DOMINGO 8 DE OCTUBRE DE 2000

PAGINA 9

Ť Lourdes Galaz Ť

Una nación con Alzheimer

Celebran la "cárcel modelo" de nuestra dictadura Ť Y en Lecumberri se corre el riesgo de perder la memoria Ť Expertos dan la voz de alarma en el Archivo General de la Nación Ť Gobernación y su directora lo niegan Ť Otro caso para el Congreso

Fue a propósito del 2 de octubre, que no se olvida. Una visita a la antigua penitenciaría de Lecumberri en recuerdo de los luchadores por los derechos civiles. Hay razones: sin aquel 2 de octubre tal vez no habría 2 de julio de 32 años después (Ƒlo entenderán los foxistas?). Reseñan los historiadores que las piedras del Palacio Negro no tienen culpa de lo que ahí aconteció, desde el asesinato de Francisco I. Madero hasta la reclusión de presos políticos como José Revueltas y David Alfaro Siqueiros, o los maestros y jóvenes universitarios del 68. Fue la "cárcel modelo" que ordenó construir Porfirio Díaz, y sirvió a la dictadura a partir del 29 de septiembre de 1900. En el Palacio de Lecumberri (De prisión a institución cultural, escribiría Jorge Alberto Manrique) se ubica hoy y desde 1982 el Archivo General de la Nación, por gracia de Jesús Reyes Heroles y a iniciativa de amantes de la historia como Alejandra Moreno Toscano, en tiempos del lopezportillismo. Como hace muchos, este año tampoco hay vestigios del 2 de octubre, aunque este año 2000 se festeja el centenario de la "penitenciaría modelo" de la dictadura porfirista. En Lecumberri se guarda el más importante acervo histórico de la nación que data de 210 años y más, cuando el virrey Revillagigedo crea (1790) el Archivo General del Virreinato de la Nueva España, que ya en la República (1823) se convierte en el Archivo General y Público de México, a propuesta del ministro de Asuntos Interiores y Exteriores, Lucas Alamán, personaje tan reconocido hoy, en tiempos de la derecha triunfante.

Las trágicas condiciones en las que se guarda el añoso acervo documental, la memoria histórica del país y de los mexicanos, parecen dar sustento a los dichos de la directora del AGN, Stella María González Cícero, y hasta podrían hacer creíbles sus afirmaciones: "El PRI perdió porque nunca se prestó atención a los archivos de la nación" (sic). Más aún, la funcionaria precisa: "Un archivo es la expresión de una administración en el ejercicio del poder. Nadie lo consultó y por tanto nadie supo qué errores se cometieron. En la memoria del pueblo únicamente quedaron los abusos..." (Milenio, 11 de septiembre de 2000). Y Stella González Cícero sigue allí como directora del Archivo General de la Nación, que depende de la Secretaría de Gobernación y hasta el 30 de noviembre de Diódoro Carrasco. Hace unos días la funcionaria (17 años encargada de la biblioteca del INAH, ya experta en técnicas bibliotecarias, tanto que hasta el codueño de Banamex, Alfredo Harp Helú, la contrató para que le organizara su biblioteca familiar) llamó a los periodistas para informar de los festejos del centenario de la cárcel de la dictadura.

Los reporteros de la cultura recuerdan que desde 1997 la historiadora Patricia Galeana (directora del AGN 1993-99) convocó a un grupo de expertos de la UNAM y del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ) para que hicieran un diagnóstico del estado físico del Palacio de Lecumberri y del acervo documental. Según reseñas de prensa, la problemática del archivo se hizo pública en 1998, cuando el presidente del Consejo Académico, asesor de la propia institución, el doctor Silvio Zavala, dio a conocer que había consultas con investigadores de gran solvencia científica y moral para enfrentar la problemática estructural del edificio de Lecumberri: severa humedad, inundaciones, hundimiento (12 centímetros por año) y la contaminación, factores que en casi dos décadas han afectado con daños irreparables miles de piezas del acervo documental. Los especialistas concluyeron que una parte importante del archivo está contaminada con hongos y otros microrganismos. Que el problema de humedad es irresoluble, porque el edificio está situado en lo más profundo de la cuenca de San Lázaro, y por el hundimiento del inmueble en la zona aledaña al Centro Histórico. También que por su ubicación, cercana al canal del desagüe, crece la contaminación por hongos y ácidos que destruyen los documentos.

Las conclusiones y las propuestas de los científicos para cambiar de sede el archivo se conocieron en septiembre de 1999. Incluso se sugirió construir un edificio ad hoc fuera del DF, en un terreno adecuado y de clima frío. El proyecto fue frustrado. Se publicó una carta, promovida por las historiadoras Eugenia Meyer y Alejandra Moreno Toscano, con unas 250 firmas de rechazo al cambio de sede del archivo. Después, algunos abajo firmantes como el historiador Enrique Krauze (hoy asesor muy especial del presidente electo) en una reunión de historiadores llegó a ofrecer disculpas a su colega, la entonces directora del AGN. Patricia Galeana le pidió que escribiera un artículo con sus opiniones. Krauze no lo hizo, aunque otros maestros tan reconocidos como Miguel León-Portilla (presidente de la Academia Mexicana de la Historia), Silvio Zavala (decano de los historiadores) y otros lamentaron que "la nación está corriendo el riesgo de perder su memoria, como si padeciera Alzheimer o cualquier otra amnesia", escribió León-Portilla (La Jornada, 17 de noviembre de 1999).

Stella González Cícero lo niega. Dice: "El edificio está en muy buenas condiciones y no hay algún proyecto, arquitectónico o presupuestal, para un cambio tan radical". Encargada desde hace 10 meses del archivo también señala que "no hay estudios para determinar el cambio de sede del archivo, y que de ordenarse ahora "no estarán listos hasta el 2003". Decidió tomar como "preliminares" las evaluaciones de los investigadores de la UNAM y del ININ, realizadas a solicitud de la ex directora del AGN, y mediante un convenio interinstitucional. Las recomendaciones de los científicos están publicadas en el libro Situación del Archivo General de la Nación en la antigua penitenciaría de Lecumberri. Más aún, los autores las entregaron personalmente a Diódoro Carrasco, el titular de la Segob.

Seguramente esos documentos ya están en poder del equipo del futuro presidente Fox, porque esta semana, al informarse los resultados de la consulta a 490 "conocedores" de la problemática cultural, se dijo que hay propuestas para crear una ley federal de archivos, también un nuevo reglamento interno para el AGN. Y entre esas propuestas está la de la doctora Galeana. Sugiere la historiadora que "en defensa del derecho a la información y de la memoria histórica", el Congreso debiera designar una comisión investigadora que analice los estudios realizados y constate las condiciones del Palacio de Lecumberri porque, como bien dice el maestro León Portilla, "las naciones pueden verse afligidas también de distorsiones o pérdidas más o menos graves del recuerdo de su propio pasado"... y la memoria personal y colectiva nos da razón de ser y de hacer en estos tiempos de cambio Ƒqué no?

En 3 tiempos

Ť Que los fanáticos no legislen, exigen a Fox los dueños de medios

Ť Cambia el discurso con la prensa

Ť La transición en EU costará 7.1 millones de dólares

Con el pretexto de que la libertad de expresión es una garantía constitucional inalienable, los concesionarios de la radio y la televisión advirtieron primero a Ernesto Zedillo, luego a Vicente Fox, que se opondrán a que la regulación de los medios (electrónicos, por supuesto) sea por decisión de un partido político y mucho menos de la "fanática idea" de un grupo (en el poder, por supuesto). Como se esperaba, el Presidente que ya se va reiteró que no es el Estado quien debe fijar las normas de conducta a los medios. Y el presidente que llega, reconoció a las empresas periodísticas que ya tienen sus propios códigos de ética. Por supuesto, ofreció que los cambios (no dijo regulación de medios) "se harán con la participación de la Cámara de Radio y Televisión, también con los usuarios" (sic). Total, ninguna novedad... salvo que el presidente de la CIRT, Joaquín Vargas Guajardo (Multivisión), prefirió hacerse el desaparecido. No fuera a ser que Fox recordara aquel "martes negro" en la casa de campaña de Cuauhtémoc Cárdenas.

Vales por Vicente Fox, que regresó de Europa con otro discurso a los periodistas, muy distinto al de la víspera de su viaje, cuando a gritos regañó a los reporteros que informaron de los sueldos que cobra el equipo foxista. Y ahora dice el futuro presidente: "Tenemos que defender y promover la libertad de expresión" y, aunque no lo diga, como jefe de gobierno también tiene que garantizar el derecho a la información. Y qué bueno, porque así la sociedad sabrá si el equipo de Fox regresa o no los salarios que cobraron desde agosto. También informará de los alcances de su proyecto económico y de los acuerdos con los organismos internacionales, y con la iniciativa privada nacional. Muy seguramente, el 1Ɔ de diciembre en su primer discurso con la banda tricolor (no bicolor) también informará con claridad y precisión cuánto costó la transición del poder presidencial.

Por cierto, el Congreso de Estados Unidos autorizó este año 7.1 millones de dólares para la transición del poder en la Casa Blanca, a fines de enero. Y el acuerdo se tomó con base en el Acta de Transición Presidencial aprobada por el Congreso en 1963. Del presupuesto, Bill Clinton recibe hasta 1.8 millones de dólares para la instalación de una nueva oficina. El presidente electo y su equipo dispondrán de 5.3 millones para las tareas de la transición. En otras democracias modernas como Inglaterra, Francia, Alemania, España, Italia, Chile, Argentina (Reforma, 24 de septiembre) los gastos de la transición dependen de los recursos del partido que asume el poder y en la mayoría de los casos ni el futuro jefe de gobierno ni su equipo cobran sueldos. Aquí fue muy fácil costear la transición. Bastaron los anhelos de Zedillo por "pasar a la historia como un demócrata" y las prisas de Vicente Fox por cobrar ciertas facturas al régimen priísta... el asunto está en manos de los diputados.

Ť Ilustración: Luis Fernando /serie: Micrófonos ocultos

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