MARTES 17 DE OCTUBRE DE 2000

Ť Comparece el coordinador del Informe de la Remhi

Ratifican en España cargos contra ex dictadores guatemaltecos

Ť Se recopilaron más de 5 mil testimonios sobre el genocidio

Armando G. Tejeda, corresponsal, Madrid, 16 de septiembre Ť Carlos Martín Berinstain, coordinador del Informe para la Recuperación de la Memoria Histórica (Remhi), aseguró hoy ante el juez de la Audiencia Nacional de España Guillermo Ruiz de Polanco que en los 36 años de conflicto armado en Guatemala se perpetró un "genocidio" orquestado por los ex dictadores y altos mandos militares, entre ellos Fernando Romeo Lucas (1978-1982), Efraín Ríos Montt (1982-1983) y Oscar Humberto Mejía Victores (1983-1986).

Berinstain compareció ante el tribunal español para ratificar la validez científica del informe, una de las pruebas más emblemáticas de la querella criminal presentada en diciembre pasado por la premio Nobel de la Paz 1992, Rigoberta Menchú.

Berinstain trabajó de 1995 a 1998 en la elaboración del Informe del Remhi bajo la dirección del obispo Juan Gerardi, quien 48 horas después de la presentación de ese documento fue asesinado.

Los cuatro tomos del informe están depositados en la Audiencia Nacional como una de las pruebas del genocidio y las torturas que sufrió la población indígena en Guatemala, y documentan los asesinatos por parte de las fuerzas armadas de 43 mil personas y la desaparición de 50 mil.

Antonio García, abogado de la acusación popular y representante judicial del sindicato mayoritario español, Comisiones Obreras (CCOO), explico a La Jornada que el testimonio de Berinstain "no sólo ratificó la validez del informe, sino que explicó la metodología empleada para su elaboración". Agregó que Berinstain entregó al magistrado un informe realizado ex profeso, en el que explica en 15 hojas la historia, los pormenores y los criterios de selección de los más de 5 mil testimonios que lo conforman.

Berinstain explicó que se utilizaron fuentes bibliográficas, hemerográficas, entrevistas colectivas, manuales de entrenamiento militar, documentos secretos desclasificados de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y testimonios de responsables de violaciones a los derechos humanos. "Algunas personas que declararon como víctimas y testigos de la violencia, habían a su vez participado como perpetradores. Esto se dio especialmente en el caso de patrulleros civiles que relataron ser obligados a participar en asesinatos o masacres".

Berinstain dijo que una de las limitaciones del informe es que el equipo del Remhi no tuvo acceso a los archivos del ejército guatemalteco. Aclaró que para establecer las violaciones de derechos humanos que se señalan en el informe se tomaron en cuenta tipos y patrones de las diversas violaciones, contrastándolos con las leyes y convenios internacionales vigentes y también con la propia Constitución guatemalteca.

Entre los delitos identificados en el informe destacan las ejecuciones extrajudiciales, desa- pariciones forzadas, ataques indiscriminados, masacres, torturas, violaciones sexuales, atentados, amenazas, detenciones irregulares y convivencia forzada en zonas especiales.

"El proyecto Remhi estableció que en el caso de Guatemala se daban ca- racterísticas genocidas debido a las matanzas de miembros de grupos y comunidades enteras, de población no combatiente e incluyendo niños, que fueron frecuentes y se llevaron a cabo en varios regiones del país", sostuvo Berinstain en sus conclusiones.

Se dijo al magistrado español que algunos victimarios reconocieron que tenían órdenes de "abrir" a las mujeres embarazadas, a las que les extraín el feto, pues sus superiores les instruyeron en la creencia de que en realidad "cargaban bombas en la barriga".

Además de Ríos Montt, Romeo Lucas y Mejía Victores, la querella criminal también señala como responsables de genocidio al ex ministro de Defensa, Angel Aníbal Guevara Rodríguez; al ex responsable de Gobernación, Donaldo Alvarez Ruiz; a Benedicto Lucas García, ex jefe del Estado Mayor del ejército, y a los dos comisarios de policía Germán Chupina Barahona y Pedro García Arredondo.

El abogado español Antonio García recordó que el próximo 26 de octubre comparecerá ante el juez Carlos Valcells Tojo, uno de los tres comisarios que elaboraron el informe de la Comisión del Esclarecimiento Histórico.