LUNES 16 DE OCTUBRE DE 2000

Ť Crimen organizado, ámbito de su competencia, dice


Propone Molina combate de procuradurías estatales al narco

Ť Desvirtuado, el diseño original de la Policía Federal Preventiva

Jesús Aranda y Gustavo Castillo /I Ť Es tiempo de que la persecución de los delitos cometidos por la delincuencia organizada y el narcotráfico sea competencia de las procuradurías estatales, pese a que hay gobernadores que se oponen a ello, consideró Francisco Molina Ruiz, coordinador del equipo de transición de Vicente Fox Quesada en materia de seguridad pública.

En entrevista con La Jornada, adelantó que en los próximos diez días se presentará ante el Congreso de la Unión el proyecto integral de lo que se conoce como secretaría de seguridad pública y servicios a la justicia.

El ex senador panista aseguró que la Policía Federal Preventiva (PFP) actúa con cinco mil militares en sus filas, ante un ''estado temporal de urgencia'' derivado de la carencia de recursos humanos, y porque en la práctica no se desarrolló el diseño ''históricamente bien planeado'' que para ella aprobó el Congreso de la Unión en 1998.

Competencia concurrente

Conocedor de la estela de violencia y criminalidad que genera el tráfico de enervantes y el crimen organizado, ya que fungió como procurador del estado de Chihuahua durante la gestión del panista Francisco Barrio Terrazas, afirmó que ''90 por ciento de los delitos graves están ligados al narcotráfico y a la delincuencia organizada''.

Por ello, dijo, la persecución de esos actos ilícitos no debe estar ya sólo en manos de la Federación, sino debe ser de competencia concurrente, es decir, que los códigos penales de cada estado faculten a las procuradurías estatales para su persecución.

A este respecto mencionó que existen dos posiciones encontradas: por un lado ''hay gobernadores, como los de Sinaloa, Baja California y Chihuahua que se han manifestado por tener una competencia concurrente, ya que estos ilícitos generan una inercia negativa que no sólo impacta en el ámbito federal, sino también en el fuero común. Hay también un grupo importante de gobernadores que no desean asumir la responsabilidad que hasta ahora está reservada a la Federación. Argumentan que son políticos, no policías, y por lo tanto el gobierno federal debe mantener esa facultad'',

Sin embargo, consideró que los avances que en materia legislativa de combate a la delincuencia se han desarrollado en los últimos años, han permitido llegar a un punto en el cual el fortalecimiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la creación de la Policía Federal Preventiva, permiten alcanzar y hacer efectiva una competencia concurrente.

''Ahora existen las bases jurídicas y habría que hacer una puntualización de reforma al artículo 73 constitucional, para que el ámbito de competencia de combate al crimen organizado y al narcotráfico sea de concurrencia expresa. En este momento se puede trabajar a través de convenios, pero una normatividad expresa sería lo más conveniente'', dijo.

Molina Ruiz, quien también fungió como titular del desaparecido Instituto Nacional para el Combate a las Drogas (INCD), señaló que la demanda de aquellos procuradores de justicia que se pronuncian porque tengan capacidad legal para combatir a la delincuencia organizada ''es correcta'', aunque reconoció que les hacen falta algunas herramientas para enfrentar este problema. Entre ellas, agentes encubiertos capacitados para desarrollar labores de inteligencia, la posibilidad de negociar la reducción de penas para informantes, la puesta en práctica de arraigos y otros mecanismos legales que ya están previstos en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

Lo expresado a este respecto por Francisco Molina Ruiz coincide con la demanda que procuradores de justicia del país expusieron ante el equipo de transición de Vicente Fox Quesada, durante una reunión en la ciudad de Oaxaca.

Dijo, asimismo, que unas reformas que permitan una concurrencia común y el fortalecimiento del Ministerio Público Federal en todos los ámbitos, permitirá estar mejor posicionados para combatir al crimen organizado.

La futura secretaría, una ''estructura imán''

Respecto a la futura secretaría de seguridad pública, Molina planteó que la intención es ''absorber'' todas las fuerzas policiacas del orden federal en ''una estructura imán'', además de la Policía Judicial Federal (PJF) que no cumple funciones de investigación.

La PJF tiene muchas funciones de acuerdo con la misma ley orgánica, y al igual que el Ministerio Público tiene la tarea de realizar misiones preventivas, de persecución, investigación e incluso servir de escoltas o de guardias de seguridad.

La idea es que el Ministerio Público Federal tenga bajo su mando la dirección directa de las policías.

Explicó que en la parte correspondiente a la policía investigadora, actualmente se cuenta con alrededor de 200 agentes asignados a la Unidad de Delincuencia Organizada y en casos especiales.

Por lo que hace a la posibilidad de que él mismo encabece a la futura secretaría de seguridad pública, señaló:

''Yo ya no voy a caer en ningún lado; a mí Vicente Fox me invitó a trabajar en un equipo de transición para hacer el diseño estructural de esta secretaría, su posible aplicación y la preparación para que finalmente se pueda hacer una oferta adecuada y correcta al Congreso de la Unión''.

Actualmente esta estructura no existe, por lo que hay que preparar el convencimiento de su viabilidad y esto demanda un trabajo muy complejo y muy intenso que va más allá de cuestiones ''de pesos y centavos''. Se trata, concluyó, de que la justificación no sea únicamente de orden económico ''por no tener dispersas a las policías'', sino también es cuestión disciplinaria, estructural y de tener una policía que sea de prestigio y honorable, como sucede en otras naciones.

Mi aplicación es estricta sobre esta materia, señala Molina, al reconocer que el arquitecto de la obra no es necesariamente el que la construye.

PFP: ganaron las urgencias

Molina Ruiz afirma que la Policía Federal Preventiva fue concebida como ''una policía elite, que debía tener forzosamente un nacimiento pulcro y en la cual está previsto el servicio civil de carrera''. Sin embargo, acepta que no se cumplió con el diseño que de ella se hizo: ''En la práctica no se dio, entonces las urgencias y necesidades ganaron a la forma y protocolo''.

Primera llamada de atención...

Explicó que al gobierno de Ernesto Zedillo el Poder Legislativo le concedió 48 meses para que pudiera crear una policía elite, en donde todo nombramiento tenía que realizarse bajo un perfil muy preciso; empero, ''de repente, una vez aprobada la ley, comenzaron a darse otro tipo de políticas y determinaciones. De la noche a la mañana, en vez de generar esa policía esperada se trasladaron alrededor de 300 agentes del Centro de Investigación en Seguridad Nacional (Cisen) para que formaran parte de ese cuerpo. Esa fue la primera llamada de atención''.

Abunda: ''En 1999, insistimos en la tribuna del Senado en que no se estaban desarrollando los acuerdos legislativos. Apareció una nueva figura, la presencia de una parte de la brigada de la Policía Militar en esta corporación. Lo que encontramos ahora es que el diseño que fue históricamente bien planeado, en la práctica no se dio''.

Agrega que la integración de militares a la Policía Federal Preventiva se dio en el ejercicio ''de una actividad temporal o momentánea y hoy se tiene que evaluar si esta policía esperada ya está en condiciones de sustituir esa emergencia. Pero los datos que tenemos son que las academias no han dado los elementos suficientes porque no ha habido los recursos y no se han construido la cinco grandes academias. De los 13 mil policías que se necesitan, las escuelas habrán arrojado 3 mil o 4 mil. La premisa sigue siendo válida. Valida que sigamos estando en el estado de excepción, de emergencia o de temporal urgencia, pero también sigue siendo válido el principio fundamental de que este es un asunto temporal y hay que regularlo por uno permanente a medida que las academias den más policías''.

Para concluir la entrevista con este diario, el coordinador en materia de seguridad del equipo de transición del presidente electo, Vicente Fox Quesada, reconoció que el modelo de constitución de la PFP ''tuvo que venirse ajustando por una serie de realidades''. En principio, se consideró que se iban a aglutinar a las policías Fiscal, Migratoria y la Federal de Caminos, pero no se pudieron homologar las prestaciones que tenía una estructura con relación a otra y hay que hacer un gran esfuerzo para homologarla.