JUEVES 12 DE OCTUBRE DE 2000
Ť CLASE POLITICA
Miguel Angel Rivera Ť "El procedimiento de juicio político sólo podrá iniciarse durante el periodo en el que el servidor público desempeñe su cargo y dentro de un año después. Las sanciones correspondientes se aplicarán en un periodo no mayor de un año a partir de iniciado el procedimiento.
"La responsabilidad por delitos cometidos durante el tiempo del encargo por cualquier servidor público, será exigible de acuerdo con los plazos de prescripción consignados en la ley penal, que nunca serán inferiores a tres años. Los plazos de prescripción se interrumpen en tanto el servidor público desempeña alguno de los encargos a que hace referencia el artículo 111".
Lo anterior es lo que establece el artículo 114 de la Constitución General de la República, el último del Título Cuarto de la Carta Magna, titulado "De las Responsabilidades de los Funcionarios Públicos".
Todo el capítulo es muy vago y deja grandes espacios que han hecho prácticamente imposible castigar a funcionarios públicos acusados de delitos oficiales. Salvo el caso de Jorge Díaz Serrano, que fue desaforado cuando había caído en desgracia política, las disposiciones en materia de delitos oficiales sólo han servido para castigar a personajes menores.
A partir de esto no se explica por qué se empieza a crear en la mentalidad popular la idea de que Carlos Salinas de Gortari puede ser sometido a juicio o, peor, que puede terminar en la cárcel por abusos durante su mandato.
Por principio de cuentas su gobierno terminó hace ya casi seis años, con lo cual están rebasados los plazos establecidos por la Carta Magna. Queda únicamente el recurso de la demanda penal, pero será mucho más difícil proceder contra Carlos Salinas que contra su hermano Raúl, que hasta ahora ha ganado todas las demandas sobre delitos patrimoniales, o sea, aquellas en las cuales hay dinero o bienes materiales de por medio.
Pero lo más grave es que hasta ahora las eventuales acusaciones surgen de una supuesta grabación de una plática telefónica que todavía no se establece si es fidedigna. Pero incluso en el caso de que fuera auténtica no sirve como prueba en un juicio penal, pues fue obtenida de manera ilegal.
No se trata de defender a Carlos Salinas de Gortari -hasta ahora, quien esto escribe había evitado entrar en este terreno lleno de especulaciones y mentiras- ni mucho menos a su hermano Raúl, pero sí de establecer una alerta acerca del riesgo de crear falsas expectativas entre los ciudadanos.
Si se tiene la evidencia de delitos y se sabe bien quiénes fueron los responsables, lo conducente es consignarlos ante un juez para que se les castigue como corresponde y no sólo tratar de "afectar su imagen" con sensacionales denuncias en los medios.
La cosecha
Es muy probable que hoy mismo se conozca de firme el primer nombre de un miembro del gabinete del futuro presidente Vicente Fox, pues agrupaciones, colegios y barras que representan a más de 25 mil abogados de diversas partes del país le propondrán al jurista Miguel Arroyo Ramírez para procurador general de la República...