VIERNES 20 DE OCTUBRE DE 2000
Ť Continúan libres los autores materiales del asesinato de un dirigente chol
Se incrementa la represión en Chiapas
Ť La procuraduría estatal y Pro Vida allanan clínica para mujeres en aras ''del derecho a la vida''
Hermann Bellinghausen, enviado, San Cristóbal de las Casas, Chis., 19 de octubre Ť La mano de la represión aprieta en Chiapas estos días por todos los canales, al grado de coincidir en el tiempo acontecimientos que, aun si no están relacionados entre sí, participan en la creación de un clima preocupante. Vista la inoperancia de los rumores fantásticos sobre el EZLN y las comunidades en resistencia, el endurecimiento en los controles militares que abundan en la selva Lacandona se ha visto reforzado con la presencia de agentes de la PGR (en las inmediaciones de Francisco Gómez), además de la policía migratoria, que incluso pernocta en los cuarteles, en los trayectos donde se teme que pasen extranjeros, aunque legales, incómodos testigos potenciales de lo que ocurre realmente en la zona de conflicto.
El pasado domingo se registró un ataque de Paz y Justicia en Cruz Verde, municipio de Tila, en el que fue asesinado el campesino chol Juan López Gómez, dirigente perredista que ya había recibido amenazas de los paramilitares. Días después, el INM expulsó (mediante oficio de salida) a la italiana Alessandra Tetamantti por el delito de parecerles ''sospechosa'' a la policía de Ocosingo y a la PGR. En tanto, el grupo ultraderechista Pro Vida desencadenó un operativo contra tres clínicas asistenciales en Tuxtla Gutiérrez, Comitán y San Cristóbal de las Casas, llevando por delante a la Procuraduría General de Justicia del Estado y a los entusiastas diputados panistas Enoch Araujo Sánchez y David Alfonzo Utrilla.
En un estado donde los servicios de salud llevan 15 días suspendidos por una huelga de trabajadores, que piden medicamentos y mejoras en sus apretadas condiciones de trabajo, sectores importantes de la sociedad civil (académicos progresistas o más o menos, miembros de distintas ONG que defienden los derechos humanos y trabajan en comunidades indígenas, militantes de movimientos ciudadanos) se aprestan a participar en el gobierno de Pablo Salazar Mendiguchía, con la esperanza de que haya un cambio hacia adelante.
De momento, parecen llevarles la delantera sus compañeros de viaje (miembros también de la Alianza por Chiapas, salazarista) del PAN y Pro Vida, así como Paz y Justicia, cuyo líder Samuel Sánchez y varios dirigentes de Socama están más que apuntados, impunes, en el mismo barco a punto de zarpar rumbo a la prometida ''esperanza'' de cambio.
La invasión de los ''body snatchers''
Mientras en las afueras del hospital civil de San Cristóbal los trabajadores exhiben junto a sus mantas rojinegras las cobijas (o lo que queda de ellas: tienen más agujeros que tela) con que se atiende a los enfermos, la clínica para mujeres Marie Stopes fue allanada por cerca de cincuenta judiciales buscando ''cuerpos del delito''.
En una operación nostálgica de los ''decentes'' estilos del regente Ernesto P. Uruchurtu, la PGJE tiró paredes y cavó melodramáticas fosas, sin encontrar los fetos que Pro Vida Chiapas le tenía prometidos. No obstante, la doctora Georgina Rivas y la enfermera Erika Arroyo fueron llevadas a Tuxtla Gutiérrez a punta de pistola y las tuvieron detenidas (''en calidad de presentadas'') durante siete horas. Hoy volvió a abrir la clínica agredida, y anunció que demandará a Pro Vida.
El procurador Eduardo Montoya Liévan justificó la acción: "Este es un asunto muy delicado que tiene que ver con el derecho a la vida, y eso para nosotros, independientemente de quien haya presentado la denuncia, es relevante porque nos presentaron evidencias y testimonios, por lo que no se trata de chisme, entonces dejar pasar mucho tiempo en este caso sería promover que se borraran las evidencias que pudieran existir'', dijo, sin mencionar a Pro Vida, y solicitando que no se ''politice'' el asunto.
En relación a las evidencias que dijo tener para proceder contra la clínica en el barrio coleto de El Cerrillo, el procurador declaró: ''quiero ser honesto, no se encontró ninguna evidencia''.
Pero como no le gusta dar el brazo a torcer, amenazó con la posibilidad de clausurar las clínicas Marie Stopes, ya que las autoridades sanitarias encontraron ''que el giro del nosocomio no corresponde con su efectividad'' . Y como lo que sobra en Chiapas son clínicas dignas para los indios y los pobres, Montoya Liévano declaró sin inmutarse: "Salubridad procederá administrativamente, cerrando (la clínica) temporal o definitivamente".
En contraste con la diligencia que las autoridades judiciales (fallidos espantacigüeñas) mostraron en el caso de la clínica, en el asesinato del dirigente chol Juan López Gómez sus acciones no han sido tan contudentes. La Red de Defensores Comunitarios por los Derechos Humanos denunció que, si bien el asesinato del perredista ocurrió el domingo, los presuntos autores materiales siguen libres, pese a que están plenamente identificados.
Mientras se mantienen actuantes los grupos paramilitares y las prácticas de contrainsurgencia, la ultraderecha fanática gana beligerancia en las ciudades y respaldo de las autoridades. En lo que el PRI local, todavía gobierno, mediante una maniobra en busca de marco legal, amenaza públicamente con sabotear la toma de posesión de Salazar Mendiguchía el 8 de diciembre, si se ''arrebata'' al PRI la gobernatura de Tabasco.
Así camina la transición, pero no va sola. También la atraviesan, a pie, los tzotziles, tzeltales y choles de Las Abejas y Las Hormigas, en su largo camino hacia la ciudad de México. Hoy se encuentran a las puertas de la capital chiapaneca, y en las semanas próximas recorrerán la mitad del sur del país, con su reclamo de justicia para los pueblos indios. También en sus pies y sus voces camina la transición chiapaneca, a la vista de todo el país, y la ponen a prueba.