VIERNES 6 DE OCTUBRE DE 2000
Ť Rechazan el Megaproyecto Transístmico
Deciden indígenas de Oaxaca impedir "nuevos etnocidios"
Ť Autoridades chontales y zapotecas expresan su posición a OIT
Rosa Rojas Ť Autoridades chontales y zapotecas de la región del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, y agrupaciones sociales manifestaron ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) su determinación de impedir que se cometan "nuevos etnocidios" por el establecimiento del Megaproyecto Transístmico, como los ocurridos contra los pueblos chinanteco y mazateco por la construcción de las presas Cerro de Oro y Temascal.
"No permitiremos que nuestros lugares sagrados sean mancillados, nuestras comunidades partidas a la mitad, destruidos nuestros manantiales, nuestros vestigios culturales saqueados o sepultados por la dinamita, o que se rompa el frágil equilibrio ecológico que hemos podido conservar", señalan en el documento titulado En defensa de los derechos de los pueblos indios y del medio ambiente.
Denuncian que la amenaza de funcionarios del gobierno estatal de expropiar las tierras de los pueblos que se opongan a que pase por ellas la supercarretera turística Oaxaca-Huatulco, que pretende construirse dentro del Megaproyecto Transístmico, es "una nueva ignominia".
Responsabilizan de lo anterior al Poder Ejecutivo federal y al estatal, los cuales han "violado sistemáticamente" la Constitución de la República y el Convenio 169 de la OIT al negar cualquier tipo de información sobre los diversos proyectos, como el de la autopista mencionada.
Firman el documento las autoridades chontales y zapotecas de las comunidades San Pedro Tepalcatepec, Santo Domingo Chontecomatlán, San José Quianitas, San Pedro Leapi, Asunción Tlacolulita, Santo Domingo Lachivitó, Santiago Lachivía, Santo Tomás Quieri y San Baltazar Lagunas.
También, los centros de Derechos Humanos Tepeyac, del Istmo de Tehuantepec y el Nacional de Apoyo a las Misiones Indígenas (Cenami), así como la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni), el Grupo Cultural Huava Mi Kualaj Xa Kambaj y la Asociación de Técnicos y Profesionistas Petroleros.
Subrayan: "No ha bastado que los pueblos indios de Oaxaca hayan padecido las políticas de desarrollo del gobierno federal y estatal, que terminaron siendo grandes fracasos o que sirvieron para enriquecer a unos cuantos, puesto que la constante ha sido que nunca favorecieron el desarrollo de dichos pueblos".
Citan como ejemplos la presa Benito Juárez, en Jalapa del Marqués, Oaxaca, en la que expropiaron tierras y destruyeron con agua el pueblo.
En las presas Cerro de Oro y Temascal ocurrió lo mismo, "con el agravante de que los pueblos chinanteco y mazateco fueron prácticamente pulverizados", ya que se les reubicó en distintos estados de la República. "A esta política gubernamental, la ONU, la OIT y la Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades del Estado de Oaxaca le llaman etnocidio".
Otro ejemplo es la refinería de Pemex instalada en Salina Cruz, la cual implicó la expropiación de tierras con "pagos irrisorios" a zapotecas, que "para la mayoría ha significado dejar de pescar, pues los derrames de crudo y otras sustancias tóxicas al mar ocasionan la muerte de los peces".
Causan además "alta contaminación de los peces que sobreviven y el incremento de un basurero químico industrial a cielo abierto en el poblado de Huilotepec".
También es muy "contaminante para los mantos acuíferos, así como del aire que respiran los habitantes en 50 kilómetros a la redonda de la refinería. Cada día son más frecuentes las enfermedades de la piel y vías respiratorias".
El gran proyecto turístico Bahías de Huatulco, agregan, ha llevado a la región expropiación, expulsión, encarcelamiento y hasta tortura a comuneros opositores al mismo.
Ante tal situación, los pueblos indios de la región demandan "discutir con los poderes de la nación el tipo de desarrollo" que les conviene, conforme al Convenio 169 para Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, de la OIT, que para México es ley suprema, al haber sido firmado y ratificado por el gobierno.
Recuerdan a los funcionarios estatales que las expropiaciones de tierra con que amenazan a los pueblos que se oponen a la construcción de la supercarretera Oaxaca-Huatulco -con un ramal al Istmo de Tehuantepec- son materia federal.
Por ello, aducen, la última palabra en la materia le corresponderá al Poder Ejecutivo federal o, llegado el caso, al Judicial de la nación.
Reiteran al gobernador oaxaqueño su disposición de "dialogar, en términos de igualdad, ya que el interés jurídico de nuestros pueblos en el mencionado proyecto carretero, y otros, está plenamente justificado, tanto por lo dicho en el ordenamiento jurídico nacional y estatal como por el hecho de que somos los directamente afectados".