VIERNES 13 DE OCTUBRE DE 2000

 

Ť Soledad Loaeza Ť

La universidad pública en el mercado

la incertidumbre respecto a las políticas del nuevo gobierno no se ha disipado del todo. En materia económica el presidente electo despejó algunas incógnitas con el anuncio de las metas del presupuesto de su primer año de gestión. Sin embargo, en muchos otros terrenos todavía los rumores cubren los vacíos de información. En el caso de la política educativa hay más elementos de juicio que en otros asuntos; sin embargo, todavía prevalecen referencias contradictorias, dudas y conjeturas.

Hasta ahora no es muy clara la posición del nuevo gobierno frente a la Universidad Nacional Autónoma de México y a otras instituciones de enseñanza superior e investigación. En cambio, las inquietudes van tomando forma. Se derivan en primer lugar del hecho de que el presidente electo, y muchos de los miembros de su equipo, se formaron en instituciones privadas, y es bien sabida la animadversión entre sus egresados y los de las escuelas públicas. El presupuesto federal anunciado agrava la inseguridad, pues históricamente las instituciones educativas han estado entre las primeras víctimas de los recortes del gasto público. Este asunto pondrá sobre la mesa, con carácter de urgente, el debate acerca del financiamiento y la gratuidad de la enseñanza superior. Es previsible que las nuevas autoridades lo traten con mayor frialdad política que sus antecesores, porque no están comprometidos con la historia de esas instituciones. Además, hace muchos años que su partido no se juega los votos en el ámbito universitario. Tampoco ven en esas instituciones el único canal posible de movilidad social. Más bien creen que esa función puede cumplirla cualquier tipo de escuela, pública o privada, casi en abstracto, pues piensan que todas son una vía hacia la igualdad de oportunidades.

El presidente electo ha anunciado la introducción de un Sistema Nacional de Becas, cuyo propósito sería crear la oportunidad para que cualquier muchacho(a) que tenga la voluntad y la capacidad para hacer estudios universitarios pueda hacerlo, aun cuando provenga de un medio humilde. La propuesta puede responder al recorte presupuestal, pues el monto de un programa de becas individuales seguramente sería inferior al de un presupuesto agregado para una universidad que en el costo de formación de cada estudiante incluye los costos de biblioteca, laboratorios, talleres, actividades de extensión universitaria, editoriales o culturales. Una de las consecuencias del nuevo sistema puede ser el debilitamiento de las universidades públicas, cuyo presupuesto podría reducirse drásticamente con el argumento de que en parte se ha transferido al estudiante.

Más todavía, las instituciones públicas estarán en competencia con las privadas por estudiantes, cuyas becas no estarían --imaginamos-- necesariamente atadas a una determinada institución. Es muy probable que los becarios queden en libertad de elegir la universidad que más les convenga, y dados los tiempos que corren y las campañas de promoción de las instituciones privadas, así como las posiciones recién conquistadas de algunos de sus egresados, es muy probable que éstas sean las preferidas por los becarios. De ser así, entonces nos encontraríamos en una situación en la que los contribuyentes estaríamos subsidiando a instituciones privadas, que son por cierto muy buen negocio, porque muy pocas de ellas hacen investigación, tienen bibliotecas dignas de ese nombre o participan en la difusión de la cultura.

Uno se pregunta si el Partido de la Revolución Democrática, en particular el del Distrito Federal, ha hecho un examen de conciencia respecto a su responsabilidad en los acontecimientos que paralizaron a la UNAM en 1999. Su reciente derrota electoral se explica parcialmente por el desastre de opinión pública que fue el paro universitario que arrastró también a ese partido. Pero si los perredistas pagaron con votos el mal cálculo político, la universidad nacional pagó con el prestigio que había logrado los años anteriores y que la habían convertido en una verdadera alternativa de calidad frente a las instituciones privadas. Para los egresados de las preparatorias privadas la admisión a la UNAM se había convertido en una medida de excelencia, y este solo hecho había impulsado en muchas áreas la competencia y había elevado el nivel de estudiantes y maestros.

Ahora, en cambio, la universidad tendrá que enfrentarse a la política del nuevo gobierno con una imagen pública dominada por el recuerdo de los lastimosos desplantes del Consejo General de Huelga, de la pobreza de sus argumentos políticos y de sus efectos sobre la vida de los capitalinos. La cabeza de una nota de primera página aparecida en el periódico Reforma en días pasados, en relación con una estrategia diseñada por ANUIES, es muy reveladora de este tipo de desconfianza hacia la universidad pública: "Pretenden recuperar el prestigio de las universidades públicas", como si cualquier intento de promover este tipo de instituciones fuera un despropósito. Ť