MARTES 17 DE OCTUBRE DE 2000

Ť La Cámara de Diputados señala irregularidades

Recuperable, sólo uno de 422 créditos cruzados del Fobaproa

Ť En conjunto suman un monto de 42 mil 240 millones de pesos

Ciro Pérez Silva Ť La Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados (CMH) reveló ayer que sólo uno de los más de 400 créditos reportables del Fobaproa que corresponden a operaciones "cruzadas" es susceptible de ser recuperado, mientras en lo que toca al saneamiento de la banca de desarrollo, la política empleada por el gobierno federal fue equivocada, además de que sigue contratando deuda sin autorización del Congreso en el caso de los Programas de Inversión con Impacto Diferido en el Registro del Gasto (Pidiregas).

En el informe sobre la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 1998 -que fue entregado ayer a los diputados- se afirma que los 422 casos de créditos reportables del grupo "B", que en la auditoría al Fobaproa fueron identificados como los otorgados por los bancos a personas físicas o morales con las que tenían alguna relación o filiación (créditos cruzados), por un monto de 42 mil 240 millones de pesos, "en 421 casos han prescrito las acciones penales".

En el texto se recomienda al Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) que informe trimestralmente a la Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados sobre el seguimiento que dé a las transacciones reportables del grupo "B" del informe del auditor canadiense Michael Mackey.

Como parte de las recomendaciones que hace la CMH, advierte que es necesario que el IPAB investigue además las dos transacciones reportables del grupo "C" -créditos ilegales- sobre las cuales el IPAB pidió información adicional al auditor Mackey. De este tipo se consideran 64 créditos por un monto de 6 mil 43 millones de pesos.

Por cuanto a la banca de desarrollo, la CMH sostiene que los mecanismos utilizados por el gobierno federal no garantizan la recuperación de la cartera vencida y hace "una atenta excitativa al Poder Ejecutivo Federal" para que estudie otras alternativas de saneamiento financiero, tendientes a disminuir el costo fiscal de las operaciones relacionadas con la adquisición de carteras vencidas "que, se insiste, por sí mismas no garantizan su recuperación".

En razón de que la recuperación de carteras vencidas ha sido significativamente inferior a la prevista en los programas de saneamiento financiero, enfatiza el texto enviado a los diputados, "el Ejecutivo Fe deral debe informar de manera particular al Congreso de la Unión sobre la aplicación de transferencias destinadas al pago de carteras no cobradas, así como al costo fiscal estimado a corto y mediano plazo, con base en el comportamiento de los créditos vencidos".

Menciona que buena parte de la cartera vencida de instituciones como Nafin es prácticamente irrecuperable y el costo financiero alcanzó en 1999 los 43 mil 271 millones de pesos.

"Del análisis de lo expuesto se deduce que si en la estrategia financiera adoptada por el gobierno federal se permitió la continuidad operativa de la banca de desarrollo, también lo es que seleccionó mecanismos que por sí mismos no garantizaban la recuperación de las carteras, situación conocida desde el principio, tanto por la Secretaría de Hacienda como por Nafin y Banrural.

"En razón de que la recuperación de carteras vencidas ha sido significativamente inferior a la prevista en los programas de saneamiento financiero, el Ejecutivo Federal debe informar al Congreso sobre la aplicación de transferencias destinadas al pago de cartera no cobradas, así como del costo fiscal estimado a corto y mediano plazo, con base en el comportamiento de los créditos vencidos".

Al abordar el apartado referente a los Pidiregas, la CMH precisa que la normatividad establecida para regular estos programas, al no haberse consensuado con las dependencias y entidades públicas a las que se busca beneficiar, ha propiciado que para cumplir con las disposiciones correspondientes "se busquen caminos indirectos".

Señala que los montos de inversión requeridos por los contratistas del sector privado para la creación de infraestructura eléctrica, carretera o petrolera, entre otras, "en varias ocasiones se consiguen con costos financieros y plazos que resultan ser menos favorables de los que pueden obtener las propias empresas públicas.

Por tanto, a fin de cumplir con el espíritu de la norma, el cual consiste en que el contratista invierta recursos propios o financiados con cargo a su patrimonio, se han creado fideicomisos fuera del país sin la necesidad de un fideicomitente.

"De esta forma las entidades públicas, de manera indirecta, pueden contratar deuda en mejores condiciones para apoyar a los inversionistas ganadores de la licitación. Con este mecanismo, si bien se cumple con la normatividad prescrita, ya que el ente público que realiza este proceso sólo se constituye en aval o garante de la deuda contraída a través de los fideicomisos, se está contratando deuda sin obtener, previamente, el consentimiento del Congreso de la Unión, puesto que las modificaciones a la Ley General de Deuda Pública, en su artículo 18, así lo permiten".

En sus recomendaciones, la CMH afirma que a efecto de eliminar este tipo de prácticas es conveniente que se adecue la normatividad a las necesidades de operación reales de las dependen- cias y entidades, con el propósito de que los recursos financieros que se involucren en apoyo de la creación de infraestructura productiva "se obtengan en los mejores términos de contratación para el país, se ahorren recursos presupuestales y, sobre todo, se mantenga debidamente informada a la Cámara de Diputados".