JUEVES 19 DE OCTUBRE DE 2000

Ť En el próximo gobierno continuaría la inercia en la asignación presupuestal

Diputados de PRI y PRD prevén más recortes

Ciro Pérez Silva Ť Los compromisos económicos y la "grave situación recaudatoria" de México obligarán al gobierno del presidente electo, Vicente Fox Quesada, a continuar con la inercia de los últimos cinco años en la asignación presupuestal, previéndose nuevos recortes a proyectos de inversión, e incluso reducciones al gasto social, advirtieron legisladores de los partidos Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática.

Tras reunirse con el subsecretario de Egresos, Santiago Levy Algazi, y con Gerónimo Gutiérrez Fernández, del equipo de coordinación económica de Fox -quienes reconocieron que el margen de maniobra para incrementar recursos en los rubros mencionados "es muy restringido"-, integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados resumieron en cuatro palabras las expectativas para el año próximo: "Más de lo mismo".

El diputado panista Fernando Martínez Cue destacó que, entre las opciones que tiene el gobierno foxista para hacer frente a ese reducido margen de maniobra del Presupuesto de Egresos, se encuentra la eficiencia en la aplicación del gasto en cada dependencia y la definición clara del destino que deben tener los ingresos extras por la venta de petróleo, entre otros.

Coincidió con Gutiérrez Fernández acerca de que, sin una reforma fiscal integral, poco se podrá hacer para que dejen de ser una limitante en la asignación de recursos las presiones presupuestales -representadas por compromisos ineludibles, como la deuda pública interna y externa (la cual, aunada al IPAB, se estima en 280 mil millones de pesos) y los costos de la reforma a la seguridad social, los Pidiregas y las participaciones a los estados.

En su intervención, el representante del equipo de transición foxista detalló ante los legisladores las condiciones de la economía en el país, enfatizando la pobre recaudación y las presiones económicas mencionadas, pero sin proponer alguna medida que resolviera este conflicto.

Además, expuso que la reforma fiscal integral "requiere de una amplia discusión entre los actores políticos y económicos y el Congreso".

Durante su intervención, Levy fue cuestionado sobre la legalidad que sustenta el pago de salarios al equipo de transición del próximo jefe del Ejecutivo.

A pregunta expresa de la diputada perredista Miroslava García Suárez, el funcionario respondió que la partida en la que se encuentra esa erogación "puede estar" en la que se refiere a servicios personales.

También se le preguntó si el equipo de transición trabaja para la Secretaría de Hacienda. El subsecretario respondió que sí, porque son precisamente ellos los que pagan estos servicios por honorarios.

"Justificó así esa erogación y la doble paga de sueldos que el pueblo de México está haciendo a los funcionarios en activo de la actual administración y a los que trabajan en el equipo del presidente electo", declaró García Suárez.

Según un estudio elaborado por un equipo de asesores de la fracción parlamentaria perredista -que encabeza Mario Di Costanzo-, las políticas ofrecidas por el presidente electo en materia económica son "prácticamente imposibles", a menos que de nuevo, y como ya se ha hecho costumbre, se realicen recortes presupuestales al gasto social y a los proyectos de inversión.

Destaca que, de acuerdo con los criterios de política económica anunciados por el equipo foxista, el gasto público seguirá deprimido, aun a costa del deterioro de programas sociales; además, debido a la restricción que el déficit de 0.5 por ciento impone, se puede inferir que las erogaciones totales no podrán ser superiores a un billón 335 mil millones de pesos.

De éstos, 280 mil millones deberán destinarse al pago de compromisos, como la deuda del IPAB, la interna y la externa, así como unos 846 mil millones a la seguridad social, a Pidiregas, al ramo 33 y al desarrollo rural, mientras que otras dependencias requerirán recursos por casi 248 mil millones de pesos, registrándose con ello un primer sobregiro de 40 mil millones de pesos, "que implica un nuevo recorte al gasto social".