MARTES 17 DE OCTUBRE DE 2000

Ť La SHCP definió términos del combate a la pobreza

Durante este sexenio, la política económica subordinó a la social

Ť Choque entre Levy y Rojas en torno al concepto de pobreza

Víctor Ballinas Ť En el gobierno del presidente Ernesto Zedillo la política económica subordinó a la política social. Los programas para el combate a la pobreza, la franja de población beneficiada y los recursos asignados al gasto social se definieron en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), cuya prioridad fue reducir inflación y déficit fiscal y pagar la deuda externa, sin importar que para conseguirlo se dejara de atender a millones de pobres.

La concepción del subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda, Santiago Levy, sobre la pobreza, chocó con el enfoque y visión de Carlos Rojas Gutiérrez y su equipo cuando fue titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso). La pugna entre ambas secretarías, por un lado para obtener más recursos para la pobreza, y por otro, la decisión de reducirlos "constantemente", provocó la renuncia del subsecretario de Desarrollo Regional de Sedeso, Enrique del Val, en mayo de 1998. Días más tarde el propio titular de Sedeso, Rojas Gutiérrez, hubo de renunciar.

Carlos Rojas, ex secretario de Desarrollo Social --titular de esa dependencia los primeros tres años y medio de esta administración-- y actualmente senador de la República, señala: "en este sexenio, a la política social no se le ha entregado (en recursos) lo que necesita, sino lo que ha sobrado después de atender las prioridades de la política económica".

Rojas fue el relevo de Luis Donaldo Colosio en la Sedeso cuando éste asumió la candidatura a la Presidencia de la República. Se desempeñó como secretario de Desarrollo Social durante el último año de la administración de Carlos Salinas de Gortari, y desde la creación de esa dependencia había sido subsecretario de la misma. El presidente Ernesto Zedillo lo ratificó en el cargo.

El ex secretario asegura en entrevista: "la política social en esta administración ha estado subordinada al cumplimiento de las metas que se ha fijado la política económica, por eso, para la política social se destinó lo que sobraba después de atender las prioridades macroeconómicas".

Hubo pugnas, jaloneos y fuertes diferencias con la secretaría de Hacienda, concretamente con el subsecretario de Egresos, Santiago Levy, acepta el ex funcionario. Por ello, lo que refieren diferentes investigadores universitarios al respecto en estudios, análisis y libros --en relación con la pelea entre ambas dependencias-- es en parte correcto, apunta.

El ex funcionario abunda: "Nosotros --su equipo en Sedeso, entre ellos el subsecretario Enrique del Val--, ante una falta de decisión de la autoridad superior, lo que hicimos fue defender una visión de la política social. Defendimos las instituciones y los programas sociales y no saltamos del barco ni abandonamos las banderas. Nosotros tenemos una convicción y un compromiso con la gente, eso lo mantuvimos hasta el último momento. Hubo muy serias diferencias con Hacienda, y cuando ya fue verdaderamente imposible transitar por un con- cierto institucional fue cuando se pidió nuestro retiro".

La diferencia entre Hacienda y Sedesol, al definir prioridades

--ƑPor qué no salió antes de Sedeso, si lo social se definía en otra área?

--Porque no estoy de chambero. Era una cuestión de responsabilidad con la gente y los programas. Lo de menos era botar el arpa y dejar todo abandonado. Resistimos tres años y medio. ƑQué hubiera pasado si hubiéramos corrido al primer choque con Levy?

--ƑLa pelea entre Hacienda y Sedeso fue entre "reformistas y tecnócratas", entre subsidios o nueva enfoque?

--Nosotros no estábamos por la entrega de subsidios o recursos irrecuperables, estábamos por una política social integral. Contábamos con la corresponsabilidad de comunidades y organizaciones. šQuien diga que no se actuaba con responsabilidad y que no se tenían las recuperaciones adecuadas está faltando a la verdad!.

Rojas insiste: "nuestra visión no era el otorgamiento generalizado de subsidios. Nuestra visión era tener una política de desarrollo que pudiera acercar los servicios a la población, que pudiera mejorar su educación, su salud, pero al mismo tiempo la generación de empleo, que le diera ingreso a esa población para poder superar la pobreza deveras. Actuábamos con oportunidad y dedicación para las comunidades. No estábamos esperando resoluciones tecnocráticas que desconocen la realidad y han dado al traste con ese sentido de organización y de participación social, que para mí es fundamental en nuestro país".

La diferencia fundamental, subraya el hoy senador Rojas, "está en cuál es tu prioridad en la política de desarrollo del país. Si tu prioridad está en auxiliar a los banqueros y sacar adelante al Fobaproa o está en auxiliar y apoyar a la gente para que pueda salir adelante por su propio esfuerzo, con su trabajo y su organización. Son dos visiones de país. Dos visiones de política. Esa es la diferencia fundamental. Nuestra prioridad fue estar con la gente, con las mayorías, no estar privilegiando a unos cuantos que verdaderamente saquearon al país".

Hoy, insistió el ex funcionario "hay otra visión. Hay una concepción diferente a la que se expuso en el Plan Nacional de Desarrollo, a la que se expuso en los programas sectoriales de Desarrollo Regional y Superación de la Pobreza".

Sin duda --agrega-- este programa es un buen esfuerzo. "Está ayudando a mediatizar algunas expresiones de pobreza. Ayuda también a muchas niñas y niños que antes no tenían posibilidades de asistir a la escuela o a los servicios de salud y hoy lo pueden hacer. Progresa no es algo creado fantásticamente por el subsecretario Levy. Es una copia o extrapolación de lo que fue Niños en Solidaridad".

Sin embargo, la polémica entre Santiago Levy y la Sedeso continuó a lo largo del sexenio con Esteban Moctezuma y Carlos Jarque Uribe al frente de esa dependencia. Con el primero, Hacienda elaboró las reglas de operación de los principales programas sociales sin consulta, lo que provocó manifestaciones de los Consejos Comunitarios de Abasto porque en esas reglas se estipulaba que las tiendas Diconsa deberían desaparecer en comunidades de más de 4 mil habitantes, con lo que se eliminaba 40 por ciento de esas tiendas. El conflicto concluyó con la no entrada en vigor de la regla.

Durante la gestión de Jarque al frente de la Sedeso los problemas continuaron. La SHCP no hizo caso a las disposiciones del presupuesto de egresos votado en la Cámara de Diputados en diciembre de 1999, y en el caso de Diconsa se le tiene retenido más de la mitad del presupuesto faltando dos meses para concluir su gestión.

En ese contexto los investigadores del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), Enrique Valencia Lomelí y Rodolfo Aguirre Riveles destacan en su trabajo Discursos, acciones y controversias de la política gubernamental frente a la pobreza, que forma parte del libro Los rostros de la pobreza: el debate: "en este sexenio se opera algo semejante a la herejía política sucedida en el sexenio de López Portillo, cuando un reformista tomó la dirección del Banco de México. En esta administración, la teoría sobre la pobreza de un tecnócrata, Santiago Levy, entra al corazón de la política social".

Los investigadores señalan en el libro patrocinado por la Sedeso en el periodo de Esteban Moctezuma que en este sexenio " las diferencias entre las corrientes tecnócrata y reformadora social se agudizaron notablemente entre los equipos de Hacienda y Sedeso... además de las diferentes concepciones que pueden tener, el organigrama institucional los puso frente a frente: Levy, el que aprueba el gasto --y que tiene en Zedillo un firme promotor de la teoría del capital humano--, Rojas, el que presenta las necesidades sociales".

Así, desde el comienzo de esta administración, con el "error de diciembre", el gasto social inició el camino de ajustes, recortes y depuración de padrones de beneficia- rios de los programas sociales.

Para la pobreza extrema sólo 10.7 por ciento del gasto social

De acuerdo con el informe del subsecretario de Egresos de la secretaría de Hacienda, Samtiago Levy --de abril del 2000-- no fue sino hasta 1998, es decir, a cuatro años de distancia de la administración salinista, que el gasto social per cápita fue superior al de 1994, último año del presidente Carlos Salinas de Gortari. En 1998, dicho gasto fue de 4 mil 599 pesos 90 centavos, cuando en 1994 había sido de 4 mil 418 pesos con 60 centavos.

Sin embargo, del total de los recursos destinados al gasto social en este año (2000) , apenas 10.7 por ciento --52 mil 884 millones 400 mil pesos-- se dedica a programas dirigidos al combate de la pobreza extrema en que se encuentran 26 millones de mexicanos, de los cuales únicamente se atiende a poco más de 50 por ciento. Los otros 20 millones de habitantes que viven en la pobreza moderada y que habitan en zonas urbanas y semiurbanas no cuentan con dicha ayuda.

En 1994, los recursos para el combate a la pobreza extrema representaron 11.1 por ciento del gasto social total; para 1995, y aun cuando el gasto social total cayó por la crisis económica, el presupuesto para los pobres representó 11.6 por ciento. En 1996 dicho gasto representó 11.5 por ciento, y para 1997 se redujo a 10.2 por ciento; en 1998 apenas llegó a 10 por ciento, en 1999 sumó 10.5 por ciento, y este año significa 10.7 por ciento del total del gasto social.

Levy: "el gasto social es ineficaz: aún hay muchos pobres en el país"

El subsecretario de Egresos de la SHCP, Levy, aseveró en El Colegio de México (Colmex) el 11 de abril, que " el gasto social es ineficaz. Después de 20 años de gasto social --un poco más de tres sexenios, los últimos de 2 años de la administración de José López Portillo y las gestiones completas de los ex presidentes Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari, y todo el gobierno de Ernesto Zedillo-- hay muchos pobres en el país. Esto quiere decir que los recursos de la política social no llegaron a donde tenían que llegar, a las zonas más pobres y alejadas".

Al participar en abril en la mesa redonda Nuevas perspectivas para el combate a la pobreza, efectuada en el Colmex, Levy subrayó: "nos hemos enfrascado en el debate, en la discusión de si son 26 o 40 millones de pobres en el país. Eso no debe ser lo central de la discusión, pues independientemente del número de habitantes en pobreza que haya en el país, los que se tenga son demasiados pobres para un país tan rico como es éste", subrayó.

Antes, en febrero de 1999, los investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Alicia Ziccardi y Carlos Martínez Assad señalaron en el seminario Las políticas sociales de México al fin del milenio, descentralización, diseño y gestión, que México, junto con países como Venezuela, Argentina y Honduras, presentan hoy "niveles de pobreza mayores que hace 16 años, mientras que países de la región como Brasil, Panamá, Chile y Uruguay, en el primer quinquenio de los noventa mejoraron su situación respecto a la de los ochenta, cuando alcanzaron los niveles más altos de pobreza en América Latina de acuerdo con datos de CEPAL de 1997".

Ziccardi y Martínez Assad resaltaron en su análisis Obstáculos para la descentralización de las políticas sociales, presentado en dicho seminario, que en el país "hay 50 millones de mexicanos en pobreza --26 millones en pobreza extrema y 24 millones en pobreza moderada-- de acuerdo con información del subsecretario de Desarrollo Regional Enrique Del Val".

Los investigadores del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS), de la UNAM subrayaron: "esta información revela que no sólo la pobreza absoluta en el país ha crecido pese a la instrumentación de programas sociales, sino que la desigualdad social es cada vez mayor en el país. La pobreza no sólo es dato estadístico, se observa todos los días en la vida cotidiana de las ciudades y zonas rurales".

"Los límites de Sedeso son cada vez mayores ante las restricciones que Hacienda impone al gasto social a consecuencia de la caída de los ingresos fiscales ante la baja de los precios internacionales del petróleo. Esta situación se ha traducido en desacuerdos sobre los alcances de acciones y metas a lograr. Así, mientras que los funcionarios encargados de operar el Progresa --el programa zedillista para combatir la pobreza extrema -- sostienen que ese programa debería cubrir a 30 millones de personas, los encargados de ajustar las finanzas públicas dicen que sólo podrá cubrir a 14 millones al final de la administración, previos recortes a subsidios de otros programas".

En el primer trienio zedillista, menos recursos para gasto social que en 1994

A partir de la crisis financiera de diciembre de 1994, los recursos destinados al gasto social en los primeros tres años de gestión del presidente Ernesto Zedillo fueron menores a los del último año de gobierno del ex presidente Carlos Salinas de Gortari. En 1995, los recursos asignados al desarrollo social fueron menores en 53 mil millones de pesos a los ejercidos en 1994.

No fue sino hasta 1998 cuando el gasto social de esta administración superó en 45 mil millones de pesos nominales los destinados el último año del sexenio salinista. Sin embargo, la crisis de los precios del petróleo llevó ese año a realizar ajustes en el presupuesto de la Sedesol y sobre todo en los principales programas de combate a la pobreza. Así, la política social dejó de atender a 3.5 millones de personas en programas fundamentales para hacer frente a la miseria: tortilla subsidiada vía Fidelist, desayunos escolares, leche subsidiada y abasto y distribución de productos básicos a través de Diconsa.

Producto del primer recorte al Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) en 1998, el Ejecutivo disminuyó los recursos a Liconsa en 106.1 millones de pesos, al fideicomiso para la liquidación del subsidio a la tortilla (fidelist), en 100 millones, Progresa en 94 millones de pesos, Diconsa en 10 millones, el Fondo Nacional de Empresas Sociales 97.1 millones de pesos, el Fondo Nacional de Habitaciones Populares en 100 millones de pesos, y al INI en 8.1 millones de pesos.

Una segunda reducción al gasto en ese año significó la disminución de 549 millones de pesos más a la Sedesol: 99 millones de pesos más al fidelist, 1180 millones al programa de vivienda Vivah, 167.7 millones al programa 100 ciudades, y 102 millones más al Fonhapo. El progresa registró otro recorte por 230 millones de pesos adicionales .