La previsible resolución del Consejo Electoral de Tabasco, que anoche atribuyó al candidato priísta a gobernar esa entidad, Manuel Andrade, la victoria en los comicios realizados ocho días antes, constituye la consumación de un fraude a la voluntad popular como no se había visto en todo este sexenio. 

Las mañas más incivilizadas del aparato priísta --relleno de urnas, falsificación y adulteración de actas, sustracción de sufragios favorables a la oposición, coacción y compra del voto, escandalosa parcialidad del poder público, cooptación y sometimiento de los medios informativos locales, entre otras prácticas de distorsión de la decisión ciudadana-- se tradujeron, a la postre, en una ventaja pírrica de ocho mil votos a favor del aspirante del madracismo sobre su más cercano oponente, el perredista Raúl Ojeda Zubieta. 

Desde su vergonzosa sumisión al aún gobernador Madrazo, los integrantes del órgano electoral --con la honrosa excepción del consejero Joaquín Díaz Esnaurrizar, quien dijo que entre sus colegas se sentía "como en la mafia siciliana" y quien pidió no avalar la elección? pretende hacer creer a la sociedad tabasqueña y a la nacional que el principio de que en la democracia se gana o se pierde por un solo voto es aplicable a Tabasco, donde las marrullerías y los desaseos organizados desde la Quinta Grijalva a favor de Andrade Díaz tuvieron una importancia mucho mayor, en los resultados electorales, que los alegados ocho mil sufragios de diferencia con la votación de Ojeda Zubieta. 

En el guión elaborado por Madrazo Pintado, el siguiente episodio del fraude tendría que ser la ratificación, por parte del Tribunal Electoral del estado, de los impresentables resultados finales oficializados anoche por el Instituto Electoral. De esa manera, se pretende imponer a Tabasco y al país un retorno a los peores tiempos del partido oficial, cuando el Ejecutivo, el organismo tricolor y la autoridad comicial eran una sola y la misma cosa, y cuando la maquinaria electoral fabricaba mayorías priístas independientemente de las cifras que arrojaran las urnas. 

Ante este ensayo de regresión caciquil incompatible con el proceso de democratización que vive México, el presidente Ernesto Zedillo y el presidente electo, Vicente Fox, tienen el deber insoslayable de tomar posición del lado de la limpieza electoral y contra el ejercicio del fraude. Propiciar, así fuera por omisión, una consolidación del liderazgo corrupto y corruptor de Madrazo Pintado en el sureste --y peor aun: en los órganos de dirección nacional del PRI-- sería una forma de negar los enormes avances cívicos logrados en la elección federal del 2 de julio. La administración saliente bien puede evitarse esa mancha final en la historia del sexenio, y la entrante debe eludir el desgaste político prematuro que le significaría aceptar, de entrada, convivir con una delincuencia electoral impune como la que se aferra al poder en Tabasco.