SABADO 7 DE OCTUBRE DE 2000
Ť José Luis Manzo Ť
Certidumbre sí, servidumbre no
El marco legal vigente en México permite la participación de los particulares sólo en la fase de generación eléctrica y la impide en las de transportación, distribución y comercialización, fases que constituyen la esencia del servicio público de electricidad y en consecuencia están reservadas al Estado. Como es un negocio altamente rentable, los empresarios privados presionan para controlar y explotar toda la industria. Esto resultaría benéfico para ellos pero perjudicial para los consumidores y el aparato productivo, como lo muestran las experiencias de otros países.
El presidente electo y legisladores del PAN han manifestado que retomarán la iniciativa de Ernesto Zedillo para modificar la Constitución en materia de electricidad, a fin de dar mayor certidumbre a los inversionistas privados. Si la intención del nuevo gobierno es vender Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Luz y Fuerza del Centro (LFC) a los particulares y eliminar con ello el servicio público de electricidad, entonces sí resulta indispensable modificar la Constitución. Pero si la pretensión es mantener y fortalecer las empresas estatales y al mismo tiempo permitir que los empresarios privados hagan negocio al participar en la generación eléctrica de manera ordenada y clara, entonces no es necesario cambiar la Constitución, pues las leyes secundarias autorizan esa participación.
La segunda opción es no sólo la más adecuada sino la más viable a largo plazo. El actual esquema legal de coexistencia entre empresas públicas y privadas debe mantenerse, aunque con reglas más claras que den certidumbre a los inversionistas privados. Aceptar la primera opción sería confundir certidumbre con servidumbre.
Los particulares disponen de una variada gama de posibilidades para invertir en la generación de electricidad, ya sea para operar como "socio productor" de las empresas estatales en el ámbito del servicio público de electricidad, o para asociarse con medianos y grandes consumidores a fin de suministrarles electricidad bajo el sistema de servicio privado.
Conforme al esquema denominado "productor externo de energía" (PEE), el inversionista privado construye la planta por cuenta propia y genera electricidad que vende exclusivamente a la CFE mediante un contrato pactado a 20 años o más. CFE se asegura las mejores condiciones pues selecciona al productor externo más competitivo mediante una licitación pública internacional. Así, sin realizar ninguna inversión, CFE consigue un socio productor que le suministra electricidad a largo plazo y a los menores costos de generación.
En la modalidad "construir, arrendar y transferir" (CAT), el inversionista privado construye la planta y la entrega en renta a CFE, que la opera con su propio personal. Después de cierto tiempo el inversionista privado transfiere la propiedad a la CFE. Esta modalidad resulta benéfica para CFE, pues sin invertir directamente dispone de una planta, a cambio de una renta que puede ser pagada mes a mes con los recursos que generan las ventas de la energía producida por la propia planta arrendada.
Los esquemas de "autoabastecimiento" y de "cogeneración" permiten a inversionistas privados asociarse con grandes consumidores de electricidad para que, dentro del esquema de "servicio privado", puedan generar electricidad destinada exclusivamente a sus socios, no para su venta al público. Los sobrantes de producción sólo pueden ser vendidos a la CFE.
La mediana y gran industria representan menos de uno por ciento de los usuarios de CFE, pero absorben más de la mitad del consumo de energía eléctrica. En particular, sus 30 clientes más grandes (grupos privados del acero y del cemento principalmente, que poseen plantas en diversas partes del país) absorben cerca de 40 por ciento de las ventas. Esto representa un nicho de mercado muy importante para inversionistas privados. Satisfacer esa demanda requiere invertir 3 mil 500 millones de dólares aproximadamente para construir plantas de generación con una capacidad instalada de 6 mil 800 megavatios. Actualmente existen proyectos de autoabastecimiento en proceso, pactados por inversionistas privados con tres grandes usuarios privados y con gobiernos municipales de más de una docena de entidades.
De fomentarse este tipo de asociaciones, CFE y LFC se verían con menores presiones financieras para incrementar su capacidad de generación, por lo que podrían planear de mejor forma su desarrollo a fin de prestar adecuadamente el servicio público de electricidad.