DOMINGO 22 DE OCTUBRE DE 2000

Ť Aún se obstaculiza la participación de la IP en plantas de tratamiento hidráulico


Limitado, el acceso a servicios de agua y alcantarillado, dice el DIF

Ť Situación crítica en zonas rurales, donde sólo 33% de la población tiene sistema sanitario adecuado

Angeles Cruz Ť En México, el acceso a los servicios básicos todavía es limitado. Un ejemplo son los sistemas hidráulicos, ya que sólo 88 por ciento de la población tiene agua potable, y 73 por ciento cuenta con alcantarillado. La situación más crítica se vive en las zonas rurales, donde sólo 33 por ciento de los habitantes dispone de un mecanismo sanitario adecuado para la eliminación de excretas.

Lo anterior quedó establecido en el informe que el gobierno de México presentó sobre los avances en el cumplimiento de los compromisos asumidos en la Cumbre Mundial en Favor de la Infancia, en el cual también admite que en el área de agua y saneamiento ambiental han persistido carencias técnicas, operativas y económicas que han impedido la mejoría en las condiciones de vida de la gente que vive en las zonas marginadas del país.

El documento fue presentado por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, durante la quinta reunión ministerial que tuvo lugar en Jamaica en días pasados. Menciona que en los últimos 10 años ha habido avances, pero aún no se logra una cobertura de 100 por ciento de la población. En el caso del alcantarillado, pasó de 61 por ciento, en 1990, a 73 por ciento en 2000, lo que significó un beneficio para 22 millones de habitantes.

En 1990 apenas una entidad federativa contaba con una cobertura mayor a 85 por ciento, y para este año se estima que siete estados alcanzarán este porcentaje, mientras que se reducirá de 26 a 11 el número de estados con una cobertura inferior a 70 por ciento. Aun así, se explica en el informe elaborado de manera interinstitucional, al final de 2000, 88 por ciento de la población urbana y 33 por ciento de la rural contarán con este servicio.

Otro aspecto pendiente de resolver es el tratamiento de aguas residuales. Hasta diciembre de 1998, que es el reporte más reciente, se tenían en inventario 914 sistemas de tratamiento a nivel municipal, con lo que 21.8 por ciento del total de aguas residuales procedentes de localidades urbanas a nivel nacional recibían tratamiento. En relación con las descargas de aguas residuales de la industria, apenas se trataba 13 por ciento, en mil 354 plantas.

Respecto al acceso universal al agua potable comprometido por México en 1990 ante la Cumbre Mundial en Favor de la Infancia, el informe explica que la cobertura alcanza a 88 por ciento de la población. En la última década se sumaron 23 millones de personas al sistema. Mientras en 1990, 11 estados tenían una cobertura superior a 85 por ciento, para 2000 este número será de 23, en tanto que pasarán de ocho a cuatro los estados que tendrán una cobertura menor a 70 por ciento.

Con el fin de subsanar esta carencia, el gobierno federal impulsó una serie de programas de subsidio y concesión a particulares de la administración e inversión de los sistemas de agua potable. El acceso a este servicio conduce a mejores condiciones de higiene de los mexicanos y, por lo tanto, a la disminución del riesgo de enfermedades como el cólera, que en 1995 afectó a más de 16 mil personas.

El informe presentado por el DIF nacional señala que de los diversos aspectos esenciales que condicionan el mejoramiento del sector de agua y saneamiento, destaca que la mayoría de los organismos operadores tienen carencias en los ámbitos técnico, operativo y financiero y, en promedio, sus indicadores de eficiencia son bajos.

Además, la participación privada en los servicios de agua potable y alcantarillado, que puede ser un instrumento útil en el mejoramiento de los sistemas, ha sido hasta ahora limitada y ha enfrentado dificultades de diversos tipos.

El resto del informe da cuenta de los avances obtenidos en materia de salud de la población, las coberturas de vacunación infantil, la erradicación de enfermedades como poliomielitis, difteria y sarampión, disminución de la mortalidad de menores y de la incidencia de infecciones respiratorias agudas y diarreas, entre otros asuntos, como los relativos a la situación de la mujer, la perspectiva de género y la atención otorgada a los menores en circunstancias difíciles.