JUEVES 12 DE OCTUBRE DE 2000
Ť Declaración de Bignone
Se soslayaron las amenazas de muerte a Prats
Afp, Ap y Dpa, Buenos Aires, 11 de octubre Ť En Argentina no se tomaron en serio las amenazas de muerte que recibió el general chileno Carlos Prats, días antes del atentado que le costó la vida a él y a su esposa en 1974 en esta capital, admitió hoy el ex dictador argentino Reynaldo Bignone.
"Mi general se imagina que si lo quieren matar, no le van a avisar", le dijo Bignone a Prats cuando éste le contó sobre las amenazas recibidas y se le veía "afligido", de acuerdo con su declaración hecha este día en ante un tribunal federal en el juicio que se le sigue al ex agente pinochetista Enrique Lautaro Arancibia Clavel.
Bignone, quien era entonces coronel y uno de los encargados de la custodia del ex jefe del ejército chileno del gobierno allendista, reconoció ahora que esa respuesta que le dio fue "infortunada", al soslayar el peligro y porque ocurrió "en una fecha más o menos próxima" al atentado.
El último presidente de facto de de la dictadura argentina (1976-83), hoy de 72 años y quien en su momento recibió instrucciones del presidente Juan Domingo Perón (1973-74) para proteger y brindarle ayuda al exiliado Prats, dijo no creer que el ejército argentino le haya brindado toda la protección requerida porque estaba limitado.
En Santiago, el vocero gubernamental chileno Claudio Huepe comentó que sería de "extrema gravedad" si se llegara a comprobar la participación de autoridades del pasado régimen militar en el asesinato en Argentina de Prats, reportó el corresponsal Enrique Gutiérrez.
El diputado Antonio Leal, en tanto, emplazó a los dirigentes de derecha a aclarar por qué Arancibia Clavel recibió cien millones de pesos (unos 180 mil dólares actuales) de indemnización en 1981, y cuáles eran las funciones que desempeñaba en Buenos Aires como ex ejecutivo del Banco del Estado de Chile, desde 1974 a 1981.
Mientras, la Corte Suprema confirmó hoy las condenas a cadena perpetua en contra del jefe operativo de la CNI, Alvaro Corbalán Castilla y de Armando Cabrera Aguilar, por el crimen del carpintero, Juan Alegría Mundaca, con quien se intentó simular un suicidio, culpándolo a la vez del degollamiento del líder sindical Tucapel Jiménez, en febrero de 1983.
Al mismo tiempo hubo un nuevo allanamiento policiaco en el asentamiento alemán Villa Baviera, así como en sus sedes en Santiago y Bulnes, cuyos líderes aparecen vinculados a la represión de la pasada dictadura militar. Además, se decretó la expulsión del país del segundo líder del enclave, Gerhard Muecke.