JUEVES 19 DE OCTUBRE DE 2000
Ť Se compactarían a 385 los artículos procesales
No será iniciativa de Zedillo la reforma laboral: Palacios Alcocer
Ť Desde los 80, los empresarios buscan adecuar la ley a la producción
Fabiola Martínez Ť El gobierno del presidente Ernesto Zedillo dejará allanado el camino a la próxima administración, que encabezará Vicente Fox, para ejecutar una reforma integral a la Ley Federal del Trabajo, con base en un anteproyecto de código procesal elaborado por representantes de las cúpulas obrera y empresarial al calor de la llamada nueva cultura laboral.
De esta forma, sería el próximo jefe del Ejecutivo quien tome la decisión de enviar una iniciativa de ley al Congreso para reformar la LFT, aspecto impulsado por el empresariado del país desde la década de los 80, con el fin de "adecuar la legislación a los procesos productivos actuales".
Al respecto, el secretario del Trabajo y Previsión Social (STPS), Mariano Palacios Alcocer, expresó: "me parece que es deseable que la ley laboral se ponga a tiempo con las condiciones del mundo. Estos documentos (el anteproyecto) no serán iniciativa del presidente Zedillo, sino de los propios integrantes del diálogo obrero-empresarial hacia una nueva cultura laboral, quienes acordaron difundirlos en el momento adecuado, al presidente electo y al Congreso de la Unión".
De acuerdo con los resultados del comité técnico del citado diálogo, los 600 artículos de la LFT relativos a los asuntos procesales quedarían compactados a 385; este anteproyecto fue resultado de 125 reuniones en las que participaron representantes de trabajadores y empresarios, mismos que desde hace más de 15 años encabezan diversas comisiones en importantes instancias, como la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, el Infonavit, el IMSS y, desde hace cinco años, en la mesa de "diálogo para la nueva cultura laboral".
Entre los representantes mencionados destacan, por el lado de las organizaciones obreras, Juan Moisés Calleja García (asesor jurídico de la CTM), y los dirigentes de las principales centrales integrantes del Congreso del Trabajo, y por el patronal, los abogados Jorge de Regil Gómez y Tomás Natividad Sánchez, entre otros. Javier Moctezuma Barragán, subsecretario del Trabajo, funge como presidente del comité técnico del diálogo.
En esta amplia consulta no participó ningún representante de centrales obreras independientes, como la Unión Nacional de Trabajadores o el Frente Sindical Mexicano porque, según afirmaron algunos representantes empresariales, "se les invitó, pero se retiraron en 1999 de la mesa de diálogo".
Abogados laborales del sindicalismo independiente han denunciado que los preceptos dados a conocer esta semana, relativos a los aspectos procesales de la LFT, ya son aplicados en las juntas de conciliación y arbitraje aun cuando estas "opiniones" no constituyen ley, particularmente en los casos de demandas de titularidad de contratos colectivos.
El titular de la STPS afirmó al respecto que en los tribunales laborales se aplica la LFT y la conciliación, pero cuando no hay arreglo entre las partes, las juntas de conciliación resuelven conforme a derecho; "lo que puedo decir es que ninguna de las disposiciones que son propuestas, es decir, que no están contempladas en la ley, tienen efecto de aplicación obligatoria". Agregó que en la situación actual de la legislación, ésta ha sido "interpretada" a través de jurisprudencias del Poder Judicial, por lo que es necesario actualizarla.
De esta forma, y ante el fin del presente sexenio, no será directamente el presidente Zedillo quien envíe al Congreso una iniciativa de ley para reformar el artículo 123 constitucional y su reglamentaria, la LFT, como se intentó promover en 1999, sino que se presenta una propuesta que, a decir de Palacios Alcocer, es un "proyecto firmado por las organizaciones más importantes de empresarios y trabajadores sobre los elementos necesarios para un nuevo código procesal".
Este pretende disminuir el tiempo de los procesos, fortalecer la conciliación, modernizar las juntas de negociación, elevar el nivel profesional de los litigantes en el ámbito laboral y combatir la problemática derivada de los conflictos de titularidad de los contratos colectivos de trabajo.
Al respecto, destaca el establecimiento del voto secreto en la prueba de recuento, "a fin de garantizar la expresión de la voluntad de los trabajadores"; combate a los contratos de protección, viabilidad de los conflictos colectivos de naturaleza económica y una "regulación más adecuada" de los emplazamientos a huelga para firma de contrato colectivo, entre otros aspectos.
El cetemista Juan Moisés Calleja dijo que las centrales obreras que participaron en la elaboración del anteproyecto dan el visto bueno a este documento ante la problemática que representa la dilación de los conflictos en las juntas de conciliación, que "frecuentemente pueden tardarse hasta cinco años para ser resueltos".
Aseveró que en torno a las prácticas de contratismo de protección (firmados sin el conocimiento de los trabajadores) detectadas en las centrales obreras, la CTM "ha expulsado a muchos dirigentes que no correspondieron a la calidad que debían tener".