LUNES 9 DE OCTUBRE DE 2000

Ť Hay fondo de 5 mdd para proteger la mariposa

Campesinos piden ser tomados en cuenta en el plan monarca

Ť Iniciativa de Semarnap y los gobiernos mexiquense y michoacano

Matilde Pérez U. /II y última Ť Para combatir la tala clandestina y tratar de equilibrar la existencia de materia prima con el potencial de la industria forestal en la región de Mil Cumbres, a donde cada año llegan a hibernar miles de mariposas monarca, la secretaria de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, Julia Carabias, y los gobernadores de los estados de México, Arturo Montiel Rojas, y de Michoacán, Víctor Manuel Tinoco Rubí, acordaron elaborar un programa de vigilancia e inspección especial para detener a las redes de organizaciones clandestinas.

Carlos Toledo Manzur, director general de Programas Regionales (Proders) de la Semarnap, explica que los detalles del plan los elaboran técnicos de la Semarnap y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa). El proyecto también incluye planificar la política industrial de los aserraderos.

En el diagnóstico más reciente elaborado por la Semarnap se reconoce: "el decreto de 1986 tenía la mejor intención de proteger (al lepidóptero, pero) impuso un límite en el uso del bosque sin ofrecer alternativas a sus dueños legales, los campesinos y comunidades indígenas".

Ahora "resulta necesario emprender acciones para proteger su hábitat; la mejor forma de lograrlo y beneficiar a las comunidades es un nuevo decreto que modifique el área de la reserva y contemple un programa de desarrollo sustentable".

Las diferencias entre el decreto de hace 14 años y la nueva propuesta son: con el actual se permiten actividades de saneamiento, limpias y otras acciones necesarias para mantener sano el bosque en la zona núcleo y está acompañado con una bolsa de 5 millones de dólares, donados por fundaciones internacionales, que servirá como un mecanismo de compensación e ingreso para los campesinos.

Pero, acota Toledo Manzur, el bosque ya no puede ser susceptible de aprovechamientos persistentes y por eso la propuesta es que sean cancelados. A cambio, se pagaría a los ejidos 16 dólares por metro cúbico de madera que deje de ser aprovechada y 10 dólares por hectárea de servicios de conservación.

Puntualiza que el "fondo monarca" podría ampliarse a 6 millones de dólares, ya que se espera que la Semarnap aporte 500 mil y cada uno de los dos gobiernos de los estados 250 mil dólares. La suma total se depositaría en un banco, que bajo un cálculo de una tasa de 8 por ciento sobre el capital y descontando gastos de administración del fondo, dejaría un ingreso anual de 380 mil dólares.

El pago por conservación se haría anualmente y previa autorización de la dirección de la reserva, ésta deberá confirmar que el ejido realizó actividades de conservación en materia de restauración y manejo de cuencas; prevención y control de incendios, reforestación y manejo de plagas. "El esquema está a discusión; con algunos ejidos se está negociando para que aporten mayor superficie a la zona núcleo e incluso se está modificando el trazo propuesto", comenta el director de los Proders.

Aclara que el gobierno no manejará el fondo, eso quedará en manos de alguna organización no gubernamental ecologista con prestigio; adicionalmente habrá un comité de vigilancia. "Todo el proceso quedará en manos de la sociedad".

Para darle validez jurídica a ese mecanismo de pago por cancelación, la Semarnap propone la firma de un convenio con los ejidos que acepten modificar su programa de manejo forestal y dejen de extraer madera de las nuevas 15 mil 306 hectáreas de lo que será -en caso de decretarse- la nueva zona núcleo de la reserva de la mariposa monarca.

Sin embargo, para la Alianza de Ejidos y Comunidades de la Reserva Mariposa Monarca el proyecto del nuevo decreto "vuelve a dejar de lado el asunto campesino". Pascual Zigala, asesor de la organización, menciona algunos de esos vacíos: no considera el enorme burocratismo para conseguir los permisos de saneamiento y limpieza, asunto que no resuelven ni el Instituto Nacional de Ecología (INE) ni la Profepa y que ocasiona pérdidas de 15 a 20 mil pesos a los ejidatarios. "Esa burocracia es uno de los incentivos de la tala clandestina".

Hay ejidos cuyos ingresos son de su actividad forestal, que quedan dentro de la zona núcleo como es el caso de Santa Ana y Los Remedios, en Angangueo; El Mirador y San Juan Soconusco, en Donato Guerra.

Tampoco establece el compromiso de los gobiernos federal y estatales para que mantengan una aportación anual para el desarrollo comunitario. "Hasta la fecha, la Semarnap ha empujado proyectitos con montos muy pequeños que no alcanzan y dejan colgada a la gente".

Para la propuesta de participación campesina en la vigilancia de la aplicación del fondo, Zigala tiene críticas: "no hay una verdadera representación; el proceso tiene que abrirse más para evitar manipulaciones". Agrega que para que el proyecto pueda aplicarse, en artículos transitorios al decreto de la monarca, deberá sumarse la obligatoriedad de la Federación y de los estados para que entreguen recursos, en caso de no cumplir, los campesinos podrán ser liberados de todos los compromisos.

Y uno de los puntos principales que demanda la alianza -a la que pertenecen 35 ejidos- es la propuesta de revisión bianual del decreto. "La Semarnap tiene que acelerar el proceso de consenso, de lo contrario no habrá acuerdos", dice.

El director de los Proders de la Semarnap, Toledo Manzur, agrega: "esperamos que el día del anuncio del nuevo decreto también se haga el de la creación de un consejo regional que será el responsable de la inversión conjunta de todas las dependencias federales y estatales que trabajan en la región, "para que el nuevo gobierno dé continuidad a la política de conservación".

La moneda está en el aire, pero hay un "terrible riesgo social si el nuevo gobierno decide dedicarse sólo a la conservación y se olvida de los problemas campesinos", advierte.