SABADO 21 DE OCTUBRE DE 2000

Ť Abogados falsifican documentos, dice


Red del crimen organizado protege a giros negros: ex jueza

Ť Es competencia federal actuar contra jueces: Manuel Fuentes

Elia Baltazar Ť Una red del crimen organizado protege el funcionamiento de giros negros en la ciudad de México y en ella están involucrados abogados, servidores públicos y autoridades judiciales y policiacas de diversos niveles.

Así explica la ex juez de distrito y ex magistrada, Diana Bernal, la "impunidad" que ampara el funcionamiento de bares y discotecas, "convertidos en centros del hampa" donde "se promueve el tráfico de drogas y la prostitución".

Actual subdelegada jurídica y de Gobierno en Iztapalapa y ex titular en Iztacalco, Bernal conoce el modus operandi de "estas mafias", de las cuales incluso enfrentó denuncias penales por abuso de autoridad.

Los operadores de los dueños de giros negros son "pandillas de abogados", que en el medio se conocen como buhítos, dedicados a la falsificación de documentos que son certificados en notarías "poco serias", sobre todo en el estado de México.

"Obtienen por diversos canales papelería con membrete de las delegaciones o del Gobierno capitalino. Así extienden el permiso para el lugar, para operar como establecimiento con venta de bebidas alcohólicas y variedad. Al calce aparece el nombre de un funcionario y una firma apócrifa o el nombre de otra persona con la observación PA (por ausencia)".

Ya elaborado y certificado el documento, que la mayoría de las veces no cuenta con folio ni fecha, los abogados lo llevan ante los jueces, explica la ex delegada.

Agrega que ingresan sus solicitudes a diversos juzgados y en aquellos donde se percata el juez que los documentos son falsos, se desisten. Es decir, se cancela el proceso, pero se olvidan de iniciar la denuncia por falsificación.

Si antes los buhítos daban domicilios falsos para notificarlos sobre las audiencias, ahora ni siquiera lo hacen. "Esperan que se les notifique por lista, y utilizan en la demanda de amparo nombres falsos".

"Con estos papeles falsos consiguen los amparos", dice. No obstante, asegura que en la mayoría de los casos los jueces no actúan por corrupción, sino por mala interpretación de la ley, indolencia o sobrecarga de trabajo.

"Se trata de gente con mucho poder, que tiene coptado el negocio y compradas a autoridades policiacas y judiciales", dice.

"No puede ser de otra manera, pues sólo así se entiende que no se sigan las averiguaciones previas que las autoridades inician luego de operativos en los que se encuentra en estos establecimientos vino adulterado, prostitución ejercida por menores de edad, y tráfico de drogas".

Laura Gómez y Gabriela Romero Ť Las autoridades locales cuentan con una relación de los jueces que han emitido el mayor número de amparos a favor de establecimientos mercantiles, informó Manuel Fuentes, consejero jurídico del Gobierno del DF. Sin embargo, explicó que no es posible proceder en su contra porque esta decisión corresponde al Consejo de la Judicatura Federal.

Fuentes explicó que la jurisprudencia 12/90, aprobada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, permite a los jueces otorgar amparos a favor de giros negros, para romper las clausuras sin la presentación de pruebas suficientes y sin investigación de por medio.

Así, los quejosos evitan el cierre de los negocios y mantienen a las autoridades delegaciones al margen, pues si el delegado viola el amparo no sólo se le destituye, sino aun es posible consignarlo, gracias a los vacíos legales que existen, y que permiten a los dueños actuar con impunidad.

Explicó que si bien la designación de un juez se hace por sorteo, cuando cae en un juzgado contrario a los intereses de los dueños de giros negros se desisten de la solicitud de amparo y esperan el momento para interponer otra petición, a fin de que el caso quede en manos de jueces que tienen un historial a favor de esos
establecimientos.

Para el consejero jurídico capitalino una solución es emitir una nueva tesis de contradicción o reformar la Ley de Amaparo, para limitar a los jueces para tomar esas medidas a favor de los giros negros.

Por su parte, el abogado y maestro emérito Raúl Carrancá, consideró que "resulta muy raro", el número de amparos que consiguen centros nocturnos como el Lobohombo, o el Titanium, que tiene en su haber 50 amparos. Por eso, exhortó a las autoridades: "Si se tienen pruebas de actos ilícitos deben presentarse ante el Consejo de la Judicatura, para fincar las responsabilidades correspondientes".

Coincidió con Diana Bernal en que la impunidad que rodea a los giros negros es resultado de confabulaciones. Y "no estoy dando nombres porque no sabes quién o quiénes son los responsables, pues no hay una investigación a fondo".

Dijo que ante posibles irregularidades en la actuación de jueces de distrito, éstos se pueden hacer acreedores a una multa, su destitución y aun a que se finquen responsabilidades penales en su contra.