MARTES 17 DE OCTUBRE DE 2000
Ť Advierten ambientalistas sobre el peligro del empleo del hongo Fusarium
La Amazonia, amenazada por la guerra biológica
Blanche Petrich, enviada, San José de Costa Rica, 16 de octubre Ť Hay una amenaza peor a la de la guerra que se cierne sobre Colombia, según Manuel Alzate, alcalde de Puerto Asís. Es el hongo Fusarium. Se trata de una especie mutante que destruye la planta de la coca y forma parte del arsenal de la guerra biológica que Estados Unidos está dispuesto a lanzar a mas tardar en diciembre en contra de la zona de Putumayo, donde se ubica 50 por ciento de las 130 mil hectáreas de campos de coca en el país.
El Fusarium, según advierten ambientalistas, podría reproducirse rápidamente enla selva húmeda. "Si no paramos este proyecto podría representar la destrucción total de la Amazonia". "Entiéndanme", clama este doctor en teología, miembro del Partido Liberal -"aunque muy independiente"- que gobierna uno de los municipios de la región que desde hace 25 días sufre el "paro armado" decretado por las FARC, fuerza dominante en esta zona sureña, colindante con Ecuador. "Con solo 2 toneladas de hongo que arrojen, Ƒqué consecuencias pueden provocar? Esta guerra biológica hay que pararla, cueste lo que cueste".
En Colombia se estima 300 que mil familias dependen directamente del cultivo de la coca --existen además cultivos intensivos de amapola y mariguana-- y un millón de personas más perciben su ingreso de actividades periféricas a la producción de la hoja y la pasta, materias primas de la cocaína. Uno de los ejes del Plan Colombia es la erradicación de la mitad de estos cultivos de droga en un plazo de seis años mediante métodos de fumigación químicos, manuales y ahora, por primera vez, biológicos. Pero se precisa que en la zona del Putumayo, donde se ubica 50 por ciento de los plantíos de coca detectados, la totalidad de las plantaciones debe ser erradicada en diez meses.
"Es un objetivo inviable. Pero además, contraproducente", advierte Roberto Vargas, miembro de Asociación Andina, una organización consultora para Colombia, Bolivia y Perú, experta en erradicación y sustitución de cultivos.
"Apenas se anunció el Plan Colombia, los precios de la hoja se estimularon en Perú y Bolivia. Y ahora en estos dos países, donde en los últimos diez años se redujo la producción, la tendencia previsible es que vuelva a aumentar. Eso, incluso a pesar de las políticas de erradicación forzosa del gobierno de La Paz".
La región de Putumayo se encuentra actualmente entre todos los fuegos imaginables. Fuera de Puerto Asís, que es su centro urbano más importante, los demás municipios viven bajo control de las FARC, que obtienen importantes ingresos mediante el cobro de impuestos a productores de coca y a los laboratorios clandestinos. El puerto, en contraste, está bajo control de los paramilitares que mantienen su base permanente en medio de los cuarteles del comando antinarcóticos de Puerto Asís y del ejército, en Santa Ana. Dentro de Plan Colombia se contempla la instalación de bases de entrenamiento estadunidenses. Y toda la zona, para completar el cuadro, encuentra sobre los yacimientos petroleros más importantes del país.
El alcalde del Puerto, Manuel Alzate, explica que recientemente -en agosto, apenas- mil 500 familias firmaron una carta de intención con la autoridad local para iniciar un plan de erradicación manual y voluntaria que los excluye automáticamente de cualquier acción de fumigación. Y es que para el campesino raso la coca ha dejado de ser un buen negocio. Un refrigerador en una modesta casa, una motocicleta en la cochera y si acaso una pequeña planta de luz es la única diferencia entre un campesino que cultiva coca y uno que no lo hace. La gran derrama de la cocaína no se aprecia en el rezago de la empobrecida zona rural del sur.
Según el alcalde de Puerto Asís, las FARC han aceptado cooperar con el plan de erradicación voluntaria. "Están en la lógica de querer demostrar que no necesitan los ingresos provenientes de la coca para poder subsistir. Lo único que nos exigen es que no comprometamos a los campesinos en un proyecto que a la larga el gobierno federal vaya a incumplir". El problema es que el gobierno de Bogotá, si bien ve con buenos ojos el plan de Alzate de erradicación manual, voluntaria y gradual, solamente ofrece para apoyar la sustitución de cultivos a las familias cocaleras un presupuesto de 5 millones de dólares. "Es decir, nada comparado con el presupuesto que se requiere". Se lamenta el alcalde: "Para el gobierno y la cúpula militar es preferible fumigar para demostrarle resultados rápidos a Washington que aplicar un plan durable y aceptado por la población".
Roberto Vargas, de Alianza Andina, subraya que la concertación con la población es factor indispensable para la viabilidad de cualquier programa de erradicación y sustitución de cultivos. Incluso el objetivo de erradicar el 100 por ciento de las más de 60 mil hectáreas de coca en el Putumayo podría lograrse en un año. Pero para ello se requerirían inversiones de calidad, concertación con las organizaciones sociales, concurso con los movimientos de derechos humanos y paz. A pesar de que la guerra (guerrillas, paramilitarismo y contrainsurgencia) y los narcocultivos forman un intrincado tejido, "con métodos militares y fumigaciones no hay plan que se logre", concluye Vargas.
Si bien el alcalde Alzate asegura que en Puerto Asís las FARC cooperan con su incipiente plan, Edel Sánchez, representante de la Asociación de Usuarios Campesinos del Putumayo, difiere. "Por el contrario, las FARC sí obstaculizan la sustitución de cultivos. El proceso de involucrar a los campesinos en programas para ir abandonando el cultivo de coca no se inicia con el plan del alcalde Alzate, viene de mucho más atrás".