Ayer, al presentar el inicio de una nueva campaña contra la tortura en el mundo, la organización humanitaria Amnistía Internacional (AI) presentó un panorama indignante de la vigencia de esta práctica infame en más de 150 países, muchos de ellos practicantes de la democracia formal y defensores, en el discurso, de los derechos humanos y la legalidad. El documento de AI menciona, entre otros, a Estados Unidos, Francia, Suiza, Alemania, Austria, Japón, Australia y Gran Bretaña, en el mundo desarrollado, y a Brasil, Perú, México y Argentina, en Latinoamérica, como naciones en las cuales la brutalidad policiaca y la tortura son recursos usuales de policías y militares. 

La agrupación humanitaria señala que, a diferencia de décadas pasadas, cuando las principales y más numerosas víctimas de los tormentos ilegales eran opositores políticos, hoy en día se tortura principalmente a pobres y marginados, inmigrantes extranjeros, integrantes de minorías étnicas o sexuales y presuntos delincuentes. De ello se concluye que la discriminación de cualquier tipo es, actualmente, una circunstancia propiciatoria de la tortura y debe, en consecuencia, redoblarse el combate para erradicarla. 

Otro de los factores que alientan la tortura es la impunidad de los verdugos. En esa perspectiva, AI señaló la necesidad de que cada caso de tortura que llegue al conocimiento de la opinión pública genere, por parte de ésta y de las autoridades, ''una enérgica reacción que impida a los torturadores volver a torturar y que disuada a otros de cometer actos similares''. 

Un caso que ilustra de manera inequívoca la relación entre discriminación, tortura e impunidad, es el del inmigrante haitiano Abner Louima, salvajemente torturado en agosto de 1997 en un cuartel de la policía neoyorquina. El tormento de Louima --quien hubo de permanecer dos meses hospitalizado a raíz de las lesiones que le fueron causadas-- no tuvo más motivo que la discriminación contra un individuo negro, extranjero e indefenso, por parte del policía Justin Volpe --hoy sentenciado a 30 años de prisión--, quien previamente había cometido muchos delitos similares sin recibir ninguna sanción. 

El documento de la organización internacional alerta, por otra parte, sobre la importancia que ha adquirido el mercado internacional de instrumentos de tortura, entre los que destacan los dispositivos de electrochoque y los ''cinturones paralizantes'', capaces de aplicar dolorosas descargas eléctricas de 50 mil voltios en el cuerpo de los condenados a usarlos. Tales artefactos son de uso habitual --y aceptado por las leyes-- en varias regiones de Estados Unidos, y las exportaciones a otros países tienden a incrementarse. 

Finalmente, el exhorto de AI contiene frases que debieran ser tomadas en cuenta por las autoridades mexicanas de procuración e impartición de justicia y que están a cargo del ex torturador argentino Ricardo Miguel Cavallo. Es pertinente citarlas en todas sus palabras: 

''Los gobiernos están obligados por el derecho internacional a llevar a los responsables de torturas ante la justicia y a colaborar con otras personas y entidades en este esfuerzo. La impunidad para los torturadores fomenta la práctica continuada de la tortura, niega a las víctimas sus derechos y socava el estado de derecho (...) Los estados deben garantizar que su legislación permita a los tribunales ejercer la jurisdicción universal, de forma que los presuntos torturadores que se encuentren en su territorio puedan ser llevados ante sus propios tribunales o extraditados a un Estado que quiera y pueda procesarlos en un juicio justo sin posibilidad de pena de muerte''.