LUNES 23 DE OCTUBRE DE 2000
Ť Versión del diario argentino Página 12
De la Rúa "intenta impedir" la extradición de Cavallo
Ť Carlos Becerra, nuevo titular de la SIDE; sustituye a De Santibañes
Stella Calloni, corresponsal, Buenos Aires, 22 de octubre Ť Jaqueado por diversos frentes abiertos y por una crisis política, económica y social, el gobierno del presidente Fernando de la Rúa se enfrenta a otras serias sospechas periodísticas, como la versión de que estaría elaborando una estrategia para impedir la extradición a España del ex oficial de la marina, Ricardo Miguel Cavallo, detenido en México y acusado de crímenes de lesa humanidad durante la pasada dictadura militar(1976-1983).
El pasado 20 de octubre el mandatario dijo que era necesario resolver de acuerdo a la "ley, la justicia" las causas judiciales abiertas en España contra los responsables del virtual genocidio durante la pasada dictadura militar (1976-1983), y advirtió que "el problema se plantea entre las leyes de jurisdicción española y las de jurisdicción argentina". A su vez, el grupo de Almirantes Retirados de la marina argentina exigió al presidente que apoye a los "oficiales de baja graduación" que están detenidos en el exterior.
Rodeado de un ambiente tenso, esta noche De la Rúa finalmente anunció -a través de su vocero oficial- el nombramiento de Carlos Becerra, en la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) después de la renuncia del polémico Fernando de Santibañes.
Asimismo Horacio Jaunarena, también de la Unión Cívica Radical (UCR), ocupará la Secretaría General de la Presidencia, la diputada Nilda Garré, del Frente País Solidario (Frepaso) será viceministra de Interior, y el economista Marcos Makón, también frepasista, asumirá la secretaría de Coordinación general, la vicejefatura de Gabinete.
El ex intendente de la ciudad de Buenos Aires, Enrique Olivera (UCR), fue designado presidente del Banco de la Nación, cargos que jurarán mañana, en un intento del primer mandatario por equilibrar la situación y recomponer la Alianza, antes de viajar a España.
La versión sobre el intento oficial para impedir la extradición de Cavallo, acusado de secuestros, asesinatos y torturas en España, fue sustentada por el periodista Horacio Verbitsky en su nota dominical de Página 12. Hasta el momento de su detención en México, Cavallo se desempeñaba en ese país como director del Registro Nacional de Vehículos (Renave). El gobierno "procura activar una causa aquí por apropiación de bienes de personas detenidas-desaparecidas por la dictadura militar, que permitiría oponer otro pedido de extradición al que ya formuló por los delitos de genocidio, torturas y terrorismo el juez español", señala Verbitsky. Y añade que una vez en Argentina Cavallo sería liberado por insuficiencia de pruebas.
Asimismo, menciona que existirían dos delegados oficiales de confianza del renunciante secretario de la Side, Fernando de Santibáñez y del propio mandatario, con intervención de la camarista federal Luisa Riva Aramayo, quien a su vez nombraría al juez "apropiado" para este caso. Aunque el gobierno argentino había asegurado que sólo daría asistencia consular de rutina al ex marino, por debajo habría estado preparando esta salida, según Verbitsky, cuya versión puso en guardia a los organismos humanitarios locales y a las numerosas víctimas sobrevivientes de la temible Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).
Compara Verbitsky esta causa con lo sucedido cuando la acción de algunos camaristas locales, impidió la extradición a España de Amira Yoma, ex cuñada del ex presidente Carlos Menem, solicitada por el mismo juez Garzón para indagarla por presunto lavado de dinero proveniente del narcotráfico. Yoma era secretaria de Menem y fue acusada junto a su entonces marido, Ibrahim Al Ibrahim, ex agente de inteligencia sirio, de ingresar dinero de lavado, tema en el que no estarían ajenos otros funcionarios del anterior gobierno, y que fue sepultado en una maraña judicial.
En una extensa nota, Verbitsky menciona una larga cadena de complicidades en la SIDE, desde los tiempos de la saliente administración, algunos de cuyos personajes estarían mezclados en este nuevo episodio. Y también se menciona al cuñado del presidente de la Rúa, el almirante Basilio Pertiné, una figura de la marina, cuya actuación durante la pasada dictadura está en tela de juicio y sobre el que se han disparado denuncias periodísticas y sospechas fuertes.
El mecanismo a utilizarse en el caso de Cavallo podría ser apresurar una causa abierta por la desaparición del contador Conrado Gómez, durante la pasada dictadura, cuyo hijo Federico denunció este hecho y el saqueo de los bienes, acusando al ex capitán Alfredo Astiz y los grupos de Tarea de la ESMA, entre otra cantidad de juicios que se llevan adelante aquí sobre el mismo tema."Sería escandaloso que México diera prioridad a (los crímenes) de menor entidad (como sería el robo de bienes) sólo en atención al origen nacional del reclamo", advierte Verbitsky:
Otro de los temas que estuvo en el candelero, en el tema de los derechos humanos, fue el nombramiento de Virgilio Loiácono -al que se vincula directamente con la pasada dictadura militar, ya que fue asesor de la Secretaría General de la Presidencia entre 1976 y 1978- quien en los cambios de gabinete dispuestos por De la Rúa asumió el cargo de secretario Legal y Técnico de la presidencia, el pasado día 5.