Ť El subsidio a universidades públicas, sujeto al vaivén de la economía: De Vries 

Imposible, tener un gasto educativo de 7% del PIB, dice investigador

Ť Concentrarían instituciones de educación superior privadas 50% de la matrícula nacional, advierte

María Esther Ibarra Ť Con las actuales tendencias del financiamiento resulta imposible tener un gasto educativo de 7 por ciento del producto interno bruto (PIB), por lo que el subsidio a las instituciones de educación superior públicas continuará "constreñido permanentemente a los vaivenes de la economía" del país, plantea Wietse de Vries, investigador de la Universidad Autónoma de Puebla (UAP).

Ante esto, el especialista advierte que dentro de los próximos cinco años, las universidades privadas podrían concentrar 50 por ciento de la matrícula nacional en licenciatura y posgrado.

En su ensayo Silencios y ruidos: las políticas para la educación superior en México, De Vries hace una revisión de las prioridades del gobierno al final de la década de los noventa, y aunque reconoce que hubo un incremento en la cobertura y la creación de nuevas instituciones educativas del nivel superior, examina la falta de evaluación de los impactos en la mejora de la calidad académica, tanto de las casas de estudios como de sus comunidades.

Director de Planeación de la UAP, De Vries analiza que en materia de recursos para las universidades públicas aumentaron los estímulos a la docencia, pero "cayeron los salarios en términos reales". Agrega que el crecimiento de instituciones, programas y matrícula no tuvo el correspondiente incremento del financiamiento para la educación superior, por lo menos desde 1994.

En ese año, el gasto federal en educación superior y posgrado alcanzó 8 mil 593.6 millones de pesos (constantes de 1993), mientras que para 1999 se situó en 7 mil 212.7 millones de pesos, lo que representa una caída de 16 por ciento, según los datos que el académico cita de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES).

Para De Vries, otro de los asuntos críticos es la ausencia de procesos sistemáticos de evaluación. "No hay datos que permitan afirmar que el sistema esté mejor hoy que hace una década, ni que las políticas públicas hayan producido los efectos deseados. Los informes oficiales se han fijado únicamente en un seguimiento de la cantidad, pero no hay ningún dato confiable que permite afirmar que mejoró la calidad".

Sobre la asignación de recursos y apoyos financieros adicionales, comenta que la UNAM y la UAM "tuvieron un tratamiento excepcional, pero con distinciones entre ellas". Respecto al tratamiento diferenciado por "razones administrativas", el investigador cuestiona que las "políticas operaron mediante la inducción, los decretos, los acuerdos y las negaciones sectoriales, sin tocar la legislación en general y sin establecer un marco general para guiar al sistema en su conjunto".

De esa manera, "la intervención del gobierno continuó manejándose por la vía de la planeación concertada e inducida. En la práctica, esto parece traducirse en un esquema en el que hay incentivos para adoptar iniciativas gubernamentales, siempre y cuando la institución o la persona califique administrativamente para el financiamiento público".

Y agrega: "Queda así un amplio espacio para negociar los incentivos (económicos), proceso que se repite cada año".

Concluye sobre el tema:"Las políticas se volvieron sumamente susceptibles al juego político, a las diferencias entre grupos de interés en diferentes sectores, incluso al interior de la SEP, al cambio de operadores políticos y a la agenda política nacional o de cada entidad y, al mismo tiempo, la capacidad del Estado para operar una política educativa nacional se mostró sumamente limitada".

Como ejemplo de eso, analiza el fracaso de la diversificación de la oferta educativa con la creación de nuevas instituciones públicas encaminadas hacia ese fin como son los institutos tecnológicos. "Crecieron en número (menciona 70) y redujeron sus programas, pero 25 por ciento de su matrícula está en las ciencias administrativas".

Señala que las universidades tecnológicas ?actualmente 40? están en una situación similar, pues menciona que el año pasado la distribución de la matrícula por áreas de conocimiento fue la siguiente: 67.7 por ciento al área de la ingeniería y tecnología, mientras que 32 por ciento de los estudiantes cursó sus estudios en las áreas de ciencias sociales y administrativas y únicamente 0.2 por ciento en las agropecuarias.

Por eso, observa que el objetivo de reorientar la matrícula hacia carreras tecnológicas, mediante la creación de institutos y universidades en ese campo, "no modificó la lógica del sistema", y da estos datos: en 1999, la población escolar de los institutos tecnológicos representaba 15 por ciento de la matrícula pública y 1.1. por ciento del total.

Así, "a pesar del impulso público para el sector tecnológico, las instituciones de tipo universitario siguieron teniendo mayor peso, incluso en el área de ingeniería: en 1998 había 468 mil estudiantes (no los 750 mil previstos), pero 58 por ciento de ellos se preparaba fuera de los institutos tecnológicos".