LUNES 16 DE OCTUBRE DE 2000
Ť Erogará, junto con la empresa inmobiliaria, más de 1.6 millones de pesos
Sentencian a Sedena a pagar daños por mala edificación
Gustavo Castillo García Ť El Supremo Tribunal de Justicia Militar condenó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y a la empresa Propulsora y Edificadora Peninsular SA, a erogar en conjunto un millón 630 mil 288 pesos, para reparar los daños estructurales detectados en los inmuebles que albergan a los 61 y 65 batallones de Infantería.
De acuerdo con los datos contenidos en el oficio número SA-1605, enviado por el Supremo Tribunal de Justicia Militar al juzgado sexto de distrito en materia de amparo, se reconoce que ''la dependencia (Sedena) elaboró los planos con errores de cálculo y los contratistas de Propulsora y Edificadora Peninsular SA no verificaron los planos estructurales'' a partir de los cuales se construyeron ambos inmuebles.
El órgano impartidor de justicia en el fuero castrense encontró elementos para determinar que la dependencia y la inmobiliaria incurrieron en violaciones a diversos ordenamientos legales en materia de construcción del Distrito Federal y a los convenios oficiales bajo los cuales se contrata la realización de una obra.
El monto de los recursos necesarios para reparar los daños en la estructura de las edificaciones, será pagado en un 50 por ciento por la Defensa Nacional y el restante por la empresa inmobiliaria, de acuerdo con el dictamen del Supremo Tribunal Militar, luego de que dictó sentencia absolutoria a dos militares que habían sido acusados en principio como los responsables de las fallas estructurales que se detectaron en los inmuebles.
El litigio trascendió a la justicia civil, luego de que los capitanes primeros ingenieros constructores, Julio César Castillo Colmenares y Ariel Villalobos Godínez, interpusieran el juicio de amparo número 348/2000 ante el juzgado sexto de distrito en materia de amparo y que el tribunal castrense rindiera un informe justificando sus actuaciones dando a conocer que otorgó la libertad a los dos militares, pero que el ministerio público militar apeló a esa decisión y buscó revocar la determinación.
El ministerio público castrense busca evitar que la Sedena pague la reparación de los defectos estructurales y que los militares proventes del amparo sean encarcelados y condenados como responsables de esos defectos en ambas construcciones. Sin embargo, en el juzgado sexto de distrito en materia de amparo, que encabeza la jueza María Elena Leguízamo Ferrer aún no se determina si es procedente o no dicho recurso legal.
Ambos capitanes gozan de su libertad, luego de que el Supremo Tribunal Militar considerara que no existían elementos para responsabilizarlos de daño en propiedad ajena por responsabilidad culposa.