LUNES 9 DE OCTUBRE DE 2000
Ť Con este argumento buscan anular resolución de la Contraloría ante el TCA
Insisten los 26 comandantes de la Policía Auxiliar en que no son servidores públicos
Ť Consideran improcedentes las sanciones impuestas con base en la ley de responsabilidades
Susana González G. Ť Para anular la resolución que la Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal emitió en su contra en junio pasado por el desvío de fondos públicos, los 26 comandantes inhabilitados de la Policía Auxiliar (PA) insisten en presentar como principal argumento que de acuerdo con la legislación del Gobierno del Distrito Federal no tienen "el carácter de servidores públicos" y por lo tanto son improcedentes las sanciones que se les impusieron a partir de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
En el juicio de nulidad que promueven ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del DF, manifiestan que la Policía Auxiliar no está incluida dentro de ninguna ley o reglamento y que esto no está subsanado ni siquiera por el hecho de que la corporación sea considerada como policía complementaria.
Aseguran que el mismo titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Alejandro Gertz Manero, ha reconocido que quienes trabajan en la PA no son trabajadores, personal o servidores públicos de esa dependencia.
Como "prueba" de lo anterior, los comandantes ofrecen la contestación que el 3 de diciembre del año pasado, el secretario presentó ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del DF ante una demanda laboral interpuesta por un ex trabajador de la PA y en la cual expone que la SSP no es el "patrón" de quienes laboran en la Policía Auxiliar al que considera organismo totalmente diferente de la secretaría.
En tal sentido sostienen que la Contraloría carece de competencia y facultades para aplicarles la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, mediante la cual se les inhabilitó para trabajar en la administración pública por periodos van de los 10 a los 20 años.
Si bien para los comandantes lo anterior es más que suficiente para declarar la nulidad de la resolución del 12 de junio, agregan que la Contraloría no fundamentó sus acusaciones y como ejemplo refieren que la dependencia recurre al Manual Administrativo de la Policía Auxiliar para dictar su inhabilitación sin considerar que éste no tiene carácter de ley o reglamento en tanto que no ha sido emitido por ninguna autoridad competente.
Únicamente se trata, aseguran, de un "simple manual administrativo" que sirve como organigrama descriptivo sobre las unidades en las que se divide la PA y que por lo mismo no puede ser utilizado como "un instrumento jurídico que imponga facultades u obligaciones a los servidores públicos".
También insisten que como comandantes de agrupamientos no tenían facultades para elaborar, modificar o intervenir en las nóminas de los elementos de la corporación dado que éstas son realizadas en la Dirección General de la Policía Auxiliar que también encarga de las retenciones que se aplican al personal.
Sin embargo, señalan que la Contraloría toma como base el Manual Administrativo para acusarlos de haber hecho descuentos ilegales a los policías cuando en dicho documento ni siquiera se establece que sea obligación de los comandantes elaborar la nómina. Además, según ellos, es imposible alterar los pagos una vez que son enviados la Dirección General porque estos están contenidos en un disquete asegurado con un candado inalterable.
De igual manera niegan tener injerencia en la contratación del personal al afirmar que esto corresponde hacerlo únicamente al director de la corporación mientras que los comandantes desempeñan únicamente labores operativas.