LUNES 23 DE OCTUBRE DE 2000
Ť La delegación podía proceder, aseguran
Lobohombo, sin amparo vigente que evitara su clausura: jueces
Ť Ofrece la Judicatura recibir quejas sobre corrupción de juzgadores
En respuesta a las críticas en contra de la justicia federal con motivo del incendio del pasado viernes en la discoteca Lobohombo, 10 jueces de distrito en materia administrativa con sede en el Distrito Federal afirmaron que el citado establecimiento no gozaba de ninguna suspensión provisional o definitiva vigentes, ''ni mucho menos un amparo otorgado que impidiera a las autoridades delegacionales (de Cuauhtémoc) clausurar el establecimiento''.
En un comunicado, los juzgadores agregaron que en todos los juicios de amparo promovidos por los representantes de ese establecimiento, se exhibió la licencia de funcionamiento y la respectiva revalidación, expedida el 15 de mayo del 2000 por la delegación Cuauhtémoc, sin que en ninguno de los juicios las autoridades de esa demarcación hubieran objetado la autenticidad de los documentos presentados, como tampoco demostraron a los jueces ''que hayan cancelado esos documentos''.
En tanto, el Consejo de la Judicatura Federal dio a conocer que ante los señalamientos públicos sobre presuntas irregularidades cometidas por los jueces de distrito, el organismo está en disposición de recibir quejas respecto a la actuación de los juzgadores federales, que pudieran implicar ''errores inexcusables o actos de corrupción'', con el fin de iniciar los procesos administrativos correspondientes.
Por otra parte, el comunicado de los jueces de distrito en materia administrativa adscritos en el Distrito Federal indica que cuando se otorga la suspensión provisional en este tipo de asuntos, ''es debido a que el quejoso exhibe la licencia de funcionamiento y revalidación vigentes''.
Añade que la suspensión provisional sólo tiene el efecto de paralizar "momentáneamente" los actos a que se refiere el quejoso en su demanda de amparo y únicamente respecto de las autoridades autorizadas en la licencia de funcionamiento, "quedando anulada la suspensión provisional en el momento en que se niega la definitiva".
Los juzgadores señalan que las autoridades delegacionales estuvieron en la posibilidad de inconformarse en contra del otorgamiento de una suspensión provisional, de acuerdo con el artículo 95, fracción XI de la Ley de Amparo, ''lo que en el caso de ese establecimiento no hicieron'', subrayan.
Más adelante el texto indica que con relación a los amparos 3737200, 434/2000 y 520/2000 promovidos ante el juez noveno de distrito en materia administrativo, Armando Cortés Galván, en ninguno de ellos se otorgó el amparo y se negaron las suspensiones definitivas los días 28 de junio y 16 de agosto de este año, respectivamente.
Insisten los juzgadores en que ''a partir de esas fechas, las autoridades delegacionales se encontraban en condiciones de clausurar el negocio''. Además de que estos juicios ya fueron sobreseídos por el juez respectivo.
En lo que toca al amparo 353/2000, promovido ante la juez cuarto administrativo, Guadalupe Rivera González, se negó la suspensión provisional a los propietarios del Lobohombo el 26 de mayo pasado.
Dicha determinación fue impugnada por los propietarios con un recurso ante el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, en el sentido de revocar la resolución de la juez, lográndose que se levantara la clausura el 14 de junio del 2000; sin embargo, el 7 de agosto del mismo año, la juez negó la suspensión definitiva por lo que corresponde a la clausura, quedando de nueva cuenta las autoridades delegaciones en condiciones de cerrar el establecimiento, subrayan los juzgadores.
Ť Investigaciones revelan que en el lugar laboraban menores de edad
Las muertes del Lobohombo no quedarán impunes: Del Villar
Ť Realizó una visita de inspección al inmueble siniestrado Ť Orden de presentación contra Iglesias
Angel Bolaños Sánchez Ť La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal cuenta ya con varios documentos que establecen como propietario de la discoteca Lobohombo a Alejandro Iglesias Rebollo, contra quien se giró una orden de presentación y se están integrando los elementos de responsabilidad para solicitar a un juez penal las órdenes de aprehensión correspondientes, informó el titular de la dependencia, Samuel del Villar Kretchmar.
Ayer, luego de una inspección en el inmueble siniestrado la madrugada del viernes, en el que perdieron la vida 19 personas, el funcionario aseguró que la procuraduría capitalina "entregará todo su esfuerzo para que estas muertes no queden impunes".
Añadió que de las mismas investigaciones se desprende que en el lugar laboraban menores de edad, situación que "tenemos que investigar a fondo" ya que podría desprenderse la imputación de actos ilícitos, como el de corrupción de menores.
El empresario no ha sido localizado aún por la Policía Judicial, admitió Del Villar, pero se tienen ubicados algunos lugares donde podría estar y explicó que para ampliar la búsqueda fuera de territorio nacional, en caso de que haya abandonado el país, como refieren algunas versiones, es necesario que exista una orden judicial de aprehensión. Por ello, indicó, "tendremos que integrar los elementos para poderlos presentar a la brevedad al juez y solicitar las órdenes de aprehensión respectivas".
El funcionario señaló que no se descarta aún que la incendio pudiera haber sido provocado, hasta en tanto se confirmen los estudios preliminares de los peritajes que establecen como hipótesis principal del siniestro un cortocircuito, posiblemente originado por el sobrecalentamiento de los cables que alimentan los tableros en la cabina de control de la iluminación.
"La obligación de la Procuraduría --insistió-- es realizar todas las investigaciones que permitan establecer el cuerpo del delito y a los probables responsables".
Desaparecidos
En el lugar se encontraban familiares de dos personas que laboraban en el centro nocturno, Rocío Ordóñez Vázquez de 26 años, y Francisco Javier Escobar de 38, quienes, aseguraron, se encuentran desaparecidas.
Al ver a Del Villar se acercaron para preguntar si entre los escombros habían encontrado más muertos. El funcionario explicó que el Ministerio Público giró ya una orden a la Policía Judicial para la ubicación de estas personas, no obstante que los estudios de identificación que realiza la Coordinación de Servicios Periciales no han concluido y en el Servicio Médico Forense hay 13 cuerpos que no han sido reconocidos.
Desde el pasado viernes, informó la Fiscalía Desconcentrada en Cuauhtémoc, se presentaron declarar 17 personas que citaron a algún familiar como desaparecido, de estos algunos nombres se repetían de manera que el número real era de 11 personas, seis mujeres y cinco hombres: Maricela Estrada López, Nancy Ivone Martínez Collazo, Rosario Gordillo Palacios, Elia Gutiérrez Carbajal, Carmen "N" y Rocío Ordóñez Vázquez, así como José Hernández Espinoza, David Irán Hernández Morales, Edmundo Espinal, Francisco Becerril Villanueva y Daniel de Jesús Segura Morales.
Mientras tanto, de los 19 cuerpos que fueron llevados al Semefo y de los cuales sólo han sido reconocidos seis, todos ellos varones, al identificar sus familiares algunos objetos que poseían, los forenses habían determinado que 12 pertenecen al sexo masculino, seis al femenino y sólo faltaba por determinar el de uno de ellos.
Urgente, reformarla Ley de Amparo: Clara Brugada
La diputada local Clara Brugada, integrante de la Comisión de Desarrollo Urbano de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, aseguró que al inicio de la presente administración, más de 90 por ciento de giros negros que existen en la ciudad operaban mediante amparos, lo que impidió su clausura.
Señaló que en la delegación Cuauhtémoc hay por lo menos 150 giros negros amparados, entre ellos: El Jefe de Jefes, Los Mismos, La Malinche, Bar Irene, El Trébol, La Víbora, Bar Roll, El Gran Barón, Las Roscas, entre otros.
De hecho, dijo que los dueños de esos establecimientos están tranquilos con su modus operandi, porque saben que con algunos jueces pueden, fácilmente, conseguir varios amparos y evadir las clausuras decretadas por la autoridad delegacional.
Ante esta situación, la legisladora urgió a sus compañeros del PRD, así como a los del PAN, PRI, PVEM, PDS y Convergencia por la Democracia, a elaborar una iniciativa de reformas a la Ley de Amparo y se envíe en lo inmediato a la Cámara de Diputados.
Esto, dijo, tendrá que hacerse lo más pronto posible, pues hay muchos casos en que los dueños de giros negros consiguen un amparo en menos de 24 horas y continúan con ello representando un serio riesgo social y de salud pública para miles de personas, principalmente los jóvenes.
De igual manera, comentó que se requiere tener un marco legal que se cumpla y obligue a los dueños de ese tipo de negocios a cumplir con los requisitos de ley y garantizar la seguridad de quienes los frecuentan, esto ayudará a reducir los siniestros como el ocurrido en el Lobohombo.
Brugada Molina precisó que es en las delegaciones Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Iztapalapa e Iztacalco donde se localizan las zonas con el mayor porcentaje de sitios de alto impacto, y ahí también es constante la queja de los vecinos ante las molestias que a ellos les ocasionan, pues aunado a ellos se da la venta de estupefacientes y la prostitución, incluso infantil. (Raúl Llanos S.)