VIERNES 20 DE OCTUBRE DE 2000
Ť En los estados, sus militantes hacen lo que quieren: Lamas
Que el PAN fije postura sobre salud reproductiva: 400 ONG
Ť En el allanamiento a la clínica Stopes "participó un diputado panista"
Angeles Cruz Ť Unas 400 organizaciones no gubernamentales (ONG) del país exigieron ayer al Partido Acción Nacional (PAN) una declaración pública de lo que será su política en materia de salud reproductiva, porque en el allanamiento a la clínica Marie Stopes en Chiapas y la detención de médicas y enfermeras, participó el diputado panista Enoch Araujo Sánchez.
Al parecer no ha sido suficiente que la dirigencia nacional de ese partido político señale que respetará los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, porque en los estados sus militantes hacen lo que quieren, apuntó Marta Lamas, coordinadora del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), quien al mismo tiempo destacó que lo ocurrido en Chiapas es otro "signo preocupante de lo que vendrá".
En conferencia de prensa convocada por las agrupaciones civiles, entre ellas GIRE, Milenio Feminista, Foro Nacional de Mujeres Políticas de Población-Red de Mujeres del Sur, Red por la Salud de las Mujeres del Distrito Federal, Red Democracia y Sexualidad, Fundación Mexicana para la Planificación Familiar (Mexfam) y DiVersa Asociación Política Feminista, Adriana Ortega, integrante del grupo de defensoría jurídica Epikeia, aseguró que la actuación del panista Enoch Araujo podría configurar varios delitos graves: usurpación de funciones, privación ilegal de la libertad y tortura.
La clínica Marie Stopes comenzó a funcionar en marzo de 2000 en San Cristóbal de las Casas, Comitán y Tuxtla Gutiérrez, con objeto de proporcionar servicios para la prevención de embarazos no deseados, detección de cáncer mamario y cérvico uterino, control prenatal, atención posparto y posaborto en una zona del país donde los servicios de salud son escasos, declaró Laura Miranda, médica de la institución.
Marie Stopes es una organización internacional con sede en Londres que ha establecido servicios de salud reproductiva en varios países. El personal que labora en las clínicas instaladas en Chiapas es de nacionalidad mexicana, y quienes se encuentran en San Cristóbal de las Casas sufrieron el pasado día 17 el allanamiento y las amenazas por parte de unos 50 elementos de la polícia judicial del estado a raíz de una denuncia penal presentada por la organización conservadora Pro Vida.
Los efectivos policiacos ocuparon durante más de dos horas el inmueble en busca de "evidencias" de los supuestos abortos que se habrían practicado en la institución. Además, se llevaron en calidad de presentadas a la médica Georgina Rivas Bocanegra y a la enfermera Erika Arroyo.
Unos días antes, el pasado sábado, la doctora Vicenta Gumeta Macías fue detenida sin orden de aprehensión cuando salía de su trabajo en la clínica Marie Stopes.
La médica fue conducida a los separos de la Procuraduría de Justicia estatal en Tuxtla Gutiérrez, y ahí fue interrogada por Enoch Araujo.
De acuerdo con la declaración de Gumeta recogida por la Defensoría del Derecho a la Salud con sede en Chiapas, ese encuentro con el legislador duró casi dos horas, en las cuales Araujo insistió en obtener información sobre la supuesta práctica de abortos ilegales en las clínicas Marie Stopes.
Para Alfonso López Juárez, director de Mexfam, la denuncia de Pro Vida y su amenaza de que clausurará todas las clínicas del país donde se practiquen legrados "son producto de la ignorancia", porque todas las instituciones de salud y médicos del país están obligados a brindar la atención médica que les sea requerida: es el caso de las mujeres que llegan con un aborto incompleto o desangrándose. No hacerlo, dijo, sería un ilícito: estaría en riesgo la salud e incluso la vida de las pacientes, apuntó.
Marta Lamas destacó la celeridad con que se tramitó la demanda de Pro Vida. La presentaron el 10 de octubre, y para el 17 ya contaban con una supuesta orden de cateo efectuada por 50 policías en un lugar donde apenas laboran cinco personas.
Mencionó que esta acción forma parte de los "signos preocupantes de lo que vendrá en el próximo gobierno, pero sobre todo porque los principios del PAN se apegan a las posiciones católicas". Subrayó, entonces, la importancia de la organización y la respuesta de la sociedad para exigir el respeto a los derechos sexuales y reproductivos de la población.