JUEVES 12 DE OCTUBRE DE 2000
Ť Andrés Barreda Ť
México: capital mundial de la biopiratería
Desde hace años en México ocurre un saqueo de todo tipo de riqueza biológica, especies conocidas por su uso científico y económico. Robo organizado por empresas trasnacionales ligadas a la industria farmacéutica y química, a la producción de semillas y alimentos, al crimen organizado, etcétera.
El daño que estas actividades ocasionan al medio ambiente, y la extracción de riqueza que los países del norte hacen a los del sur, presionan para la formulación de una normatividad internacional que acote mínimamente estas actividades. Al mismo tiempo, el crecimiento de los jardines botánicos y los bancos de germoplasma del primer mundo, así como el desarrollo de la ingeniería genética y los sistemas de información geográfica permitieron comenzar a extraer muestras y conocimientos locales de forma más sofisticada y sutil.
Desde hace unos años diversas empresas trasnacionales descalifican las denuncias y críticas contra la biopiratería como una cuestión del pasado, por la manera en que la nueva extracción y uso de la biodiversidad comienza supuestamente a ser pagada mediante repartos de beneficios, con dinero, equipo técnico, calificación científica, programas de desarrollo ambiental, etcétera. Como reflejo de esto las firmas trasnacionales e instituciones públicas estadunideneses dedicadas a la bioprospección han convertido a México en un país ejemplar para experimentar muchas de las variantes más sofisticadas y agresivas de esta nueva biopiratería y su supuesto "reparto de beneficios".
Cuatro contratos de bioprospección conforman la punta visible de un gran iceberg que sólo hasta 1999 comienza a asomar la nariz, cuando Alejandro Nadal realiza una crítica pública al contrato entre la empresa trasnacional Diversa y el Instituto de Biotecnología de la UNAM.
Poco después estalla otra crisis que hace público otro contrato entre El Colegio de la Frontera Sur, la Universidad de Georgia y la empresa Molecular Nature Limited. Existe además otro par de contratos: uno firmado entre la empresa Sandoz (hoy Novartis) y la Unión de Comunidades Forestales Zapotecas y Chinantecas (Uzchi) de la Sierra Juárez de Oaxaca, y otro entre las empresas trasnacionales American Cyanamid y American Home Products con la Universidad de Arizona y el Jardín Botánico del Instituto de Biología y la Facultad de Química de la UNAM.
El primer contrato --en vigencia-- está destinado a extraer bacterias que soportan condiciones naturales extremas (de temperatura, salinidad, azufre, presión, etcétera) de todas las áreas naturales protegidas del país. El segundo contrato --también vigente-- ha querido involucrar el consentimiento de las comunidades indígenas de los Altos de Chiapas para la recolecta de miles de variedades de plantas medicinales. El tercero --concluido el año pasado-- extrajo miles de muestras de hongos microscópicos de la sierra norte de Oaxaca. Mientras el último --también vigente-- se dedica a colectar cactos, xerófitas y otras plantas de todos los desiertos mexicanos.
Tanto las bacterias extremófilas mexicanas, la enorme variedad de hongos de la Sierra Juárez, como nuestras plantas desérticas tienen una importancia estratégica única. No obstante, los instrumentos técnicos para el aprovechamiento de estos recursos y el destino de las investigaciones realizadas por las empresas trasnacionales están lejos de las posibilidades de aprovechamiento del país.
La sociedad mexicana no tiene conocimiento de la enorme importancia técnica, económica o incluso militar que este tipo de extracciones podrían tener para las empresas trasnacionales y el poder de los países dominantes.
Sin el esclarecimiento de esta cuestión de fondo resultará imposible comprender hasta dónde el mal manejo de un recurso estratégico colectivo, que rápidamente se perfila como el principal recurso de la nación, estará embargando la soberanía del país. Mientras, el manejo secreto de estos contratos entre instituciones o comunidades indígenas con empresas trasnacionales no tardará en disparar conflictos de interés que debilitarán a la nación y favorecerán al capital depredador.
A cambio de los cuatro contratos, a México y ciertas comunidades indígenas se les han prometido regalías ridículas (que incluso será difícil ver algún día) o se han entregado magros equipos técnicos y calificación científica, que en vez de resolver este desequilibrio tiende a convertir a México en un país que se especializará en maquilar su biodiversidad para beneficio de la nueva industria mundial transgénica.
Frente a una crisis de tal naturaleza urge una movilización nacional a favor de una moratoria contra todos los contratos de bioprospección vigentes o futuros, que nos permita discutir y entender qué es lo que realmente está en juego y qué es lo que más conviene a nuestros intereses como nación.