En la circunstancia actual, México no puede desentenderse del proceso de internacionalización de la justicia. Diversas circunstancias internas y externas --el narcotráfico, los delitos de cuello blanco, las corrientes migratorias, la presencia en México del ex torturador y multihomicida argentino Ricardo Cavallo-- nos han involucrado plenamente en ese fenómeno de la globalidad, y ello obliga a revisar a fondo las nociones de territorialidad y soberanía en tanto que referencias tradicionales del derecho.

Aunque esa internacionalización de la procuración e impartición de justicia suscita reservas y temores precisamente por lo que implica en términos de acotamiento de las soberanías, uno de sus aspectos más alentadores es la perspectiva que abre para el combate a la impunidad en el ámbito de los delitos de Estado, de las violaciones masivas a los derechos humanos y de los crímenes contra la humanidad.

En ese combate se ha distinguido el abogado valenciano Joan Garcés, sobreviviente del ataque al Palacio de La Moneda del 11 de septiembre de 1973 y, cinco lustros más tarde, artífice de la argumentación legal que permitió al juez español Baltasar Garzón pedir la captura y la extradición de Augusto Pinochet. La visita de Garcés a nuestro país, y su distinción como huésped distinguido de la ciudad de México, otorgada ayer por la jefa del Gobierno capitalino, Rosario Robles, son acontecimientos que subrayan, para bien, la incorporación de nuestro país a la lucha sin fronteras contra la impunidad de los genocidas y criminales acusados de delitos de lesa humanidad como la tortura, las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales y la persecución, desde el poder, de opositores políticos.

Al conceder a Garcés la distinción, Robles destacó la necesidad de globalizar la lucha por los derechos humanos en forma paralela a los mercados y los intercambios financieros. Ciertamente, en tanto que tales derechos --al igual que los laborales, los ecológicos, los de libre tránsito, los específicos de género y edad, los de las minorías étnicas-- no adquieran una vigencia universal y no se garantice el fin de la impunidad a sus violadores, la mundialización económica seguirá siendo una condición insatisfactoria, exasperante e intolerable para millones de seres humanos.