JUEVES 19 DE OCTUBRE DE 2000

Ť Aplazan sentencia que favorecería a Othón Cortés


Presentará la PGR este viernes las conclusiones del caso Colosio

Ť Hasta marzo, lo único probado es que Aburto había disparado

Gustavo Castillo García Ť La Procuraduría General de la República dará a conocer la mañana de este viernes las conclusiones a las que llegó Luis Raúl González Pérez, luego de más de cuatro años al frente de la fiscalía para el caso Colosio.

Hasta marzo pasado, en entrevista con La Jornada, González Pérez aseguró que en el asesinato del candidato del PRI a la Presidencia de la República ''nada está descartado, ni el crimen de Estado''. Y salvo que Mario Aburto disparó, nada más ha podido ser probado.

Entonces, el fiscal del caso Colosio afirmó que no hubo ''dolo ni intencionalidad'' en los errores que se cometieron en las primeras indagaciones que se efectuaron en Lomas Taurinas aquel 23 de marzo de 1994, en que el candidato priísta cayó muerto, abatido por dos balas.

De acuerdo con datos obtenidos, el informe que rendirá ante los medios de comunicación, resumirá el trabajo de investigación que en alrededor de 50 meses ha realizado en torno al caso criminal más espinoso acontecido en México en las últimas décadas, por las circunstancias políticas que lo rodearon y por las graves fallas que se presentaron en el equipo de seguridad del ex candidato priísta.

El fiscal reconoció en marzo pasado que tuvo que regresar a los principios de la investigación, revisar las actuaciones de todos los que le antecedieron en el cargo, solicitar nuevos peritajes, incluso, recurriendo a universidades públicas de México y otras naciones para documentar, corroborar o desechar 27 líneas de investigación.

No ha tenido hallazgos espectaculares de los cuales informar, no ha sido en nada un fiscal al que le gusten los reflectores y los golpes de efecto como principal diferencia de su antecesor Pablo Chapa Bezanilla, que envió a la cárcel a varios presuntos involucrados, entre ellos Othón Cortés Vázquez, quien fue absuelto de la acusación de haber sido el segundo disparador en contra de Luis Donaldo Colosio. El acusado ha pasado a acusador, pues presentó una demanda contra los ex funcionarios y el juicio por la vía civil se encuentra en su etapa final.

Hasta marzo de este año se habían analizado más de 20 mil fojas de anteriores investigaciones y a ese mes el número de fojas acumuladas alcanzó la cifra de 65 mil, contando en su contenido declaraciones de personajes de la vida política como el presidente Ernesto Zedillo y el ex mandatario Carlos Salinas.

Hasta ahora se mantiene vigente la afirmación que hizo en marzo pasado Luis Raúl González en el sentido de que "el hecho de que no se hayan confirmado tales o cuales sospechas (como que el narcotráfico o un grupo político se hayan involucrado en el crimen), no significa que haya complot o que estemos cancelando esa posibilidad".

El titular de la investigación del asesinato de Luis Donaldo Colosio apuntó entonces que ''frente al sentir popular de que no pasa nada, podemos decir que en esta investigación, a diferencia de cualquier otra, se ha indagado todo tipo de sospecha social''.

Para ello se interrogó a más de 120 personajes políticos de primer nivel y se dio seguimiento a más de 300 ''situaciones, pistas y circunstancias sospechosas''.

Lo único cierto que hasta esa fecha tenía era que Mario Aburto era el autor material del homicidio y que las muertes de 15 personas que participaron en las primeras investigaciones del homicidio no estuvieran relacionadas en un complot para asesinar al candidato priísta.

Para este viernes, el informe habrá de precisar su trabajo, el desarrollo y conclusión de 25 líneas de investigación y el estado que guardan las dos pendientes: entorno político y narcotráfico.

Incluso, el abogado de Othón Cortés, Juan Collado, aseguró que a más tardar el viernes, cuando el fiscal del caso Colosio dé a conocer el resultado de su trabajo, ''quedará comprobado que Pablo Chapa Bezanilla y el ex procurador Antonio Lozano Gracia actuaron con dolo en las investigaciones, acusando sin fundamento'' a su defendido.

Nuevas ''pruebas supervinientes''

La interposición de nuevas "pruebas supervinientes" por parte de la defensa de Othón Cortés Vázquez -absuelto de haber sido el segundo disparador en contra de Luis Donaldo Colosio-, provocó que el dictamen de sentencia del juicio en contra del ex fiscal Pablo Chapa Bezanilla, el ex procurador Antonio Lozano Gracia y la Procuraduría General de la República (PGR), se pospusiera hasta por lo menos diez días.

En una audiencia a la que por órdenes del juez quinto de distrito en materia civil, Alejandro Dzib, no se permitió la presencia de reporteros, los abogados de Othón Cortés y los representantes legales de los ex funcionarios y de la PGR, supuestamente entregaron "los últimos alegatos".

El abogado de Cortés Vázquez, Juan Collado, quien en mayo pasado dijo que "ya sólo falta la sentencia y ésta tardará a lo sumo tres meses", informó este miércoles que acudió al juzgado a "entregar nuestros últimos alegatos y será dentro de unos diez días cuando se dé a conocer la resolución del juez".

Por su parte, Alejandro Dzib, titular del juzgado quinto de distrito en materia civil, ordenó al cuerpo de seguridad del Poder Judicial que no se permitiera el acceso de los reporteros a su juzgado, por lo que los representantes de los medios de comunicación tuvieron que esperar en las escalinatas que dan acceso al Palacio de Justicia Federal a que salieran los abogados de Othón Cortés, para conocer el resultado de la audiencia, que por ley es pública.

De acuerdo con la versión de Juan Collado, se pospuso el dictamen de sentencia en el juicio en que Othón Cortés demanda el pago de 7.5 millones de pesos como reparación del daño físico y moral que le provocaron durante su detención y proceso penal, el ex fiscal del caso Colosio Pablo Chapa, el ex procurador Antonio Lozano Gracia y otras autoridades de la PGR.

Collado aseguró que en caso de resultarles favorable la sentencia y los ex funcionarios no tengan con qué cubrir el monto de la reparación del daño, la PGR deberá "ser solidaria" y aportar los recursos para pagar a Cortés Vázquez.