DOMINGO 15 DE OCTUBRE DE 2000

Caciquismo y justicia torcida en la Mixteca oaxaqueña

La traición de los yenis

Sansón y Amado Aguilar Sánchez purgan sentencias por delitos que no cometieron. Su afán de defender los bosques e impulsar la organización comunitaria en Santiago Yosondúa los hizo víctimas de la red de complicidades entre el cacicazgo local y el aparato de justicia. Este es su testimonio

Francisco LOPEZ BARCENAS Ť Fotos: PEDRO VALTIERRA

Uno de los movimientos indígenas de la Mixteca oaxaqueña que se iniciaron desde los ochenta y aún tiene efectos fue el protagonizado por las comunidades del municipio de Santiago Yosondúa en contra de la explotación de sus recursos naturales sin su consentimiento. Producto de la represión de aquellas épocas todavía se encuentran injustamente privados de su libertad los hermanos Amado y Sansón Aguilar Sánchez, purgando sentencias derivadas de delitos que nunca cometieron. Desde la soledad de la cárcel en donde se encuentran, en julio de 1996, en el marco del diálogo entre el EZLN y el gobierno federal, los indígenas presos enviaron su testimonio a los rebeldes con la solicitud de que lo hicieran público.

Dada la actualidad de su testimonio, aquí se presenta íntegro, con ligeras modificaciones ortográficas.

Amado y Sansón Aguilar Sánchez, indígenas de la etnia mixteca, originarios y vecinos de la agencia municipal de Independencia, Itundujia, Putla, Oaxaca; de 42 y 44 años de edad, casados, campesinos, de nacionalidad mexicana; actualmente presos injustamente en la cárcel pública municipal de Putla de Guerrero (hoy se encuentran en la cárcel de Tlaxiaco), Oaxaca, acusados infamemente por el poder caciquil de nuestro pueblo de Santa Cruz Itundujia, de un homicidio en perjuicio de Gildardo García García, delito que jamás cometimos, sentenciados a 30 años de prisión, en el expediente penal número 45/990, a efecto de denunciar ante la opinión pública nacional e internacional y en busca de solución a nuestro problema para recobrar nuestra libertad, nos permitimos dar la siguiente información:

Hacemos constar con toda realidad que el fondo del problema es la explotación forestal de pino que se ha venido dando en la jurisdicción de nuestro pueblo de Santa Cruz Itundujia, explotación irracional, es decir, criminal, sólo en beneficio de un grupo que se hizo llamar Unidad Especializada de Aprovechamiento Forestal Comunal Yenis (yenis en mixteco significa hermanos), que coludidos con la Secretaría de la Reforma Agraria y la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, y con la tolerancia de administraciones pasadas del H. ayuntamiento constitucional y del comisariado de bienes comunales, se constituyeron con el nombre antes mencionado y que en complicidad con la empresa forestal Bosques de Oaxaca, SA, esta última como compradora del recurso para Triplay de Oaxaca.

Dados los abusos inadmisibles de nuestro recurso en perjuicio de la población en general, siendo presidente municipal de Santa Cruz Itundujia el C. Honorio Aparicio Sánchez, en el año de 1985 éste nombró a un Comité de Defensa de la Problemática de Nuestro Pueblo (Codep) del cual yo, Sansón Aguilar Sánchez, era miembro activo. El comité empezó por pedir cuentas a los mencionados "Yenis", al tiempo que inició una serie de denuncias de la tala inmoderada de nuestro recurso forestal junto con una campaña periodística a nivel estatal y nacional. Con estas acciones estuvo a punto de someter al comisariado de bienes comunales, cuyo presidente era el C. Esteban José Juárez, a una auditoría. En este proceso de avance, la Unidad Especializada de Aprovechamiento Forestal Comunal, con el comisariado de bienes comunales sobornaron al presidente municipal Honorio Aparicio Sánchez, de tal manera que después de habernos nombrado Comité de Defensa de la Problemática del Pueblo él mismo estuvo en nuestra contra, negando su iniciativa de nombrar un comité, aun cuando los nombramientos estaban firmados y sellados por el presidente y el síndico municipales. Como resultado de nuestras denuncias logramos que la SARH inspeccionara las zonas taladas y la SRA solicitara informes veraces del estado de la explotación forestal.

Como consecuencia del trabajo que hicimos se nos hostigaba, como opositores, rebeldes, y se nos empezó a tratar mal, tanto a los integrantes como a los simpatizantes que compartían la firme decisión de apoyarnos. Esto dio lugar a que el pueblo se dividiera y nos empezaron a marginar injustamente, a excluirnos del censo general de comuneros y a dejarnos fuera de los programas de crédito. Con este trato indebido se notaba muy clara la división, casi al 50% de uno y otro lado.

Por consenso del Codep y la parte de la población que lo apoyaba se acordó dar nuevo nombre a la organización y a partir de 1990 fue Organización Popular Itundujense (OPI). Ya como tal se acordó tener delegaciones en las agencias municipales y de policía. También acordamos que dentro de la organización deberíamos dar impulso a la producción agropecuaria, por medio de unidades de producción, a fin de ser autosuficientes y el excedente venderlo a las comunidades aledañas, y formar cooperativas, tanto de producción como de consumo.

El 15 de octubre de 1990 se constituyen en el seno de la OPI dos cooperativas: una de consumo, con el nombre de La Itundujia, S de RL, por mujeres campesinas, y la otra de producción, con el nombre de Yucucasa, S de RL, por hombres campesinos. Así se desarrollaban los avances dentro de nuestra organización. Todas estas nobles acciones que emprendimos en beneficio de la clase humilde y la conciencia que se iba acrecentando en forma muy positiva asustaron al poder caciquil, que aliado a las autoridades contratadas por los mismos "Yenis" empezaron a fabricar infames acusaciones para apartarnos del adelanto de nuestra OPI.

Yo, Amado Aguilar Sánchez, fui detenido el 4 de junio de 1990 sin orden de aprehensión, en mi comunidad Independencia, Itundujia, Putla, Oaxaca, por la policía municipal, siendo agente municipal Wenceslao Sánchez Sánchez, integrante del grupo "Los Yenis", que me remitió con una serie de acusaciones falsas ante el agente del Ministerio Público de Putla. Ya en manos de los agentes judiciales, éstos me sometieron a tortura infrahumana por varias veces en un río de nombre río de Copala, y en altas horas de la noche. Debo hacer la aclaración que los judiciales responden a los nombres: Jonás E. Gutiérrez Corro (comandante), Pedro Pérez Santillán (número 75), Ismael Martínez López (182), Mario Sánchez Avendaño (297), y que antes de someterme a tortura me llevaron a revisión médica y se expidió el certificado médico especificando que yo estaba bien de salud. También que los agentes judiciales me pidieron dinero aduciendo que si les daba dinero ellos podían poner de acuerdo al ministerio público y yo podía salir y si no me iba a llevar la chingada.

En uno de los momentos en que me presentaron con el agente del MP, de nombre Juan Bautista Mejía, éste personalmente me amenazó de muerte con una pistola que según él mismo decía era calibre diez y conmigo la iba a estrenar. Continuaron las torturas y ante el peligro de morir declaré lo que no cometí. Todo esto demuestra que el enemigo estaba coludido con las autoridades, para hacerme aparecer como un criminal. También con toda verdad digo lo que me dijo personalmente la juez mixto de primera instancia, licenciada Areli Reyes Terán: si yo tenía dinero más que la otra parte, yo era inocente, pero si no tenía, aunque fuera inocente tenía que ser culpable.

Señalo con toda precisión que la instrucción de mi proceso sólo duró un mes con 26 días, pues la instrucción se cerró el 30 de agosto del mismo año. Por la escasez de tiempo en mi proceso no tuve ni la menor oportunidad de aportar las pruebas de orden constitucional para demostrar mi inocencia; esto es sin lugar a dudas un abuso de autoridad sumamente grave en mi perjuicio, pues yo quedé en total estado de indefensión. Cabe señalar que en ese tiempo era diputado por el séptimo distrito Heraclio Celis Villagómez, autor intelectual que tenía la Unidad Especializada de Aprovechamiento Forestal Comunal Yenis, y fue quien influyó sobre la juez, para que en el más mínimo tiempo se me hiciera aparecer como criminal. Este mismo diputado influyó en todas las instancias para que mi asunto se echara a perder, con esto se puede apreciar que todo fue una acusación con fondo meramente político, pues yo, Amado Aguilar Sánchez, el día de los hechos me encontraba internado en una clínica de medicina interna en la ciudad de Oaxaca y fui atendido por el doctor Miguel Angel Reyes Franco, que expidió el certificado respectivo.

Yo, Sansón Aguilar Sánchez, fui detenido el 28 de septiembre de 1992, sin orden de aprehensión, por la policía municipal en Santa Cruz Itundujia, no obstante que esta policía no tenía facultad de hacerlo. El 29 de septiembre fui conducido por elementos de la Policía Judicial del Estado a la ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca, y el día 2 de octubre me trasladaron a la ciudad de Putla de Guerrero. En esa fecha rendí mi declaración preparatoria y en la misma señalé con precisión que, en la fecha de los hechos que se me imputaban estuve en un seminario forestal en la ciudad de Tlaxiaco; y que allí mismo estuvieron las personas que fueron mis testigos de descargo. Posteriormente presenté el acta levantada en el seminario en la que se demuestra mi presencia en la ciudad de Tlaxiaco; la distancia de Tlaxiaco a mi comunidad de origen y vecindad es de más de 112 kilómetros de terracería en malas condiciones. Durante la instrucción del proceso se aportaron las pruebas suficientes para demostrar mi total inocencia y mi defensor particular promovió todo lo procedente de tal manera que nos sentimos seguros de que en la sentencia iba a ser absuelto, pero fue todo lo contrario y por eso se entiende a todas luces que la juez tuvo mucho interés en perjudicarme con una condena injusta y hasta se atrevió a decir en su sentencia "que como estaba cerca del lugar donde fue el seminario me pude trasladar para cometer el ilícito y volver a incorporarme al seminario" y todo esto sin prueba alguna que demostrara la distancia. No se dio el debido valor a las pruebas que se aportaron en el procedimiento de instrucción.

Es 100% injusto todo lo que se ha hecho en nuestro perjuicio, de hecho todo es inadmisible, detención, proceso y sentencia, sin que nosotros hubiéramos cometido el hecho ilícito que se nos atribuye y cabe hacer la aclaración que fueron los "Yenis" quienes maniobraron todo, contrataron al abogado que asesoró a nuestros acusadores y testigos, es decir, dieron todas las facilidades e incluso los gastos fueron cubiertos por ellos con tal de lograr su objetivo en nuestra contra, demandante y testigos fueron utilizados por el poder caciquil y lo más injusto aún es el caso de un testigo ficticio que no existe en nuestra comunidad, que se hizo pasar con el nombre de Antonio Gaspar Cruz. En mi caso sólo fui careado con la testigo de cargo Marina García García y los demás careos fueron supletorios, sostenidos por el personal del juzgado, todo esto ni siquiera son aberraciones de juicio, más bien fueron maniobras deliberadas de la juez para dictar sentencia perjudicial.

Actualmente somos víctimas de tanta maniobra a que se prestan los servidores públicos como jueces, magistrados del Tribunal Superior de Justicia, y como si esto fuera poco, hasta el Tribunal Colegiado de Circuito de la Suprema Corte de Justicia nos negó la protección de la justicia federal que buscamos en contra de sentencias injustas.

Caso especial queremos señalar que los "Yenis" en muchas ocasiones nos ofrecieron carros o casas, dinero o negocios, y también empleos, y al no lograrlo, también intentaron eliminarnos, para que así no estuviéramos en contra de los malos manejos que se han dado en contra de nuestra población de Santa Cruz Itundujia.

Aunque somos indígenas, sabemos que nuestras leyes son sagradas, como sagrada es nuestra dignidad, como así mismo sagrada es la vida de nuestros semejantes y que los responsables de tanta injusticia son los servidores públicos que, lejos de hacer el bien con la ley, hacen todo mal con ella y nos convierten en chivos expiatorios. Ahora bien la ley señala que nadie será compelido a declarar en su contra y sin embargo Amado fue torturado a punto de la muerte y fue esta declaración la que retomaron para perjudicarme, no obstante que esta declaración se dejó sin valor en segunda instancia en el toca penal 2107(a)/90 y en el momento de la sentencia volvieron a retomar la declaración de Amado.

Por todos los medios de difusión sabemos que, tanto el Presidente de la República, como el gobernador de nuestro estado, siempre se pronuncian por la justicia y la democracia, aunque los demás servidores públicos, muchos de ellos no están por la justicia.

Si nos valemos de este medio para llegar a la opinión pública nacional e internacional es porque no se nos ha tratado con debida justicia.

Lo que pedimos y exigimos a nuestro gobernador es el indulto de nuestra injusta condena. Situación que estamos pidiendo desde el inicio de su sexenio.

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Este es su testimonio. Hoy que las luchas populares han logrado integrar nuevas visiones y conceptos en la defensa de los derechos humanos en el ámbito internacional y los tribunales aceptan juzgar criminales y genocidas que se creían intocables, sería muy saludable que también echáramos una mirada a la injusticia de la justicia interna, de la cual este sólo es un caso. El tránsito a la democracia, para ser real debe pasar también por una correcta impartición de justicia.