LUNES 16 DE OCTUBRE DE 2000

Ť Informe ante la Audiencia Nacional de España

Hoy, comparecencias sobre el genocidio en Guatemala

Ť Dos integrantes de la CEH fueron citados por el juez Ruiz

Armando G. Tejeda, corresponsal, Madrid, 15 de octubre Ť Dos destacados integrantes de la Comisión del Esclarecimiento Histórico (CEH), que bajo los auspicios de la Organización de Naciones Unidas, documentó el genocidio perpetrado en Guatemala durante el conflicto armado en ese país centroamericano, comparecerán a partir de este lunes ante la Audiencia Nacional de España para ratificar la validez de los 12 tomos del informe.

Estos forman parte de las pruebas aportadas por la acusación popular en el proceso judicial contra ocho militares guatemaltecos, entre ellos los ex dictadores Fernando Romeo Lucas (1978-1982), Efraín Ríos Montt (1982-1983) y Oscar Humberto Mejía Victores (1983-1986), que junto con otros cinco militares fueron los máximos responsables del genocidio que se cobró la vida de más 200 mil personas, la mayoría de ellas de origen maya.

El juez de instrucción español Guillermo Ruiz de Polanco citó a comparecer a Carlos Berinstain este 16 de octubre, mientras que el Ballcells Tojo hará lo propio el día 26 del mismo mes. Antonio García, abogado de la acusación popular, explicó a La Jornada que los informes si bien fueron aportados al proceso, no gozan de validez oficial, por lo que la ratificación de su "autenticidad", es una "precaución que no es gratuita, ya que la actuación de la Fiscalía no ha demostrado buena fe procesal ni jurídica".

En la querella criminal, presentada en diciembre pasado por la premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú Tum, figuran como acusación popular varias organizaciones, como la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala, Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Guatemala, el procurador de derechos humanos de Guatemala, Julio Eduardo Arango Escobar, la Asociación Argentina Pro Derechos Humanos y la Asociación Libre de Abogados, entre otros.

Antonio García, abogado de la acusación popular y representante judicial del sindicato comunista español Comisiones Obreras, también personado en la causa, explicó que en el caso Guatemala existen "más que indicios de la participación de los imputados en gravísimos delitos, esto quiere decir que podría, conforme a la legislación española y universal, interesar la puesta a disposición de los tribunales de estos genocidas".

La resolución que adopte el próximo mes de octubre la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional sobre la competencia de los tribunales españoles en este proceso será "fundamental" para continuar con la persecución de estos presuntos criminales. Además de Ríos Montt, Romeo Lucas y Mejía Víctores, la querella criminal también señala al ex ministro de Defensa, Angel Aníbal Guevara Rodríguez, al ex responsable de Gobernación, Donaldo Alvarez Ruiz, a Benedicto Lucas García, entonces jefe del Estado Mayor del Ejército, y a los dos comisarios de policía Germán Chupina Barahona y Pedro García Arredondo.

"En definitiva, es posible que podamos estar en condiciones de aquí a poco tiempo de solicitar una orden de detención internacional contra todas las personas que aparecen implicadas. Que sepan que sigue el proceso y que sepan que los genocidas y los acusados de genocidio serán perseguidos allá donde se encuentren", sostuvo García.

Entre los testimonios y documentos aportados al sumario del caso Guatemala se encuentran cuatro informes oficiales de la cancillería española, dos de ellos archivados en su momento con el sello de "secreto". Uno de ellos es el informe del entonces embajador español en Guatemala, Máximo Cajal, sobre el sangriento episodio de la toma de la embajada de España el 31 de enero de 1980, en la que fueron muertos 37 campesinos indígenas del Quiché.

"Debo subrayar, ante todo, que desgraciadamente soy el único testigo vivo de lo allí sucedido desde el principio hasta el fin", advierte Cajal en uno su informe, al que tuvo acceso La Jornada.

Los indígenas, explica Cajal, "dijeron que habían decidido instalarse en la embajada de España, de manera pacífica; que deseaban transmitir, a través del gobierno español, unas exigencias a la autoridad guatemalteca. A continuación se refirieron a la situación de represión que se vivía en El Quiché".

Cajal ofreció comunicarse con las autoridades guatemaltecas para pedir que no se iniciara una operativo policial. Pero el gobierno, encabezado entonces por Romeo Lucas, no respondió a las llamadas. "No hubo una sola llamada ni una sola muestra de interés por parte de ninguna autoridad guatemalteca durante las horas en que el teléfono de la embajada estuvo en funcionamiento".

Momentos antes de que ocurriera la tragedia, apunta Cajal, "subieron (los policías y militares) esgrimiendo ametralladoras, fusiles, pistolas y revólveres, y ahí nuevamente intentamos convencerles de que se retiraran porque aquella gente había dicho que aquella era una ocupación pacífica, que iban desarmados".

"Había allí veinticinco, treinta o cuarenta policías, unos de los que aquí llaman Pelotón Modelo y otros del llamado Cuerpo de Detectives; no había en absoluto modo de dialogar con ellos".

Finalmente, señala Cajal, los 37 indígenas del Quiché, que habían tomado pacíficamente la Embajada unas horas antes, fueron asesinados.