalaron a Mario Aburto como la persona que realizó los disparos que provocaron la muerte de Colosio.

Las carencias de Valadés

El 23 de marzo de 1994, tras difundirse el atentado en Lomas Taurinas, el presidente Carlos Salinas de Gortari ordenó al procurador Diego Valadés que se trasladara a Tijuana. Mientras viajaba en avión, Mario Aburto ya había sido detenido en flagrancia y conducido a la delegación de la PGR en aquella ciudad. Alrededor de las ocho de la noche (tiempo del centro) un grupo de 18 personas interrogaba al homicida y se le mostró un arma para que la reconociera. Aburto respondió que se trataba del revólver con que disparó al candidato priísta; sin embargo, la pistola con la que realmente había disparado se encontraba en esos momentos en manos del teniente Roberto Merín, quien aguardaba noticias sobre el estado de Colosio en el Hospital General de Tijuana.

A partir de la noche del 23 y hasta el 28 de marzo, Diego Valadés coordinó las diligencias. Aburto aceptó que se preparó para el homicidio y que disparó en dos ocasiones. El homicida también involucró en su primera declaración a Vicente Mayoral como ''el ruco'' que atentó contra el candidato. Horas más tarde el homicida se retractó y la prueba de Harrison practicada a Mayoral no encontró señales de pólvora en sus manos.

En una serie de acontecimientos que demostraron falta de estrategia para abordar las indagatorias y que evidenció carencias en los ámbitos técnico, ministerial y pericial, la gestión del procurador Valadés se recuerda porque no se conservó la escena del crimen, lo que a la postre acarreó distintas especulaciones acerca de la existencia de dos armas, por el descubrimiento de la ojiva y la limpieza de posibles rastros en el lugar de los hechos.

Además de la detención de Aburto en flagrancia y la presentación de Vicente Mayoral ante el Ministerio Público, el día del homicidio fue capturado Antonio Sánchez Ortega, empleado del Cisen en Tijuana, porque en su chamarra se encontró una mancha de sangre y resultó positiva la prueba por la que se demostraba que había accionado una arma. En sus declaraciones negó haber disparado algún revólver, puesto que no lo portaba.

Declaró que cuando Colosio terminó su discurso intentó acercársele, pero se encontró con su compañero Moisés Aldana Pérez, quien le informó que ''al parecer se trataba de una balacera'' en aquel lugar. Dijo que por encontrarse cerca del cuerpo del candidato, cuando a éste lo cambiaron de la camioneta Blazer a la ambulancia que lo llevó al Hospital General de Tijuana, se manchó con la sangre. Por no haber elementos de prueba que desvirtuaran su versión, Sánchez Ortega quedó en libertad bajo las reservas de la ley.

Sin embargo, la mancha de sangre, el resultado positivo de la prueba de Harrison, el parecido físico con Mario Aburto y su co ndición de agente del Cisen generaron nuevas especulaciones entre la opinión pública. Lo mismo se consideró que hubo un cambio de personas que su probable coparticipación en el atentado.

Un nuevo hilo de la madeja se desenredó en el, ya para entonces, muy embrollado caso, al ampliarse la declaración de Graciela González, amiga de Aburto, quien señaló a Tranquilino Sánchez Venegas como quien saludó al homicida días antes del atentado, cuando lo encontraron en el parque de La Amistad, en Tijuana.

El Ministerio Público realizó un nuevo análisis de los videos y las fotografías del mitin en Lomas Taurinas e identificó a Tranquilino como la persona que se se acercaba en forma brusca a Colosio momentos antes del atentado. Con esos elementos de prueba se le detuvo y se planteó el ejercicio de la acción penal como cómplice auxiliador de homicidio doloso.

Todo aquel enredo significó para el fiscal Luis Raúl González Pérez la intervención inmediata de diferentes autoridades civiles, militares y políticas, que daban órdenes directas sobre el personal actuante, y que propició la desorganización y las omisiones en los momentos previos al homicidio.

''De las evidencias que pudieron haberse alterado o destruido y de las insuficiencias se desprende que no fueron dolosas, pero después han sido objeto de múltiples dudas y especulaciones. Así, se ha observado que en las primeras diligencias faltó un método, se actuó con carencias técnicas, fue precario el control del Ministerio Público sobre la Policía Judicial, no se preservó debidamente el lugar de los hechos, y se incurrió en contradicciones y deficiencias.''

Diego Valadés consignó al autor material del atentado, detuvo a Tranquilino Sánchez Venegas y precisó la posición víctima-victimario, y la rotación de 90 grados del cuerpo de Colosio que a pesar de sus carencias técnicas y metodológicas ha resultado ser la que más cerca estuvo de explicar adecuadamente la forma como ocurrieron los hechos, refiere el informe.

La contradicción de Montes

El 4 de abril de 1994, cinco días después de ocupar su cargo, el fiscal Montes planteó la concertación de voluntades para organizar el homicidio en Lomas Taurinas. Las autoridades consignaron a Tranquilino Sánchez Venegas, Vicente Mayoral Valenzuela, Rodolfo Mayoral Esquer y Rodolfo Rivapalacio Tinajero, por su presunto auxilio o cooperación en la consecución de atentado.

Además, amplió el ejercicio de la acción penal a Mario Aburto Martínez por el delito de asociación delictuosa: "hasta ahora puede hablarse de la participación simultánea de los siguientes sujetos, sin perjuicio de que más adelante la averiguación se extienda a un mayor número", señaló en su momento la fiscalía.

Pero el 14 de julio Montes dio un giro a esa teoría y planteó entonces que el homicidio fue cometido por una sola persona. Para sustentarla, existía ya la resolución judicial que determinó improcedente la acusación por el delito de asociación delictuosa por falta de pruebas que demostraran su pertenencia a una banda delictiva. A todo, se sumó la inexistencia de elementos para procesar a José Rodolfo Rivapalacio Tinajero por el delito de homicidio.

Miguel Montes aceptó su equívoco: ''A la luz de las investigaciones recientes se fortalece la hipótesis de que el homicidio fue cometido por un hombre solo: Mario Aburto Martínez, sin que necesariamente la conducta de los demás inculpados haya sido determinante en el hecho... No obstante, debo señalar, con total buena fe, que la investigación no ha proporcionado nuevos elementos de prueba que vengan a fortalecer los que sirvieron para consignar a Tranquilino Sánchez, Vicente Mayoral, Rodolfo Mayoral y Rodolfo Rivapalacio. Más aún, a la luz de las investigaciones, algunos de los elementos probatorios que fundaron la consignación se han debilitado. Se fortalece, en cambio, la hipótesis de que el homicidio fue cometido por un hombre solo".

La recomendación de Carlos Salinas

Años después, el 18 de febrero de 1997, al rendir testimonio ante la subprocuraduría que encabeza Luis Raúl González Pérez, Miguel Montes refirió que ''ni en aquel momento -cuando se desempeñaba al frente del caso- ni ahora, puedo descartar la posibilidad lógica de la existencia de otros responsables, pero de lo averiguado no puedo concluir esas responsabilidades''.

-Cuando presentó su informe final, Ƒel licenciado Carlos Salinas le formuló un comentario? -le interrogó el Ministerio Público.

-Sobre el informe no. Me recomendaba que no lo publicase porque, a su juicio y con base en algunos estudios de opinión, el informe no iba a ser creído ni aceptado por la mayoría de los mexicanos, y mucho menos por los candidatos a la presidencia que andaban en campaña o por los medios de comunicación, pero yo le insistí en mi decisión de presentarlo y aduje y ejercí la autoridad que para las investigaciones tuve, y por esa razón lo presenté. Sí recuerdo que cuando todo el equipo, de manera conjunta, le presentamos el informe al presidente Salinas, incluso con gráficas y videos, tal como lo presenté en el Senado de la República y a la señora Diana Laura, el presidente felicitó al equipo por el esfuerzo desarrollado, y así, por el esfuerzo desarrollado, no necesariamente por el resultado del informe''.

Las líneas de Islas

Cuando Olga Islas llegó al caso se ocupó sobre todo de la reorganización de las indagaciones. Definió 31 líneas de investigación de las que, informó, se resolvieron 22 durante su labor y dejó abiertas otras nueve para continuarlas hasta su conclusión.

Asimismo, vigiló los procesos pendientes para lograr la sentencia condenatoria de Mario Aburto, tanto en primera como en segunda instancia, aun cuando la última se dictó poco después de que ella dejara el cargo.

La fiscal se concentró también en conocer del propio Mario Aburto a sus posibles cómplices, sí los había, porque ''creo que todo lo relativo a una investigación de un autor intelectual debe partir del autor material; en los casos que he visto, en mi experiencia, el autor material señala a una persona, esa a otra o a varias y se abren los abanicos, pero cuando esa persona, como decía Aburto, esos pobres hombres (refiriéndose a los Mayoral), son inocentes, no se conecta con nadie, difícilmente puede uno empezar dando picotazos de ciego e investigar gente. Pero de que hay posibilidad de un autor intelectual, obviamente que la hay".

El segundo tirador, fracaso de Chapa

Pablo Chapa Bezanilla dio un vuelco más a la investigación cuando negó la tesis del giro de 90 grados del candidato que sustentó Miguel Montes, y reforzó la de la acción concertada, pero con la participación, aseguró, de un segundo tirador que habría disparado al abdomen de Colosio. Afirmó también que el proyectil encontrado en el lugar de los hechos fue sembrado.

La gestión de Chapa abarcó el proceso penal contra Othón Cortés Vázquez por homicidio calificado como autor del segundo proyectil, y contra Fernando de la Sota Rodalléguez y Alejandro García Hinojosa por falsedad de declaraciones, quienes dijeron haber visto a Aburto disparar en dos ocasiones. A mediados de 1995 también le fue comunicada la decisión de los tribunales federales que decretaron las sentencias absolutorias en favor de Tranquilino Sánchez y Vicente y Rodolfo Mayoral.

El desastre en las indagatorias que provocó Chapa Bezanilla con su hipótesis del segundo tirador comenzó el 24 de febrero de 1995, al consignar a Othón Cortés como probable responsable del delito de homicidio en calidad de cómplice o auxiliador, si bien al formular las conclusiones acusatorias se le consideró coautor.

La investigación tomó un nuevo rumbo porque se asumió que Mario Aburto no pudo accionar en dos ocasiones su arma de fuego, y que la lesión en sedal que se causó en el abdomen de Colosio fue producto de un segundo disparador: Othón Cortés.

Pablo Chapa recabó un segundo dictamen en criminalísticas que desmentía la existencia del giro de 90 grados de Colosio y determinó que al momento del segundo disparo, el agresor estaba detrás y a la izquierda del priísta, lo que fue interpretado como la existencia de un segundo agresor. Para el fiscal González Pérez no se describió entonces la posición víctima-victimario como técnicamente procedía.

Contra Othón Cortés se ocuparon los testimonios de María Belem Mackliz Romero, Jorge Romero Romero y Jorge Amaral Muñoz. Lo identificaron como un sujeto que iba junto al candidato con un arma de fuego, afirmando el último que incluso lo vio disparar, y el análisis e interpretación de los videos que hizo Pablo Chapa y su equipo sobre la secuencia fotográfica ubicaron al presunto victimario a su izquierda.

Con esos tres elementos de prueba se construyó la acusación contra Othón.

Esa imputación fue rechazada por el informe que del viernes pasado: "De los diversos testimonios de María Belem Mackliz, Jorge Romero y Jorge Amaral, así como de sus careos con el acusado, se desprende que lo vieron con un arma y solo el último llegó a afirmar que lo vio disparar. Sin embargo, estos señalamientos se contienen en una ampliación de declaración y no en los primeros atestos, por lo que el juez los consideró extemporáneos, incongruentes y contradictorios.

''Del análisis de las inspecciones judiciales acerca de los videocasetes, se aprecia que la mano derecha de Othón Cortés se posa sobre el hombro izquierdo del general Domiro García Reyes en el momento del primer disparo, por lo cual no era posible que en forma casi simultánea pudiera sacar un arma y disparar con dicha mano''.

También el replanteamiento de las investigaciones donde se sostenía que Mario Aburto no había realizado los dos disparos generaba una verdad distinta a la que se había sostenido, lo que implicaba que los testigos Fernando de la Sota y Alejandro García Hinojosa, que habían afirmado que Mario Aburto había hecho dos disparos, se habían conducido con falsedad. Sin esperar una decisión de las autoridades judiciales, Pablo Chapa ejercitó acción penal contra los dos testigos.

Pero el fiscal arrastró también al procurador Antonio Lozano Gracia, quien hizo eco de sus conclusiones y dio a conocer un nuevo hallazgo: ''El lugar de los hechos no solamente no fue preservado sino que fue arreglado, y con los elementos obtenidos hasta ese momento se llegó a la conclusión de que la bala fue sembrada e imperfectamente colocada entre los lagos hemáticos...''

El 18 de febrero de 1998, Chapa Bezanilla declaró ante el Ministerio Público sobre aquella intervención del procurador Lozano. La negó rotundamente.

-ƑDiga por qué en conferencia de prensa dijo que la ojiva fue sembrada? -se le inquirió.

-No sé por qué se haya dicho eso, y respecto de que se dijo que el lugar de los hechos había sido arreglado, la ojiva sembrada y los cuatro testigos que aseguran que el proyectil no correspondía al observado en el lugar de los hechos, supongo que debe obrar en actuaciones.

-ƑDiga qué elementos de prueba tomó en consideración para decir que la ojiva fue sembrada?

-No lo recuerdo; sin embargo, debe obrar en actuaciones.

Desde el espectacular anuncio de Pablo Chapa transcurrieron 18 meses para que el 7 de agosto de 1996 Othón Cortés fuera absuelto por la ''falta de confiabilidad de los los testimonios'' que lo incriminaron. La tesis principal del fiscal se vino abajo.

Seis años y siete meses después del homicidio, la PGR reiteró el viernes pasado que Mario Aburto actuó solo. Pero también calificó el trabajo de Pablo Chapa: ''Durante 20 meses que duró esa gestión, el giro de las investigaciones implicó una pérdida de tiempo atendiendo una tesis que no existía, que se pretendió presentar con elementos endebles que prontamente perdieron su eficacia... quedando reflejado que las imputaciones se basaron en percepciones del Ministerio Público''.