LUNES 23 DE OCTUBRE DE 2000

Ť Lagunas jurídicas impiden que proteja garantías esenciales, según el ministro

"Urgente", modernizar la Ley de Amparo, señala Castro y Castro

Ť Inquietud en el Poder Judicial por la propuesta foxista de no incrementar fondos para el sector

Jesús Aranda Ť El ministro de la Suprema Corte de Justicia Juventino V. Castro y Castro advierte que, ante el hecho de que la figura del amparo (que data de 1847) se aleja cada vez más de los intereses de la sociedad debido a las lagunas jurídicas que impiden su correcta aplicación, es urgente modernizar ese instrumento jurídico para que realmente defienda los derechos fundamentales del individuo.

A unos días de que se realice el Congreso Nacional Jurídico en el que se aprobará el proyecto de una nueva Ley de Amparo, Castro y Castro señala tres síntomas inequívocos que muestran la necesidad de que la controvertida norma sea modificada: la creación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos; el enfrentamiento de hace casi tres años entre la Suprema Corte y la Procuraduría General de la República derivada de la actuación de los jueces y, por último, la falta de cumplimiento de las sentencias judiciales.

En entrevista con este diario, Castro y Castro reconoce también la preocupación de los ministros que integran el pleno del máximo tribunal de justicia del país por la propuesta del equipo de transición de Vicente Fox en el sentido de que el presupuesto del Poder Judicial Federal para el 2001 sea similar al de este año (8 mil 75 millones de pesos), cuando la necesidad de modernizar la impartición de justicia y de crear nuevos juzgados y tribunales demandan un incremento de al menos 100 por ciento.

Respecto a la propuesta de nueva Ley de Amparo, Castro y Castro precisa que en el marco legal vigente el ciudadano común no cuenta con apoyo legal en cuestiones de derecho civil, administrativo y laboral al no disponer de defensores de oficio que lo auxilien, lo que en la práctica implica que "no haya nadie que lo defienda".

Además, indica, el amparo es cada vez más "técnico, complicado y tardado", lo que se refleja en que cada vez hay un mayor rezago de asuntos en los tribunales.

Sin embargo, para el ministro los "síntomas duros" que revelaron la necesidad de una nueva ley de amparo fueron, principalmente, "el nacimiento de las comisiones de derechos humanos, que nadie lo ha podido entender porque, precisamente, lo que defiende el amparo son los derechos humanos. Entonces, Ƒcómo puede haber una comisión de derechos humanos que da recomendaciones frente a un juicio de amparo en el que las sentencias son ejecutables?". Reconoce que es evidente que la normatividad vigente estaba fallando porque se crearon organismos no jurisdiccionales para el mismo objeto que sirve el amparo.

Otro síntoma "muy grave" surgió con la "polémica terrible" entre quienes procuran la justicia y los que la imparten. "Para decirlo claro, entre la PGR y el Poder Judicial Federal (en 1997), que hizo crisis y que nos obligó a los ministros a publicar un desplegado. Aunque se nos criticó que no era la forma, lo cierto es que políticamente no había otra modo porque son poderes distintos, chocan el Ejecutivo con el Judicial y nosotros somos quienes debemos buscar la armonía. Entonces preferimos exponerle al público una posición, cuál era más extrema, no tanto la acusación de que la procuraduría examinaba muy bien los asuntos, los llevaba muy bien documentados y los sinvergüenzas jueces dejaban a los delincuentes que se fueran a la calle. No era tanto eso. Cuando la procuraduría se atrevió a decir que había que modificar la Ley de Amparo comprendimos que el ataque era muy severo, que podía en un momento dado echarse a perder esta maravilla que es nuestro amparo, que es lo que nos ha sacado en todos los tiempos de muchísimas dificultades. Y entonces hubo una voz de alerta".

Según Castro y Castro "era necesario que la procuraduría entendiera cuál es su papel y que entienda cuál es el nuestro", y se llegó a la conclusión de que era necesario elaborar un proyecto de ley que lleva más de un año desde que se inició su proceso de elaboración y que será aprobado en el Congreso Jurídico que se llevará a cabo del 6 al 8 de noviembre próximos.

Al hablar sobre la participación que han tenido juzgadores, académicos, litigantes, especialistas en la elaboración de este proyecto de ley, el ministro subraya:

"Mire, el amparo no es patrimonio de nadie. Yo diría que es patrimonio de la humanidad, pero es un patrimonio mexicano, puesto que al fin y al cabo aquí nació, aunque después se haya hecho universal, y no hay persona, del pasado, del presente o del futuro, que pueda alegar que es la dueña de la Ley de Amparo y que sólo ella la puede manejar". Y hace un llamado a "olvidarnos de nuestros intereses particulares y ponernos muy empeñosamente a lograr una nueva ley, entendiendo por nueva lo que quieran, una modificada o una totalmente distinta, pero que simplemente deje atrás los problemas que tiene, para que se tenga un mayor acceso a la justicia".

Y subraya el propósito de crear una nueva legislación: "Primero, incorporar la mejor experiencia de la jurisprudencia de la Corte en la materia; segundo, que sea el comienzo de una simplificación: el amparo debe de ser lo más sencillo posible, se le está quitando su esencia, la defensa de los derechos fundamentales del individuo, y tercero, llenar lagunas jurídicas por todo lo que hemos visto que no estaba previsto en la legislación original y que debemos empezar a preverlo, así como complementar la actual ley, porque es la falla que se tiene. Cuando ministros, magistrados o jueces dictamos una resolución y no se cumple, es cuando surge el problema, porque si la justicia le da la razón a alguien y se le dice que se va a cumplir pero no le dicen cuándo, entonces dicen 'al cuerno con esta ley de amparo' y se desvirtúa el sentido de justicia que debe imperar".

Sobre todo, indica, cuando acontece, por ejemplo, que un ejido resulta beneficiado por una resolución judicial sobre un terreno que estaba en litigio, pero que en el marco del proceso legal que duró años, el predio en disputa resulta que ya está urbanizado y es materialmente imposible cumplir con la resolución y resulta que de nada sirvió un litigio que se llevó años, con el consecuente desencanto en la justicia.

Respecto a la modificación que sufrirá la llamada Fórmula Otero -contemplada en el proyecto de ley-, el ministro precisa que se dejarán de aplicar leyes inconstitucionales cuando el pleno de la Corte vote en este sentido en tres ocasiones consecutivas; pero en materia de amparos la aplicación será individual. El ministro destacó que es infundado el temor de algunos de que al tener la Corte la posibilidad de anular leyes inconstitucionales el máximo tribunal se convierta en una especie de suprapoder. La Corte, a través de las controversias o acciones de inconstitucionalidad ya ha invalidado leyes y en el país "no pasó nada, no se cayó México", como tampoco hubo un enfrentamiento entre poderes por esta situación.

Las razones de la preocupación

-Hablando de poderes, una cuestión fundamental para un poder es tener los suficientes recursos y autonomía financiera.

-Sí, y en el caso nuestro hemos llegado a un tope curiosísimo: no tenemos dinero para instalaciones, no tenemos dinero para el personal, para sueldos, ša ese extremo terrible! Sí, este problema del presupuesto puede resolverse a través el establecimiento de un presupuesto fijo para el Poder Judicial Federal. Esto quiere decir: si el gobierno aumenta el presupuesto, bueno nos aumenta a nosotros, ahora si el gobierno disminuye el presupuesto, nos disminuiría a nosotros, esto es además un problema relacionado con la autonomía y con la independencia, evidentemente. ƑPor qué? Si un poder tiene que acercarse a otros poderes y decirles: necesito dinero, necesito más, Ƒdónde está la autonomía?

Sin embargo, aclara que si bien el Poder Judicial Federal debe ser autónomo en el manejo de sus recursos, eso no quiere decir que no rinda cuentas, porque "todo peso y centavo" que recibe es fiscalizado por la Contaduría Mayor de Hacienda.

Para los ministros, explica, el problema del presupuesto es fundamental porque de su incremento depende la creación de nuevos juzgados y tribunales y con ello avanzar en el abatimiento del rezago existente. Sin embargo, dice, el equipo del presidente electo ha señalado que el presupuesto del año 2000 será similar al de este año, lo cual es insuficiente, si se toma en cuenta también que Vicente Fox ha propuesto que los tribunales que están actualmente en la esfera del Ejecutivo federal pasen al Poder Judicial (fiscal, contencioso administrativo, las Juntas Federales de Conciliación y Arbitraje y el Tribunal Agrario).

Según cálculos del Poder Judicial Federal, en caso de concretarse dicha integración su presupuesto tendría que pasar de 8 mil 75 millones programados para este año, a más de 34 mil millones de pesos para el año 2001.