SABADO 21 DE OCTUBRE DE 2000

Ť Putumayo, fuera de control gubernamental

Sufre el ejército colombiano 54 bajas en la lucha antiguerrillera

Ť Descarta Pastrana lanzar una "guerra total" contra los rebeldes

Reuters, Afp, Dpa y Ap, Santafé de Bogotá, 20 de octubre Ť El ejército colombiano sufrió hoy uno de sus peores reveses en la lucha contra la guerrilla con la muerte de 54 militares, que incluyen a los 22 ocupantes de un helicóptero que la víspera cayó en una de las zonas de combate, mientras que la situación en la región de Putumayo parecía fuera de control gubernamental.

Una incursión de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en la población de Dabeiba, en la estratégica zona bananera de Urabá, Antioquia, provocó al ejército 30 bajas, y también dos policías murieron. Además, los rebeldes destruyeron allí el cuartel castrense, la sede de la alcaldía y varias viviendas.

Los rebeldes, que también atacaron Bagadó, en el vecino departamento de Chocó (donde también destruyeron el cuartel, la alcaldía y la oficina de la empresa estatal de telecomunicaciones), habrían sufrido "más de 50 bajas" que no se han podido comprobar, dijo el general Gabriel Contreras.

Contreras, de la primera división del ejército, confirmó las bajas militares, dijo que los cadáveres fueron trasladados Medellín, que los guerrilleros utilizaron explosivos y otras armas no convencionales y que los poblados atacados ya fueron recuperados por el ejército.

El comandante de la fuerza aérea, general Héctor Velasco, confirmó por su parte la muerte de los 18 soldados y cuatro tripulantes del helicóptero Black Hawk, de fabricación estadunidense, que la víspera se estrelló cuando se disponía a dar apoyo a los militares en Dabeiba.

Velasco insistió en que se trató de un accidente y no de una acción de la guerrilla, aunque algunas versiones de la prensa local hablaron de un disparo contra el aparato.

Los Black Hawk tienen un costo de 12 millones de dólares cada uno y el ejército colombiano cuenta con 14 de esos helicópteros de transporte de tropas. Colombia debe recibir otros 18 aparatos similares para el 2001 como parte del paquete de ayuda militar por mil 300 millones de dólares de Washington para el Plan Colombia.

El presidente Andrés Pastrana, quien ordenó una ofensiva contra las FARC en distintos frentes para "restablecer el orden", condenó la cruenta incursión de la insurgencia de su país, pero descartó lanzar una "guerra total" contra los rebeldes.

Alabó además el "sacrificio" de los soldados caídos, pero apuntó que las nuevas acciones armadas no lo harán desistir de su búsqueda de una salida negociada al conflicto, aun cuando hay gente que "aplaudiría con regocijo ir a una guerra total".

Poco antes de regresar a Colombia desde Manaos, Brasil, el comandante de las fuerzas armadas, general Fernando Tapias, vaticinó que las FARC sólo podrán sostener su ofensiva por unas "dos o tres semanas", pues no tienen capacidad para más, pero, dijo, "hacen un esfuerzo" por oponerse al Plan Colombia con estos ataques.

Sin embargo, la mayor guerrilla lleva más de dos semanas sosteniendo fuertes combates con paramilitares de derecha en Putumayo, donde más de 4 mil campesinos e indígenas se han visto forzados a huir hacia la frontera con Ecuador en busca de refugio.

El ejército, que no había intervenido en ese conflicto, ahora envió tropas. A pesar de esta decisión, informes provenientes de Putumayo sugerían que el gobierno prácticamente habría perdido el control de la región, pues los rebeldes mantienen allí un paro armado desde hace un mes y amenazan con ampliarlo hasta febrero próximo.

En Putumayo se siembra 50 por ciento de la hoja de coca existente en Colombia, y es el sitio señalado por las autoridades para comenzar a aplicar allí el controvertido Plan Colombia. No obstante, por ahora la región está aislada por los cortes de carreteras que realiza la guerrilla, y el conflicto armado impide la llegada de víveres.

Mientras, el ministro del Interior, Humberto De la Calle, anunció el envío de una comisión humanitaria a Putumayo para dialogar con las FARC y los paramilitares, a fin de solucionar el conflicto armado en la región, la que estará encabezada por el procurador general Jaime Bernal y algunos miembros de la Iglesia católica.

Entre tanto, la decisión de Estados Unidos --que anunció que evalúa si califica a los paramilitares como terroristas, ya que hasta ahora no han atacado personas o intereses estadunidenses-- de financiar a la insurgencia si ésta se compromete al proceso de paz, provocó polémica entre empresarios y autoridades judiciales de Colombia.

Estos sectores sostienen que un eventual financiamiento de las guerrillas para que acepten un proceso de paz y el cese de hostilidades tendría un costo de unos 72 millones de dólares anuales, aunque las mismas FARC rechazaron tal oferta al denunciar que forma parte del Plan Colombia dentro de "una maniobra oscura del imperio".