MIERCOLES 18 DE OCTUBRE DE 2000
Ť Decisión forzada; no hay pruebas en mi contra, dice
Concede la SRE extradición del vasco Galarza a España
Ť La defensa presentará impugnación en los próximos días
David Aponte Ť La cancillería resolvió conceder la extradición a España del vasco Lázaro Galarza Larrayoz, acusado por las autoridades de Madrid de pertenecer al grupo armado Euskadi Ta Askatasuna (ETA) y actualmente preso en el módulo de máxima seguridad del Reclusorio Norte.
El extranjero consideró que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) actuó con criterios ajenos al marco jurídico, porque la Audiencia Nacional de España no presentó ninguna prueba de la supuesta colaboración con ETA.
"Es una decisión política forzada por las presiones del gobierno de España hacia las autoridades mexicanas. Y está fuera de la legalidad, debido a que están aplicando las modificaciones al tratado de extradición de manera retroactiva, donde aparece un punto que dice que no es necesario presentar pruebas para demostrar la culpabilidad", dijo.
En entrevista telefónica, explicó que funcionarios de la SRE acudieron el viernes pasado al Reclusorio Norte para darle a conocer que la dependencia del Ejecutivo federal había tomado la decisión de conceder la extradición formulada por el gobierno de Madrid.
Hace unas semanas, el juzgado primero de distrito en materia penal consideró procedente la extradición de Galarza Larrayoz, ex concejal de Herri Batasuna en Larraún, alcaldía del País Vasco.
El extranjero indicó que los funcionarios de la cancillería le dieron a conocer que "se había tomado una determinación en consideración de la opinión jurídica" del titular del juzgado a cargo del proceso de extradición.
Tratado de extradición
"Les pregunté que cómo podían estar a favor de la extradición, si el gobierno de España no había presentado ninguna prueba y me respondieron que 'según el tratado de extradición no es necesario presentar pruebas'", relató el detenido.
Galarza Larrayoz agregó que la defensa, a cargo de Pilar Noriega y Lamberto González, ya prepara la solicitud de amparo en contra de la determinación de la cancillería. La impugnación será presentada en el curso de las próximas semanas.
La Audiencia Nacional española acusó al vasco de proporcionar un automóvil para un ataque con granadas que realizó un comando de ETA contra el cuartel de la fuerza pública Lecumberri, hechos registrados en los primeros meses de 1990.
El procesado, detenido el 30 de mayo pasado en la ciudad de Morelia, Michoacán, ha argumentado que los jueces españoles ya procesaron a Javier Goldaraz, dueño del vehículo utilizado en los hechos mencionados.