VIERNES 13 DE OCTUBRE DE 2000

Ť Hay huecos legales que se pueden cubrir, señala

Rechaza la Conabio moratoria a proyectos de bioprospección

Ť Debemos aprovechar la lotería de la vida: Jorge Soberón Mainero

Matilde Pérez U. Ť La bioprospección puede servir para que un sector importante de la sociedad mexicana se beneficie de "la lotería de la vida", de que México ocupe los primeros lugares a nivel mundial en biodiversidad, afirma el secretario ejecutivo de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), Jorge Soberón Mainero.

Acepta que hay "huecos legales", pero no son argumento suficiente para imponer una "moratoria de facto" a los proyectos. Eso sería mantener una "visión de fortaleza asediada". México ha madurado científica, institucional y democráticamente, "podemos seguir mejorando y perfeccionando sobre la base de experiencias concretas de casos", y por eso, insiste, "no hay que detener más los permisos".

A los investigadores y académicos los invita a generar un debate de alto nivel, sin "inexactitudes ni falsedades", en el análisis de los proyectos de bioprospección y a actuar en contra de la biopiratería. A pregunta expresa de la prensa, considera que por cada proyecto de bioprospección hay cuatro de biopiratería que apenas se detectan.

Como ejemplos enumera los casos de las bacterias del pozol, del henequén y del frijol canario, patentadas por extranjeros, entre otra veintena. "ƑPor qué no les tiramos a los biopiratas, que además sabemos cuáles son, que no pidieron permiso a nadie y que no han dado ningún tipo de beneficio a los lugares de donde salieron esos recursos (genéticos)?".

ƑPor qué -insiste- los investigadores y académicos, entre ellos de El Colegio de México, toman casos en los que existen permisos, que tienen documentos abiertos a la consulta pública? "El proyecto de UNAM-Diversa es el único que ha cumplido con todo el marco legal existente a la fecha. Los permisos que dio el Instituto Nacional de Ecología son únicamente para extraer microbios de dos áreas naturales protegidas, y no, como dice Alejandro Nadal, de todo el país".

Esfuerzo insuficiente en los Altos

El proyecto de los Altos de Chiapas "no ha progresado" por falta de difusión más amplia a las comunidades indígenas, de especificar la protección al conocimiento tradicional; el esfuerzo fue insuficiente. "Creo que ese proceso no está muerto, lo vamos a retomar y espero ver que la comunidad indígena, ya bien informada del asunto, tome decisiones".

Otro proyecto de bioprospección de plantas medicinales que fracasó fue el de una comunidad de Oaxaca con una empresa llamada Shaman. Esto sucedió por que las comunidades consideraron inconveniente pedir permiso al gobierno, y después de dos años la empresa quebró.

Un tercero, también en Oaxaca, para la extracción del hongo matzutake, con las comunidades de la Unión Zapoteca Chinanteca (Uzachi) es muy criticado por los académicos, aunque las comunidades lo aprobaron.

Para el secretario ejecutivo de la Conabio, en este momento "hay suficiente cobertura legal para hacer las cosas bien". Está el Convenio de Biodiversidad, que reconoce que los recursos genéticos son propiedad de los estados y establece dos conceptos importantes: el conocimiento previo informado -la obligación de dar a conocer a las comunidades el objetivo del proyecto de extracción genética- y el reparto equitativo de los beneficios.

A ese se agrega la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (Legeepa), en la que se pueden amparar campesinos e indígenas para impedir que de su territorio salgan muestras de plantas o de otras especies. "Si alguien se mete a cualquier terreno a extraer muestras genéticas puede tener multas muy serias, se le puede demandar ante el Ministerio Público y meterlo a la cárcel. Todas esas cosas pueden pasar ya con la legislación existente".

Sin embargo, considera que hay una debilidad institucional y una enorme inexperiencia. "No sabemos cómo hacer bien estas cosas, cómo hacer un buen contrato. Si la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (Semarnap), el INE, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y los gobiernos de los estados adquieren experiencia, o agarran al toro por los cuernos", se podrá llegar a acuerdos.

Entre éstos, Soberón Mainero considera tener un abogado de planta que conozca perfectamente las legislaciones nacional e internacional, que sea capaz de negociar y que, cada vez que haya alguna propuesta de bioprospección, esté con la comunidad para garantizar los términos legales. "Esa institucionalidad, de la que carecemos hasta el momento, será bienvenida y ayudaría a que las cosas salieran mejor".

Aclara que no está de acuerdo en que se pretenda instalar una moratoria, a pesar de que somos un país rico en biodiversidad, y que se impida hacer uso de ella; no se vale. Por eso, propone que el gobierno actúe con mayor estrategia e invierta cantidades importantes de recursos para la biotecnología, y de esta manera proteja los recursos naturales del país.

Insiste en que toca a la sociedad presionar para que los "huecos legales" se cubran; por ejemplo, lograr el reglamento de la Ley General de Vida Silvestre y de la Legeepa, y a nivel internacional que México forme un bloque con los países latinoamericanos, africanos y del sureste de Asia para conseguir el apoyo de europeos, estadunidenses y canadienses para lograr una ley internacional de patentes ante la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, en la que se contemple la obligación de tener el consentimiento interno de cada país involucrado en la solicitud de los registros.