LUNES 23 DE OCTUBRE DE 2000

Ť CIUDAD PERDIDA

Ť Miguel Angel Velázquez Ť

Ť Lobohombo, tragedia que apesta a corrupción Ť Urge revisar a fondo

Será muy difícil probar, con certeza legal, quién o quiénes son los culpables de la tragedia en la discoteca Lobohombo.

Pareciera que todos, autoridades y dueños, tienen algo de culpa, pero lo que resulta innegable es el cúmulo de actos de corrupción con los que logran funcionar este tipo de negocios, bien llamados giros negros.

Sean las fallas administrativas de los funcionarios en Cuauhtémoc, las complicidades de los jueces, la corrupción imperante o lo que fuera, lo cierto es que el salón de baile seguía funcionando y deberán ser analizadas, una y otra vez, las actuaciones de todos quienes tuvieron que ver con la operación del negocio para establecerlos, cómo de su funcionamiento.

De cualquier forma, la tragedia apesta a corrupción. Y es que en muchos de estos antros todo está fuera de ley, pero todo existe. Las voces de alerta se han dado en este gobierno desde hace tres años; los datos que hablan del aumento en el consumo y por tanto en el tráfico de drogas han encendido todos los focos rojos, pero los giros negros, en lugar de disminuir, parecen haber aumentado.

Y no es que uno quiera aconsejar la desaparición de estos lugares, más bien, lo deseable sería que su existencia estuviera normada por la ley. Drogas, bebidas adulteradas, prostitución, robo, lesiones, discriminación, toda esta enorme lista de actos ilícitos se suceden cotidianamente y de nada sirven las denuncias, los discursos y ni siquiera las clausuras, la mafia de los antros sigue adelante.

La explicación, entonces, resulta tan simple que parece juego de niños: Corrupción, nada más ni menos, corrupción. El gobierno actual, sea como sea, no se ha convertido en cómplice de esta cadena de actos ilícitos, pero tampoco ha logrado desterrar la herencia negra de los gobiernos priístas.

Faltó tiempo, eso es indudable. Era previsible que en tres años, sin la ayuda del gobierno federal, el poder local pudiera extirpar el mal, pero también es cierto que faltó decisión por parte de algunos delegados para hacer cumplir la ley.

Jorge Legorreta, a quien no se le podría culpar de corrupto, estuvo tan atento a tratar de quedar bien con todos, que se volvió suave, débil frente a un poder real, el de las mafias actuantes en la delegación Cuauhtémoc.

Ahora, Dolores Padierna empezó su mandato con las amenaza de cerrar antros, pero de inmediato sucede la tragedia y el PAN echa sombras de duda sobre su decisión, es más, la culpa de haber realizado acuerdos con el dueño del Lobohombo.

La delegada, por supuesto, lo niega y refrenda su dicho: ir en contra de los antros fuera de la ley, es decir declara la guerra en contra de la mafia con los costos que ello pueda implicar, aunque esto es, por el momento, mera declaración. La guerra aún no entra en su fase de acción.

Por el momento deberá existir, a convocatoria de la jefa de Gobierno, Rosario Robles, un acuerdo entre todas las autoridades que intervienen en la vida de este tipo de lugares, pero principalmente entre la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y la Secretaría de Seguridad Pública, para iniciar una cruzada, si así puede llamarse, para hacer respetar la ley en los giros negros.

No se trata de decirle a nadie cómo se debe gobernar, pero resulta obvio que sin la participación de las autoridades en su conjunto se pueda lograr algo en contra de la mafia. Además, debe tenerse en cuenta que este problema no es nada más de la delegación Cuauhtémoc, sino de toda la ciudad.

La revisión, por ejemplo, de los requisitos para otorgar una licencia para la venta de vinos es urgente. Al descubierto quedó que el dueño del Lobohombo ha monopolizado la parte más negra de los antros.

Es decir, a Alejandro Iglesias se le permitió convertirse en un magnate de la noche, manejar prostitución y drogas, seguramente, pero también por lo que se puede ver, la voluntad de los jueces que no nada más a este antro, sino a muchos de ellos, les han permitido operar en la ilegalidad protegidos por el sagrado manto del amparo.

Y es allí, en la competencia de los jueces, donde habrá que trabajar a marchas forzadas. Las decisiones de los jueces han puesto acento de impunidad a las mafias y seguramente ellos, los jueces, lo saben y lo consienten.

Las instituciones en el país, o casi todas, se hallan cuestionadas y su credibilidad se ha visto menoscabada porque en sus decisiones tal vez intervenga algún argumento legal, pero cuando menos en lo que hace a los jueces no todas esas decisiones parecen justas.

Y bueno, hasta hora no pasa nada, pero de seguir así, seguramente pasará. Ya veremos.

El e-mail

Mucho agradezco los correos electrónicos de quienes escriben para proporcionarme algún tipo de información para este espacio. Seguimos en el asunto de los porros. Pronto habrá noticias.

 

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