MIERCOLES 11 DE OCTUBRE DE 2000

Ť Por miedo, políticos obstruyen la actualización legal sobre medios: Corral

Sin uso, 80% del tiempo oficial en radio y tv

Mireya Cuéllar Ť El gobierno federal no utiliza 80 por ciento del "tiempo oficial" de que dispone en radio y televisión -en total 10 mil horas al año por emisora- y prefiere pagar en efectivo sus campañas de publicidad. Sólo este año, según un informe enviado por la Secretaría de Gobernación al Congreso de la Unión, se han ejercido mil 800 millones de pesos por ese concepto, reveló el senador panista Javier Corral Jurado, durante un foro en el que se discutió la reticencia de algunos medios, sobre todo los electrónicos, para discutir las reformas a la legislación en materia de comunicación.

Convocados por la asociación Reincorporación Social, estudiosos de los medios y legisladores se reunieron ayer en el Centro Internacional de Negocios. Ahí, Corral Jurado señaló que no ha sido posible actualizar la legislación -la Ley de Imprenta es de 1916 y la de radio y televisión de 1960- porque "la verdad de las cosas los políticos le tienen miedo a los medios", que en cuanto escuchan hablar del tema levantan la voz para decir šley mordaza! y de inmediato vetan al político que escudriña en el caso.

Por su parte, el diputado priísta y ex presidente de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT), Francisco Javier Sánchez Campuzano -"el representante más genuino de los concesionarios" de radio y televisión en el Congreso, diría Corral-, ofreció "trabajar" con el senador panista para actualizar la ley. El gesto de Sánchez Campuzano -quien extendió la mano a Corral y lo abrazó en señal de compromiso- fue muy bien recibido por el auditorio. Los ponentes habían recordado que la CIRT ha sido de las agrupaciones que más resistencias muestra a la revisión. Algunas radiodifusoras vetaron al senador panista y los foros que sobre el tema organizó cuando era diputado, en la Legislatura pasada.

El auditorio esperaba que las ponencias versaran sobre la protección que la legislación ofrece a los niños frente a la violencia de las series televisivas; sin embargo, cuando la investigadora Beatriz Solís aludió a la Ley Federal de Radio y Televisión, que regula la programación pero no se cumple, el debate derivó en dicho incumplimiento y la obsolescencia de las normas jurídicas que rigen a los medios.

Solís mencionó que la ley establece que los programas y la publicidad "impropios" para la niñez y la juventud deberán anunciarse como tales al público en el momento de iniciar la transmisión, y será a partir de las nueve de la noche cuando podrán transmitirse programaciones no aptas para niños.

Sobre ello tejió también Ernesto Villanueva, especialista en derecho a la información, quien dijo que los radiodifusores no cumplen la ley porque las multas van de 5 a 50 pesos, y "si yo tengo un programa que me deja ganancias por varios millones de pesos, qué me importa una multa de 10 pesos".

A eso se suma que los concesionarios no tienen seguridad jurídica, porque el gobierno puede retirarles la concesión en el momento que considere conveniente, lo cual ha llevado a que éstos y la autoridad establezcan negociaciones metajurídicas y sean éstas las que regulen su relación.

Villanueva consideró que se debe cambiar la ley porque es ineficaz y el monto del castigo no constituye una disuasión. Recordó que en la ley existe la figura del Consejo Nacional de Radio y Televisión, cuya función es revisar la programación, pero hasta la fecha el Presidente de la República, a quien corresponde su constitución, ha incumplido la ley.

Con este panorama, apuntó Villanueva, se llega a la conclusión de que hemos vivido en una "ficción jurídica" en materia de medios.

En tanto, Corral Ayala explicó que la obsolescencia de las regulaciones en materia de medios no sólo se ha vuelto una preocupación para quienes estudian el impacto que ciertos programas tienen en los niños, sino para toda la sociedad, pero la discusión se ha "enredado" porque se ha creado un falso debate en el que se confunde la libertad de expresión con las "libertades absolutas".

Corral dijo que es un falso debate porque actualmente hay más de mil disposiciones, contenidas en 30 normatividades que abordan el tema de la comunicación, por lo que el siguiente paso será actualizar dichas normas.

Apuntó que el problema no sólo ha sido de leyes, sino de voluntad política, y dijo que se pretende confundir los códigos de ética con la regulación pública que necesariamente debe existir; "la ética no puede sustituir a las leyes para regular la relación gobierno-concesionarios-usuarios".

Los términos de la legislación, indicó, sólo han servido al gobierno en términos de rentabilidad política, y a los concesionarios en el terreno económico, por ello hay quienes reivindican la libertad de expresión como un derecho absoluto y pretenden que no tenga sustento jurídico.

Recordó que el tema es poco rentable para los políticos porque quienes lo tocan inmediatamente son excluidos de algunos medios de comunicación. Cuando en la pasada Legislatura, dijo, intentaron abrir el debate y hubo reacción fuerte de unos medios, algunos diputados dejaron de asistir a las reuniones de la Comisión de Radio y Televisión. "Me da mucho gusto que el diputado Sánchez Campuzano esté dispuesto a que trabajemos juntos".

Señaló: no tiene que ser el gobierno el que aplique la legislación en materia de medios, sino una especie de IFE, que ha probado su eficacia práctica donde podrían tener representación los dueños y los trabajadores de los medios, y que las decisiones estén en un grupo de ciudadanos y especialistas.

Corral dijo que la Secretaría de Gobernación no ha informado al Congreso, como se le requirió, del uso de los tiempos oficiales, y que sólo informó que en lo que va del año se han ejercido mil 800 millones de pesos en la promoción de los programas gubernamentales.

Indicó que el gobierno sólo usa 20 por ciento del tiempo a que tiene derecho en la radio y la televisión, y que si lo usara en su totalidad no tendría por qué contratar publicidad para sus campañas de vacunación o para Pemex.

En el presupuesto de este año se condicionó la compra de publicidad a que se agotara 12.5 por ciento del tiempo fiscal; si no fue así, la Cámara de Diputados podría llamar a cuentas al director de RTC, Alejandro Montaño, señaló el legislador.